Cuatro argumentos de denuncia de corrupción en Gobierno Regional de Cusco

1| Capacitaciones fantasma

La Primera Fiscalía Provincial Penal investiga una presunta colusión y negociación incompatible por capacitaciones aparentemente inexistentes y por las que el gobierno regional desembolsó más de S/ 100.000. La investigación se sustenta en las diferentes firmas que se encontraron en cada expediente de capacitación. Por ejemplo, la firma de la proveedora del servicio en técnicas de manejo, uso, voladura y traslado de explosivos, Yony Lucero Tarco Nina, difiere de la firma que aparece al final de la orden de servicio 2049, así como de la solicitud de Cotización Nª 4804 de fecha 01 de diciembre del 2019, y esa a su vez, de la Declaración Jurada de fecha 01 de diciembre del 2019 y el Curriculum Vitae. Yony Lucero Tarco es una joven de 25 años con estudios de Contabilidad. Este caso es una de las cinco capacitaciones que se investigan con los mismos indicios.

Según los consejeros denunciantes, el pago de las dudosas capacitaciones contó con el visto bueno de varios funcionarios que formarían parte de la presunta red delictiva. En este caso también se investiga al sobrino del gobernador regional.

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2| Observaciones al procurador

La denuncia hace referencia también al rol del procurador público regional, Pedro Galicia Pimentel. En el caso de las capacitaciones, aparentemente inexistentes, la Procuraduría denunció a 12 funcionarios, luego de denuncias periodísticas, solo por omisión de funciones, no haber verificado el perfil profesional de los capacitadores.

“El brazo legal de la organización criminal logra que los funcionarios públicos inmersos en delitos gravosos sean investigados por delitos de mínima lesividad”, dice la denuncia. Sin embargo, Galicia, en su momento, respondió que se cumplió con denunciar y que correspondía a la Fiscalía investigar si se dieron otras irregularidades.

Otra observación a Galicia es la defensa en el caso Sanctuary Lodge. Lo acusan de dilatar el proceso que evita la resolución del contrato con la empresa Belmond por las irregularidades que contempla la adenda firmada en el 2013 y que permite su vigencia hasta el 2025. Argumentan su posición en que las diversas salas concluyeron en que no corresponde un trámite judicial, sino un arbitraje aún no empieza.

3| Empresa Idea Group

Según los denunciantes, la empresa Idea Group Perú SAC y su socio mayoritario Ricardo Zúñiga ganaron al menos siete servicios en el gobierno regional del Cusco. Hacen mención a una consultoría para hacer la caracterización de la cadena de valor de paltos en Cusco, sin embargo, su plan de trabajo contendría información de una cadena de valor de lácteos. También sindican que el producto final sería similar a un informe del Ministerio de Agricultura. “Lo que denota que estamos ante un documento que corresponde a otro trabajo, sin embargo, con la finalidad de materializar el lucro a favor de la organización, no realizar observación alguna y proceden con el trámite hasta el cobro final por el servicio”, acusan.

Similares observaciones se tienen en otras consultorías como elaboración del estudio de priorización de zonas y cadenas productivas, especialista para el Cise Emprende Cusco, talleres para el personal docente de la institución educativa de la comunidad Pfoccorhuay en Accha, capacitación competitiva de micro empresas y capacitaciones para el personal.

4| Funcionarios de confianza

Para López y Becerra, resulta extraño que, pese a las numerosas denuncias, los funcionarios del gobierno se mantengan en puesto clave. Consideran que la mayor parte tiene en común ser parte de una organización externa Cec Huamán Poma De Ayala. La denuncia hace referencia, además, a la fiscal anticorrupción Gloria Soto y un presunto conflicto de intereses. “Conforme a su formato de declaración jurada de intereses, tiene a su cónyuge (...) como trabajador del gobierno regional, asimismo, su hermana”, dice la denuncia.

El último jueves, los funcionarios del gobierno regional realizaron una conferencia de prensa donde rechazaron las acusaciones y anunciaron que asumirán acciones legales en contra de los consejeros denunciantes. “Son dos consejeros que no representan al Consejo Regional”, dijo el gerente general, Daniel Maraví.

Con guantes blancos, los trabajadores de confianza, negaron que exista corrupción y menos una organización criminal en el gobierno regional.