Muerte de funcionario de la Sunafil mantiene enfrentados a aimaras con sistema de justicia
Las circunstancias en las que murió Leonardo Murillo hacen presumir a sus familiares y a la comunidad aimara que fue víctima de homicidio, aunque en un inicio se habló de un accidente de tránsito. En los próximos días, el cuerpo será exhumado porque nunca se le hizo una necropsia.
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Leonardo Murillo Quispe fue un abogado que habría sido asesinado el 28 de mayo de 2022. Su muerte es una de las razones por las cuales las comunidades aimaras acordaron rechazar al Ministerio Público en Acora, Juli, Desaguadero, Yunguyo, localidades ubicadas al sur de la ciudad de Puno. Los comuneros, tras una reunión, concluyeron que el sistema de justicia en el Perú, y particularmente en Puno, no es eficiente, a pesar de que sus paisanos colaboraron con la familia para que se esclarezca el caso.
El letrado, quien era funcionario de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), perdió la vida cuando regresaba en la ruta Juli-Puno, en el sector de Suancata. El supuesto accidente de tránsito en el que pereció ocurrió al promediar las 4.00 p. m. del sábado 28 de mayo, mientras viajaba a bordo del taxi de placa Z5S-349, cuyo conductor y principal sospechoso de su fallecimiento es Francisco Ramos Checalla.
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La hipótesis primigenia determinaba que Murillo pereció en un accidente de tránsito. Sin embargo, con el pasar de los días y con la información que dieron varios comuneros aimaras testigos, el caso dio un giro de 180 grados, pues se trataría de un crimen.
Cuando sus parientes recogieron el cuerpo, médicos particulares determinaron que había sido torturado. Tenía fractura en la base craneal, tenía costillas rotas por golpe, fractura de pie derecho, y hematomas por golpe en casi el 50% de su cuerpo y lesiones en el rostro. Dichos indicios no guardan relación con los daños materiales del auto. En ese sentido, la unidad no presenta magullamientos materiales que justifique las lesiones. Asimismo, el fiscal Víctor Raúl Rosas Díaz no ordenó la necropsia del cuerpo.
El chofer Francisco Ramos Checalla fugó de la escena y varios días después se presentó ante las autoridades fiscales y policiales, pero guardó silencio y fue dejado en libertad. Hoy su paradero es desconocido. Por su parte, el fiscal Rosas Díaz no impulsó el caso, según los abogados de la víctima.
El hermano del chofer, Leonardo Severo Ramos Checalla, fue intervenido por la Policía Nacional cuando revisaba el cuerpo del fallecido en la morgue, según informes policiales.
Leonardo Murillo no viajaba solo. Lo acompañaba su amigo y abogado Miguel Ángel Chalco Cáceres. Desde que ocurrieron los hechos, dicho individuo desapareció.
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El caso de Murillo fue expuesto en varias reuniones aimaras y fue fundamento, al igual que otros casos, para no aceptar a la Policía Nacional y Ministerio Público en sus jurisdicciones. El padre del fallecido es aimara y los comuneros ayudaron a investigar el caso. Contaron que el conductor bajó la velocidad y de manera voluntaria se salió de la carretera y después escapó de la unidad, llevándose toda clase de documento que permita ser identificado. Los documentos de Leonardo Murillo también desaparecieron. Fue personal de Serenazgo de la Municipalidad de Juli la que ayudó a levantar el cuerpo del fallecido.
“Si nosotros los hubiéramos agarrado a todos los involucrados y los hubiéramos hecho cantar, pero la justicia peruana, con funcionarios bien pagados, no soluciona nada. Solo hay corrupción en casi todos los casos. Cada problema de las familias, más bien es negocio para la policía, abogados y muchos más. Por eso no confiamos en esta justicia. Preferimos la justicia comunitaria y más rápido resolvernos los casos, sin corrupción”, dijo a La República Aurelio Calli Yucra, comunero del sector de Chojñani, en la zona alta de Juli.
El cuerpo Leonardo Murillo será exhumado el viernes 5 de mayo a las 10.00 a. m. El nuevo fiscal del caso es Luis Hugo Choque Rosas, quien recién tomó iniciativa. Los aimaras, por su parte, anunciaron que si este y otros casos no se resuelven sancionando a los responsables, sacarán de sus pueblos al sistema de justicia y aplicarán la justicia comunitaria.
