Sociedad

Contrarreforma universitaria promulgada por el Congreso pese a fallo del PJ no tiene validez

La demanda de amparo a favor de la Sunedu protege de inmediato a la entidad, pero también hay otra vía legal para zanjar por completo el golpe por parte del Congreso a la mejora educativa.

Especialistas en educación como Jorge Mori y el exministro de Educación Juan Cadillo mostraron su rechazo a la actitud del Congreso. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República/Andina
Especialistas en educación como Jorge Mori y el exministro de Educación Juan Cadillo mostraron su rechazo a la actitud del Congreso. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República/Andina

El Congreso de la República ha desacatado una vez más un fallo del Poder Judicial que daba lugar a la demanda de amparo solicitada por la Superintentencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a fin de que se suspenda la promulgación de la contrarreforma universitaria.

El Poder Legislativo, desafiante, promulgó este jueves 21 de julio en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31520, “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. Según especialistas, no es más que un golpe al avance en la mejora educativa.

No obstante, la Sunedu está protegida por la sentencia del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de la jueza Milagros Grajeda, para no acatar la norma y porque, además, al estar publicada después de la resolución judicial, pierde validez.

Así lo explicó a La República el director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, Jorge Mori, quien añadió que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, debería pronunciarse en apoyo al fallo de Grajeda.

La ley no debería tener efecto porque la sentencia fue notificada previo a su publicación. Se esperaría que, en este caso, la presidenta del Poder Judicial respalde la sentencia de sus magistrados y exija al Poder Legislativo que cumpla con esta normativa”, indicó.

Del mismo modo, manifestó que para evitar que esta maniobra en contra de la calidad educativa continúe, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional “para que ya el tema quede plenamente zanjado”.

Desde Foro Educativo, ya hemos recolectado más de 10.000 firmas para presentar esta acción de inconstitucionalidad. Esperaríamos que este no sea un escenario de disputa contra el Congreso porque sabemos que esta es una batalla que los 72 congresistas están dando en contra de una educación de calidad y también hay intereses de universidades que no cumplen con las condiciones”, añadió.

Por su parte, el Congreso aún puede apelar la sentencia de la jueza Milagros Grajeda y pasar a segunda instancia; no obstante, Jorge Mori informó que, mientras esto se resuelva, la acción de amparo se aplica de forma inmediata a favor de la Sunedu, ya que es una medida para proteger los derechos fundamentales.

Responsable. El congresista Esdras Medina es autor de tres iniciativas que distorsionan el sistema universitario. Es presidente de la Comisión de Educación. Foto: Fabrizio Oviedo

Responsable. El congresista Esdras Medina es autor de tres iniciativas que distorsionan el sistema universitario. Es presidente de la Comisión de Educación. Foto: Fabrizio Oviedo

Exministro de Educación Juan Cadillo calificó de “prepotente” al Congreso

A su vez, el extitular de Educación Juan Cadillo calificó de “prepotente” la actitud del Legislativo ante la orden del PJ. Sostuvo que si ya hay un documento pidiendo la suspensión de la contrarreforma, esto se debería acatar. Agregó también que la Sunedu debe obedecer al Poder Judicial: “Mientras no se genere una nueva norma, la actual estaría suspendida”.

“Siempre hay una tendencia (desde el Congreso) orientada a dar ‘más libertad’ a las universidades, pero nosotros siempre hemos considerado la importancia del rol rector del Ministerio de Educación, y eso implica inversión (...), y esta norma venía a afectar fundamentalmente a este financiamiento. Y el otro (aspecto afectado) era cómo el órgano rector perdía la posibilidad de dirigir a dónde tiene que ir la educación superior”, opinó para este medio.

Cadillo aseguró que la Ley 31520 genera un perjuicio directo contra los estudiantes, dado que, al bajar los estándares de calidad de las universidades —que es uno de los puntos modificados en la norma—, se les engaña en su formación y en lo que necesitan aprender para encontrar mejores oportunidades laborales.

Si nosotros bajamos los estándares de formación, al final quedaremos cada vez más rezagados de Sudamérica y del mundo, y eso no podemos permitirlo. Hay estándares, hay elementos de competitividad como país que tenemos que ir logrando. Si no hay un órgano rector que indique el camino que se debe dirigir, pues lamentablemente cada universidad hace lo que puede y lo que piensa que debe hacer”, puntualizó.