Derecho al agua en medio del conflicto entre la comunidad de Moquegua y Southern

Hace más de un mes, la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, en la región Moquegua, inició una protesta contra Southern por la presunta usurpación de terrenos desde hace 50 años y promesas incumplidas. Ambas partes, a través de comunicados, mostraron su disposición para llegar a acuerdos. Sin embargo, hasta la fecha no hay una solución.

La comunidad alega hechos de violencia, daños y acciones de la minera que impiden el consenso. Por su parte, Southern denuncia el bloqueo en parte de la línea férrea que usa para el transporte de su mineral y la toma del reservorio de Viña Blanca, que alimenta con agua a la mina, su campamento y a la población de Cuajone.

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En medio del conflicto, diversos derechos son vulnerados, en especial el del acceso al agua. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, este fue reconocido como derecho humano por la Asamblea General de la ONU, y en el ámbito nacional, en la Constitución, fue incorporado en el 2017.

El dirigente de la comunidad campesina, Iván Mendoza, señaló a La República que ellos no son responsables del desabastecimiento del recurso hídrico. “Cuando Southern ve que la comunidad toma la laguna (Viña Blanca), ellos cierran la válvula de agua para que salgan sus trabajadores a protestar. Ellos la cerraron y ellos son responsables”, señaló.

Una versión distinta tiene Elizalde Zeballos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos, quien refirió a este medio que las válvulas no pueden ser cerradas desde otro lugar que no sea Viña Blanca. “Southern no podría cerrar sus propias válvulas y a la vez comprar agua y traerla por medio de cisternas hasta Cuajone. Si ellos (comunidad) no cerraron la válvula, que nos permitan ingresar a Viñ Blanca. Nosotros las abrimos y nos retiramos”, refirió.

No obstante, cuando La República hizo extensiva la propuesta de Zeballos para que los trabajadores aperturaran las válvulas, el dirigente Mendoza no la aceptó y se ratificó que ellos no habían manipulado nada. En todo caso, pidió que muestren cuánta cantidad iba para el consumo de la población y cuánta para la mina.

Personas afectadas

Según la información otorgada por Zeballos, son 5.000 personas las que se ven afectadas por el corte de agua. De ese total, 1.800 son trabajadores dependientes de Southern que viven en el campamento junto con sus familias y otros son profesores, efectivos de la Policía Nacional, personal médico y demás que radican en la zona. Los niños también son perjudicados: unos 500 no pueden ir a clases por falta de agua y algunos presentan enfermedades estomacales.

“Nos interesa que nos repongan el agua. Si tienen que negociar entre comuneros y empresa, que lo hagan, pero sin afectar los derechos de las demás personas”, sostuvo Zeballos.

Grupo de trabajo

El Gobierno, mediante una resolución, anunció la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de los ministerios de Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, Justicia y Derechos Humanos, de la Presidencia del Consejo de Ministros, empresa Southern y comunidad. En 10 días hábiles se reunirían para dar solución a la problemática.

La comunidad pide la presencia de Pedro Castillo en Viña Blanca; mientras tanto, se reunirán en Asamblea General para ver si se acepta la resolución y cuáles serían las condiciones.