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Sociedad

Ana Estrada: Poder Judicial dejó al voto su pedido para tener acceso a una muerte digna

Este lunes 31, los magistrados escucharon informes técnicos de médicos de Estrada, Defensoría del Pueblo, EsSalud y de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos.

Ana Estrada fue diagnosticada con polimiositis a los 12 años, enfermedad degenerativa que ha paralizado casi todos sus músculos. Foto: Antonio Melgarejo / La República
Ana Estrada fue diagnosticada con polimiositis a los 12 años, enfermedad degenerativa que ha paralizado casi todos sus músculos. Foto: Antonio Melgarejo / La República

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia dejó al voto su decisión sobre la solicitud de la activista y psicóloga Ana Estrada. Ella esperará que esta sala confirme el fallo del 11 Juzgado Constitucional de Lima, que el año pasado reconoció su derecho a una muerte digna.

Cabe resaltar que, este lunes 31 de enero, se reanudó la audiencia final del caso y se dejó al voto la causa luego de escuchar los informes técnicos de los profesionales médicos de Estrada Ugarte, Defensoría del Pueblo, EsSalud y de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos (SPCP).

“Concluidos los informes orales, el tribunal supremo que preside el magistrado David Quispe Salsavilca deja la causa al voto, y su decisión será dada en el plazo de ley”, informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.

Ana Estrada: acción de amparo

En febrero de 2020, Ana Estrada Ugarte, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentó una demanda de amparo contra el Estado a fin de que se reconozca su derecho a una muerte en condiciones dignas.

La acción se dirigía contra el Ministerio de Salud, EsSalud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta manera, se solicitaba la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, que sanciona con una pena privativa de libertad no mayor de 3 años el delito de homicidio piadoso.

“Los efectos desplegados por dicha norma lesionan su derecho fundamental a la muerte en condiciones dignas, a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y constituye, además, una amenaza cierta e inminente a no sufrir tratos crueles e inhumanos”, señalaba el comunicado defensorial.

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