Por exceso de carcelería se liberó a 31 feminicidas

En noviembre del 2017, el mototaxista Brus Ángel Pineda Matamoros, entonces de 29 años, estranguló a su pareja, Karina Sinforoso, en Villa María del Triunfo. Después de que le dictaran 9 meses de prisión preventiva por feminicidio, el asesino quedó libre por exceso de carcelería.

La lentitud de la Fiscalía para formular su pedido de sentencia le permitió salir a las calles con impunidad y volver a agredir a otra mujer. En noviembre del 2019 atacó con un cuchillo a Ana Salazar Pérez, una madre de familia a quien invitaba a salir.

Ella era esposa de su amigo y había rechazado sus acercamientos, pero Pineda no se cansó de perseguirla y luego atacarla y dejarla muy grave.

Exceso de carcelería

Brus Ángel es uno de los 31 feminicidas que en los últimos seis años salieron en libertad por exceso de carcelería. De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por exceso de detención, tres imputados salieron en el 2018; dos en el 2019; y uno en el 2022. En tanto que por exceso de prisión preventiva un detenido obtuvo su libertad en el 2021.

Asimismo, por vencimiento del plazo de detención uno salió en el 2018, tres en el 2019, dos en el 2020, uno en el 2021 y uno en el 2022. Finalmente, por vencimiento del plazo de prisión preventiva uno obtuvo su libertad en el 2018, cuatro en el 2019, cuatro en el 2020, cinco en el 2021 y dos en el 2022.

Estos dos últimos son Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, quienes se coludieron para asesinar a la activista Solsiret Rodríguez Aybar.

El Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao culminaría a fines de junio la etapa de juicio oral del caso del presunto asesinato de Solsiret. Los magistrados señalaron que se procedió y actuó con oportunidad y transparencia. No obstante, su fallo indignó al país.

¿Quién dilata el proceso?

Los casos de Brus Ángel, Andrea y Kevin no son los únicos.

“Te voy a entregar a tu hija en un cajón”, había dicho Daniel Juyo Pérez tras ser denunciado por el secuestro de N. F. N. C. M. (15). Lo detuvieron y permaneció quince meses en prisión. En la cárcel juró que cobraría venganza y, al salir -también por exceso de carcelería-, cumplió su amenaza: volvió a llevarse contra su voluntad a la adolescente, que ya tenía 17 años, la ultrajó y la asesinó en San Antonio de Jicamarca, en la provincia limeña de Huarochirí.

Juyo cumplía prisión preventiva por trata de personas y abuso de menores. Secuestró un mes a la menor a pesar de tener medidas de protección. Luego de 15 meses, la Fiscalía no acusó; él salió y mató.

Los investigadores aseguraron que Juyo salió de la cárcel ya con la idea de matar a la chica a quien acosaba siempre.

Hasta febrero último, la Unidad de Registro Penitenciario del INPE tenía confirmado que de los 87.558 presos a nivel nacional 694 (0.79%) estaban por feminicidio. De ellos, 286 son procesados y 408 sentenciados.

El abogado Mario Amoretti dijo a La República que “desgraciadamente no se les da los medios logísticos a las fiscalías y juzgados para acelerar los procesos”.

Indicó también que se tendría que precisar quién es el que dilata el proceso: ¿la policía, el fiscal o el juez?

“Lamentablemente tenemos una Junta Nacional de Justicia (JNJ) que está de nombre y no funciona. Esta figura del exceso de carcelería es muy preocupante porque nos da una inseguridad jurídica y una inseguridad ciudadana”.

Falencias en el sistema de justicia

Enfoque por Diana Portal, adjunta de la Defensoría del Pueblo

El caso emblemático de Solsiret Rodríguez refleja el problema estructural que enfrenta el sistema de justicia y que vienen sufriendo otras víctimas de violencia de género. Desde la recepción de la denuncia hasta el desarrollo de los procesos penales se advierte la necesidad de un tratamiento de los casos con enfoque de género y celeridad que permita una atención afectiva y un adecuado acceso a justicia que evite la impunidad. Estos hechos reflejan las falencias estructurales del sistema de justicia ante hechos de violencia de género.

La palabra

Mario Amoretti, abogado penalista

“Esta figura del exceso de carcelería es muy preocupante porque nos da una inseguridad jurídica y una inseguridad ciudadana. Habría que confirmar quién es el que dilata el proceso”.