Clausuran 19 estaciones no autorizadas en las regiones de San Martín, La Libertad y Lambayeque
MTC informó que, en lo que va del 2022, se cerraron 56 radios a nivel nacional. Además, se aplicarán multas que llegan hasta los 230.000 soles.
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre enero y agosto de 2022, clausuró 56 estaciones de radiodifusión que funcionan con frecuencias no autorizadas en seis regiones del país, de las cuales 19 radios pertenecen a San Martín, La Libertad y Lambayeque.
El viceministro de Comunicaciones, Víctor Omar Álvarez Herrera, a través de una nota de prensa, informó que el 60,7% del total de operativos se realizó en Lima (34), mientras que un 39,2% se registró en las regiones de San Martín (11), La Libertad (7), Ica (2), Callao (1) y Lambayeque (1).
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Manifestó que en La Libertad las intervenciones a radios clandestinas se realizaron en los distritos de Guadalupe, El Porvenir y Florencia de Mora. Mientras que en San Martín se intervino en las localidades de Jepelacio, Soritor, Nueva Cajamarca, Awajun, Miguel Pardo, Juanjuí y Alonso de Alvarado.
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Indicó que las medidas cautelares fueron ejecutadas a través de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones del Viceministerio de Comunicaciones. “Ello permitió incautar e inhabilitar 352 equipos de telecomunicaciones empleados para la actividad ilegal del uso de espectro radioeléctrico a nivel nacional”, precisó.

Equipos utilizados por las radio piratas fueron incautadas por el MTC
Álvarez Herrera sostuvo que el uso ilegal del espectro radioeléctrico causa interferencias perjudiciales a las estaciones de radiodifusión cercanas, pudiendo afectar incluso a las comunicaciones aeronáuticas, es decir, se atenta contra la seguridad pública y los servicios públicos de telecomunicaciones (telefonía móvil).
Mencionó que usar ilegalmente el espectro radioeléctrico sin autorización del MTC constituye un delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado de espectro radioeléctrico, previsto en el código penal y sancionado con prisión efectiva de hasta ocho años de cárcel y una reparación civil a favor del Estado. Asimismo, se aplicarán sanciones económicas que oscilan entre 138.460 soles y 230.000 soles en la vía administrativa.

















