Escolares wampís en peligro por docentes acusados de abuso sexual
En abandono. Hay 30 docentes con procesos disciplinarios y sanciones por abuso sexual que pueden postular. En la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, se registran 500 denuncias por acoso sexual de profesores en el ámbito escolar en los últimos 5 años.
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Los niños del pueblo indígena amazónico wampís se encuentran en riesgo por la posible contratación de docentes acusados de abuso sexual, debido a que hay 30 con procesos disciplinarios y sanciones por violencia sexual.
Por ello, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ha pedido a la Defensoría del Pueblo intervenir en este proceso que realizan las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui (Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto).
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Sus líderes esperan que dichas entidades rechacen a cualquiera de ellos si postulan a un puesto docente. Sin embargo, advirtieron que estos docentes también pueden presentarse a puestos administrativos. “Es decir, podrían ser designados para trabajar dentro de la misma UGEL y cruzarse con sus víctimas”.
Shapiom Noningo, secretario Técnico del GTANW, señaló a La República que están en alerta para evitar que contraten profesores con antecedentes, ya que esto afecta mucho a la niñez del territorio. En ese marco, precisó que, ante la falta de apoyo de las autoridades, han buscado a un abogado para puerto Galilea (Amazonas), pues el proceso de contratación todavía continúa.
“Hemos querido que la Defensoría y la Comisión de Derechos Humanos nos ayuden con asistencia técnica, pero hemos tenido una negativa y eso quedó en nada. Queremos que asuman nuestra defensa”.
Noningo explicó que hay una comisión para selección de docentes en la UGEL. En este proceso de contratación, el Ministerio de Educación coloca a un abogado, quien debería defender a los niños, pero actúa —según dijo— a favor de los malos maestros.
“Lo que pedimos es que no se contrate y se castigue a los malos maestros. La Fiscalía debería ayudar, pero el sistema de corrupción es tremendo. Hemos solicitado la participación (de la Fiscalía), pero no hay respuesta, no hay justicia, estamos cansados de la inacción de las autoridades, el sistema no funciona”, agregó.
Al respecto, Nelly Aedo Rueda, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que se ha exhortado a las UGEL de Condorcanqui y Datem del Marañón que supervisen que los comités de contratación de docentes no contraten a postulantes que figuran en el registro de personas procesadas o condenadas por los delitos de violación sexual.
“Y también hemos solicitado la separación inmediata de los docentes contratados o nombrados que se encuentren en curso en esta situación de violencia sexual”.
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La Defensoría advirtió que en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) hay una alarmante cifra de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En los últimos cinco años, desde enero del 2018 a setiembre del 2022, se registraron 500 denuncias por acoso sexual de profesores en el ámbito escolar.
Las víctimas no tienen acceso a la justicia. “Pese a esta alarmante cifra, la Fiscalía no cuenta con una cámara Gesell. La más cercana se encuentra en Bagua, a seis horas de viaje”, explicó Aedo.
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“La Defensoría ha recomendado al Ministerio de la Mujer implementar, en coordinación con los sectores de Educación, Salud, Interior, Justicia, así como los gobiernos regionales y locales, medidas de lucha contra la impunidad ante hechos de violencia sexual”, añadió. Ante el inicio del año escolar, líderes y lideresas de organizaciones de niñas, niños y adolescentes del país demandaron que las escuelas se conviertan en espacios que promuevan sus derechos y contribuyan a prevenir y enfrentar problemas como los diferentes tipos de violencia y el embarazo adolescente.
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La clave
Aidesep recordó que son los delegados indígenas de cada UGEL los autorizados para atender una alerta sobre posible contratación de docentes con antecedentes de abuso sexual. Recordó que el D.S. N.° 001-2023-Minedu dispone que, para el 2024, los docentes que hayan laborado en una comunidad indígena en el 2023 deben presentar constancia de buena conducta.
