Amnistía Internacional: “Expulsión de mujeres migrantes implicó una serie de violaciones de los derechos humanos”

La directora de Amnistía Internacional, Marina Navarro, considera que la expulsión de 29 mujeres migrantes de la región de Piura, quienes habrían ejercido la prostitución, supone una serie de violaciones de los derechos humanos de las implicadas.

En una entrevista con La República durante su llegada a Piura para la presentación del informe anual 2021 - 2022 sobre derechos humanos, la especialista remarcó que se estaría produciendo una criminalización de la migración desde las mismas autoridades.

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“Han ido a buscar expresamente a mujeres en situación de irregularidad, cuando lo que se debería hacer es buscar la forma para que estas puedan estar en Perú de manera digna. Además, se realizó sin un debido proceso, toda persona tiene derecho a una defensa. Si tu intervienes y expulsas en una cuestión de horas estas personas no tienen derecho a apelar”, sentenció.

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No obstante, Navarro considera que lo más grave de la situación es que no se ha tenido en cuenta que las mujeres migrantes son un grupo extremadamente vulnerable, quienes pueden ser víctimas de trata de personas, de violencia de género o, por otro lado, haberse encargado de la crianza de otras personas, como menores de edad.

“El trabajo sexual no es un delito en el Perú. No se les puede intervenir por eso. Se ha vulnerado una serie de derechos y no se ha tenido en cuenta a la persona. Se les ha tratado de una manera inhumana (...) Nos parece un pésimo precedente y se requiere de investigación”, puntualizó.

A Amnistía Internacional también le resulta preocupante las declaraciones de las autoridades locales, como el alcalde Juan Díaz Dios, ya que a través de su discurso se estaría reforzando estereotipos y estigmatizado a los migrantes. “Da pie al aumento de la xenofobia en vez de dar espacio a políticas de integración”, finalizó.

Coincide

Por su parte, Movilidad Humana Perú, organización que forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos coincidió con la postura planteada por Amnistía Internacional. Mediante un comunicado advirtieron que en el manejo de este caso se advirtió diversas manifestaciones de discriminación por género, no se cumplieron las garantías del debido proceso, se ha incumplido la prohibición de expulsiones colectivas y no se ha considera la posibilidad de personas con necesidad de protección internacional.

“Debemos recordar que este grupo de trabajadoras se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad, y que en el caso de las migrantes y refugiadas que han ingresado al país durante los últimos años muchas de ellas han sido captadas por redes de trata y sujetas a dinámicas de explotación sexual”, puntualizan.