Majes II y en qué consiste la famosa adenda 13 al contrato de concesión con Cobra

Vargas fue gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) en el gobierno de Yamila Osorio. En su gestión, la concesionaria que ejecuta Majes Siguas II planteó la tecnificación del riego. Modernizar el sistema, de canales a riego tecnificado. Eso cuesta 104 millones de dólares más. Esa es la adenda 13 que el consejo regional no aprueba. Vargas es consultor internacional. Acepta esta entrevista solo para hablar de lo técnico. Hemos seleccionado preguntas y respuestas que llevan al meollo del asunto.

En el Consejo Regional hay varios consejeros, como Elmer Pinto, que quieren que Majes II se haga en base contrato original. Cuestionan la adenda 13.

Con el cambio tecnológico el proyecto será más eficiente. Se dejarían de perder casi 29 millones de metros cúbicos en el sistema de conducción. El diseño original son canales abiertos. Con las tuberías cerradas (la propuesta) no hay esas pérdidas. Otro punto. Con los canales abiertos, el agua se entrega a la cabecera del lote sin presión alguna. Para irrigar una parcela de 200 hectáreas se requiere 13 mil metros cúbicos al año. Eso obliga a tecnificar el riego, por goteo. Pero si lo entregan sin presión y canales abiertos solo podría regar no menos del 50% de las hectáreas asignadas. Si quiere presurizar lo tendría que hacer por cuenta propia: hacer su reservorio y línea de conducción de 4 kilómetros para darle presión necesaria.

¿El cambio tecnológico cuesta 104 millones de dólares, quien lo paga?

Quien compra la parcela. Una parcela con agua en cabecera presurizada vale mucho más que una parcela sin presurización de sistema. Con ello, el costo de las parcelas subiría US$ 5,000 más por hectárea. Eso cubriría ampliamente el adicional (US$ 104 millones). Se hizo estudios y se sabe que la hectárea como mínimo estaría bordeando los US$ 11 mil por subasta.

Pero, ¿cómo nace la propuesta de hacer el cambio tecnológico?

No se vio conveniente el modo en el que estaban distribuidos reservorios y parcelas. A raíz de ello, la concesionaria vio por conveniente hacer cambio tecnológico para optimizar el control del recurso hídrico y mejorar el sistema de riego.

El Tribunal Constitucional con su fallo afectó la disponibilidad de agua para Majes II. Según esa resolución no se podía disponer de todo el río Apurímac. Había que compartirla con Cusco. Eso empuja el cambio tecnológico.

Fue una causal. Pero más que todo (la adenda) se planteó como parte de la tecnificación de riego, de tecnología avanzada.

¿La adenda es una propuesta rentable?

Técnicamente es una propuesta rentable. Cuando se hizo el sistema de riego para el proyecto Majes II (2005), no había esa tecnología. Por eso se optó por el sistema original: canales abiertos y tuberías que comercialmente existían en ese momento. Sin embargo, ahora hay esa tecnología (...)

Si indica que hay tantas ventajas a qué atribuye tanta resistencia en Arequipa.

Solo hablo del tema técnico. Añadiría algo más, al entregar el sistema presurizado, el comprador puede empezar al día siguiente a incorporar las tierras de cultivo. Se puede recuperar la inversión lo antes posible. Por el sistema de canales abiertos, el usuario tiene que hacer su infraestructura. Puede demorar 1 o 2 años. A ese tiempo hay que sumar lo que demoren en incorporar las tierras de cultivo, el Estado asume el pago de la tarifa de agua que no se consume en todo ese lapso, estaríamos hablando de cinco años (después de entregada las tierras). En cambio, con la primera opción (cambio tecnológico) el usuario pagaría por la tarifa de su consumo (a partir del tercer año).

La adenda nace en la gestión de la gobernadora Yamila Osorio ¿por qué no se firmó en ese período?

Se evaluó el tema, entre cinco y seis opciones de riego tecnificado, pero el tiempo fue corto, faltó tiempo para ver cómo se iba a hacer el financiamiento (de la adenda).

¿Inicialmente quien iba a pagar el costo de la adenda?

Inicialmente se planteó que lo iba a hacer el Gobierno Regional, pero ahora ya se tiene la garantía soberana dada por el Estado (concesionaria asume el costo que luego se recupera con la venta de tierras). Precisamente, el Consejo Regional aprobó ello a través del Gobierno Nacional, es decir tiene pleno conocimiento de lo que se trata la adenda 13. También aprobó hacer el quinto desembolso, para retomar las obras, tiene pleno conocimiento. El riesgo financiero ha incrementado para la concesionaria. Antes el GRA asumía el 51% y el concesionario 49%, ahora se ha invertido.

¿Ve factible que el proyecto se destrabe?

Tengo la esperanza, lo ha revisado Economía y Finanzas, a través de sus nueve direcciones, más Pro Inversión y la Contraloría, prácticamente lo han destrabado y han hecho recomendaciones, entonces es viable.

Algunos proponen que todo vuelva a foja cero, es decir reformularlo ¿es viable hacer ello?

Si vuelve todo a foja cero, mínimo nos demorará otros 10 años en hacerlo otra vez. ¿Cuánto impactaría ello en Arequipa? Son 90 mil puestos de trabajo, US$ 900 millones de PBI de los cuales 400 millones se quedarían para Arequipa, además de otros US$ 900 millones con la hidroeléctrica de Lluclla, estamos hablando de una inversión con impacto de 50 años.