Conflictos mineros que arrastran las regiones del sur

Roberth Orihuela y corresponsales

Desde que Pedro Castillo asumió como presidente el país, se han activado 51 conflictos socioambientales. Estos representan el 25% de los 205 que tiene mapeados la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al Reporte de Conflictos Sociales publicado en mayo. En el sur hay 36 conflictos socioambientales: cinco se encuentran sin diálogo, debido a la falta de interés de las autoridades; otros 5 son latentes, porque la población mantiene un reclamo, pero no inicia protestas; y en otros 26 sí hay diálogo, pero ello no significa que los problemas se hayan resuelto. Es más, el gobierno de Castillo solo pudo resolver 9 conflictos. En el sur, ninguno de estos ha sido solucionado, solo se han logrado treguas y mesas de diálogo. Pero luego de varios meses no hay un horizonte claro, solo más incertidumbre sobre cuándo volverán a reactivarse.

El analista político, José Luis Ramos Salinas, explica que se esperaba mucho más de un gobierno de “izquierda”, como el de Castillo. Por ejemplo, el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras de la actividad minera, como la Sunat, OEFA o Sunafil; o aplicar medidas más drásticas contra las empresas, como el cobro de mayores impuestos. “Lo ideal sería que el gobierno tenga una política clara sobre los conflictos sociales, pero no. Lo único que hacen es tratar de apagar los incendios”.

Conflicto Las Bambas

En el sur, el conflicto más sonado ha sido el que han seguido diversas comunidades campesinas de las regiones de Apurímac y Cusco contra la empresa minera Las Bambas, cuya matriz es el conglomerado chino Minerals and Metals Group (MMG). Acumula 9 conflictos, que se han solucionado momentáneamente con treguas y mesas de diálogo, pero nada asegura que puedan reactivarse en cualquier momento. Todo está supeditado al cumplimiento de compromisos.

Si bien el último jueves, después de 54 días, se puso fin al conflicto que generó la suspensión de la actividad minera de Las Bambas, las seis comunidades de Apurímac que acataban la medida de fuerza, dieron 30 días de tregua. El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, señaló, que esperan que en este tiempo se pueda atender sus demandas.

Las Bambas afecta también a varios distritos y comunidades de las provincias cusqueñas de Chumbivilcas y Espinar, por donde pasa el corredor minero. En el primero de ellos se firmaron acuerdos con la expremier Mirtha Vásquez en la comunidad de Huininquiri del distrito de Santo Tomás. Esto para que varias de las comunidades sean incluidas en la cadena de valor. Y luego con Aníbal Torres, se logró acuerdos con otro distrito como es Ccapacmarca (Chumbivilcas).

En Espinar también se produjeron varios bloqueos en el corredor minero. En marzo, MMG Las Bambas y las comunidades del distrito de Ccoporaque llegaron a acuerdos. El conflicto permanece, pero en diálogo.

Otro de los conflictos latentes es el de los cocaleros de la provincia de La Convención, y los distritos de Lares y Yanatile. El secretario de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Lares y Yanatile (Fepcacyl), Rómulo Ramos, adelantó que el problema de la hoja de coca no se ha solucionado y que la medida puede reiniciarse.

Southern

En Moquegua la empresa minera Southern Perú y la Comunidad Campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala mantienen una mesa de diálogo por la acusación de la comunidad sobre una supuesta usurpación de terrenos de parte de la compañía. La comunidad moqueguana tomó la reserva de agua de Viña Blanca, de propiedad de Southern, y bloqueó parte de la vía férrea hacia la mina de Cuajone.

En la última reunión que tuvieron, el jueves, se acordó que el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia Única Nacional de Registros Públicos y la Dirección Regional de Agricultura, expongan los permisos e información referida a los terrenos de la comunidad y las licencias de la minera. La próxima reunión presencial será el 16 de junio.

Gobierno muy débil y sin soluciones

El analista político José Luis Ramos explica que cuando Pedro Castillo empezó su gobierno la mayoría de los pobladores de las zonas donde hay operaciones mineras esperaban soluciones a sus problemas. Es por ello, quizás, que muchos se sintieron empoderados para iniciar protestas con medidas con mayor fuerza, como la toma de instalaciones o el cierre de vías.

Sin embargo, dice Ramos, Castillo no ha sabido aplicar una política rígida ante las empresas mineras. “Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al gobierno incrementar los impuestos a las sobreganancias mineras. Pero Castillo no ha hecho nada”.