Congreso: ¿examen psicológico y psiquiátrico para candidatos sería discriminatorio y estigmatizante?
Expertos coinciden en que personas con problemas de salud mental que lleven un tratamiento adecuado no tienen impedimentos para desenvolverse en cargos públicos como, en este caso, el de congresistas.
Este 19 de mayo, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, presentó en su rol de congresista un proyecto de ley que pretende reformar la Constitución para incorporar un nuevo requisito obligatorio a los aspirantes al Congreso de la República: las pruebas psicológicas y psiquiátricas.
“Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años, gozar de derecho de sufragio, tener solvencia e idoneidad moral, contar con examen psicológico y psiquiátrico”, se lee en el documento presentado.
El objetivo de esta reforma constitucional es “garantizar mayor idoneidad y solvencia moral en el ejercicio del cargo (de congresista)”, se añade.
Al respecto, La República consultó con el decano del Colegio de Psicólogos del Perú y con dos médicos psiquiatras para que nos brinden sus opiniones como especialistas en el tema.
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Para el Dr. Miguel Angel Vallejos, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, lo primero que habría que hacer es “aclarar cuáles serían los problemas de salud mental críticos que podrían ser incompatibles con la función pública”. Ello debido a que la salud mental ha sido sumamente estigmatizada durante mucho tiempo, y cuando alguien suele decir que tiene un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, se asocia a una discapacidad cuando no es así.
“Si alguien tiene un estrés crónico, una depresión moderada, tendría un problema de salud mental como todos podríamos tenerlo en estos momentos. ¿Eso la incapacitaría para ejercer la función pública? Yo creo que no sería un problema incapacitante para que ejerza la función pública. Por lo tanto, usarlo de esa manera podría ser discriminatorio en vez de favorecer a la población”, sostiene.
Coincide Cesar Li Amenero, psiquiatra del Hospital Larco Herrera, quien manifiesta que “el trastorno mental (como depresión o ansiedad) en sí mismo no constituye un impedimento para ejercer un cargo público o un ejercicio profesional, laboral”.
Sin embargo, aclara que habría que diferenciar entre los “trastornos mentales graves, como la psicosis tipo esquizofrenia, que sí son deteriorantes en condiciones que no van a permitir realizar un ejercicio profesional adecuado”.
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Desde un punto de vista más riguroso, el médico psiquiatra Carlos Bromley afirma que actualmente todos los problemas de salud mental pueden ser tratados exitosamente. Por ende, las personas viven con normalidad.
“Las personas con problemas de salud mental tienen tratamiento eficaz y, mejorado de su padecimiento mental, pueden llevar una vida 100% normal: reincorporarse a su familia, a la sociedad, a su mundo laboral, académico, social, sin ningún tipo de restricción o limitación; tan igual como si no tuvieran ningún padecimiento mental”
Añade que el proyecto de ley presentado contraviene a la Constitución y la Ley de Salud Mental, Ley 30947, ya que “atenta contra el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la persona sin ninguna limitación ni ningún tipo de discriminación o exclusión, sea por su raza, credo, situación económica, y tampoco su salud”.
Detalla también que representa un retroceso en cuanto se vuelve al “pensamiento del siglo pasado” en el que se consideraba que las personas con problemas de salud mental eran irrecuperables, por lo que se les recluía en manicomios. “Atenta a los avances de la ciencia y la tecnología en relación al diagnóstico, tratamiento y recuperación total de las personas con problemas de salud mental”, asevera.
Salud mental. Foto: Minsa
¿Pruebas psicológicas y psiquiátricas para candidatos al Congreso aumentaría el estigma a personas con problemas de salud mental?
De acuerdo al decano del Colegio de Psicólogos del Perú, debido a que en el país aún la salud mental es un tema del que no se habla abiertamente, el hecho de que alguien revele públicamente que tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico podría conllevar a que se use en su contra.
“Lamentablemente, todavía no estamos maduros socialmente para aceptar que alguien pueda decir —así como uno puede decir abiertamente: ‘Tengo un problema de gastritis’— en su espacio público ‘Tengo un problema de depresión’ como parte natural de pérdida de trabajo, conflictos de pareja, la muerte de alguien, alguna frustración, etc.”, expresa.
Por ello, propone que primero se promuevan con más fuerza las campañas de aceptación y concientización sobre la salud mental, para que de esta forma deje de ser un tema tabú y estigma.
Según cifras del Instituto Nacional de Salud Mental, aproximadamente el 23% de la población peruana pos-COVID-19 tendría un problema de salud mental al año.
Para el psiquiatra Carlos Bromley, el proyecto de ley planteado por la ministra de Trabajo, Betssy Chavez, no solo es estigmatizante, sino también discriminatorio, al punto que se podría llevar a otros ámbitos.
“Estamos hablando de 7 millones de personas aproximadamente. Entonces, ¿vamos a excluir del mundo ciudadano a 7 millones de personas? ¿Les vamos a privar de sus derechos? Porque si usted le priva a una persona el derecho a ser congresista, a partir de este hecho comienza una escalada. Quien no tiene derecho a ser un congresista porque tiene un problema de salud mental tampoco va a tener derecho a trabajar, a estudiar, a casarse, a formar una empresa, a tener una cuenta de ahorros”, explica.
centros de salud mental comunitarios
En esa línea, subraya que va en contra de lo que se plantea en salud mental en otros países, en los que incluso se dan muchas más libertades para que las personas con algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico que lleven sus tratamientos sean menos estigmatizadas y puedan ejercer libremente sus derechos ciudadanos, como cualquier otro.
“Las personas con problemas de salud mental pueden recibir tratamiento y tener una recuperación total y vivir una vida normal, casarse, tener hijos, estudiar, ser profesionales o no — según quieran—, ser sacerdotes, congresistas, ser médicos. Hay médicos con problemas de salud mental”, puntualiza Bromley.
Precisa también que “todo lo que es el ser humano implica, de alguna u otra manera, tener un problema de salud mental”, tanto como se puede en algún momento tener un problema de salud física; solo que se suele tener temor al decirlo, como si fuera una debilidad. “Los problemas de salud mental están en nosotros. No hay nada que los excluya”.
Para el psiquiatra Cesar Li Amenero, la posibilidad de que un aspirante al Congreso pase por pruebas psicológicas y psiquiátricas puede ser el camino para que se normalice y se hable más de la salud mental.
“Sería una opción de desestigmatizar lo psiquiátrico y lo psicológico en la población. De tal forma que, priorizando con el ejemplo, una evaluación psicológica o psiquiátrica, que es considerada ‘cuando estoy loco’, sea normalizada porque es algo por lo que toda persona debería pasar en algún momento de su vida”, sostiene.
El personal de salud llevó sus capacidades al límite con jornadas prolongadas y rodeados de muerte. Foto: John Reyes/La República
¿La moral y la ética están ligadas a cuestiones psicológicas y/o psiquiátricas?
Pese a que Amenero cree que las pruebas son una buena idea, al enterarse de que el objetivo para que los candidatos al Congreso pasen por estas es “garantizar la idoneidad y solvencia moral en el ejercicio del cargo”, asegura que la ministra Betssy Chavez “está completamente equivocada”.
“La ética y la moralidad son constructos que tienen que ver con el lugar donde se desarrolla cada persona. Lo que está bien y lo que está mal son decisiones de cada uno, pero la cultura y el ambiente en el cual se desenvuelven repercute finalmente en las decisiones”, señala.
Por ejemplo, dice, si alguien crece en un barrio donde todos están acostumbrados a robar, lo más probable es que este termine robando. Trasladándolo a otros escenarios, si una persona ve que hay corrupción y no pasa nada, lo más probable es que termine cometiendo los mismos actos.
“Uno de los primeros pasos de poder garantizar eso (idoneidad moral y ética) es que se promuevan políticas públicas que permitan un adecuado desarrollo de la salud mental desde la niñez, desde inicial hasta la universidad, desde un reconocimiento de las emociones de los demás y ayuda mutua. Eso sería una mejor política pública. El limitar conductas con algo (con el proyecto de ley) no es atacar el problema de la raíz”, enfatiza el especialista.
17-10-19 MR1 MICHAEL RAMON SALUD MENTAL EN LAS UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Por su parte, el también psiquiatra Carlos Bromley explica que las evaluaciones de salud mental están referidas a las opciones mentales. En estas “se suele evaluar fundamentalmente la inteligencia, el pensamiento, el juicio y el estado de ánimo” para a partir de ello diagnosticar alguna patología mental, como la depresión, ansiedad o esquizofrenia, que son las más frecuentes.
“Eso me da una evaluación de salud mental. Creo que es un error pretender que una evaluación mental pueda evaluar al 100% las cuestiones éticas y morales de una persona”, agrega, por lo que cree que este tipo de pruebas estarían siendo sobredimensionadas.
La postura del Colegio de Psicólogos del Perú en cuanto al proyecto de ley es que se revisen y analicen —en mesas de trabajo con especialistas en salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, además de expertos en Derecho— para que se definan y aclaren cuáles serían los problemas de salud mental que podrían ser incompatibles con asumir una función pública.
“Si lo dejamos abiertamente como problema de salud mental, por ser una macrovariable, todo sería problema de salud mental. Tendríamos que aclarar, discutir, ver el impacto con respecto a los beneficiarios de nuestra función, y eso requeriría mesas de trabajo antes de encaminarnos a un proyecto de este tipo”, sostiene el decano Miguel Angel Vallejos.
Finalmente, el psiquiatra Carlos Bromley rechaza enfáticamente que de alguna forma se deslice que las personas con diagnósticos psicológicos o psiquiátricos tengan menos solvencia moral o que puedan estar más ligadas a la corrupción: “No hay estudios. No hay evidencias técnicas suficientes de ningún tipo que establezcan alguna relación entre personas con problemas de salud mental y la corrupción. No existe”.
Afirma que actualmente no hay “ningún problema de salud mental que no pueda ser tratado exitosamente” y que toda persona puede vivir con normalidad.
Aclara que la psicopatía este un desorden de la personalidad, no una enfermedad mental, y que esta no tiene tratamiento farmacológico aún. Para detectarla sería necesario una evaluación de la personalidad, aunque como las personas psicópatas no tienen afectada la inteligencia, también pueden esquivar las pruebas, por lo que es difícil saber quiénes son.
“No es un proyecto de ley con evidencias científicas: atenta contra los avances de la ciencia por todo lado. Cree que las personas con trastornos de salud mental son irrecuperables y no tienen derecho a ser congresistas, y creen que las personas con problemas de salud mental están asociadas a la corrupción”, enfatiza.
Foto: organización Dando+
Edición Impresa - La Republica | Lima - Sabado 23 de Noviembre del 2024