Controversia por futuras obras en Campo de Marte

Una nueva controversia se ha generado en torno al Campo de Marte, uno de los pocos pulmones que quedan en la ciudad.

Previo a la celebración por Navidad, el 22 de diciembre pasado, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), organismo descentralizado de la Municipalidad de Lima, convocó a licitación pública el “Proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del Campo de Marte”, lo que causó sorpresa entre algunos vecinos de Jesús María.

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La futura obra –solicitada por el municipio distrital– tendrá una inversión de 19 millones 830 mil 262 soles y será financiada por la Municipalidad de Lima. Se estima que la buena pro se entregue en tres meses y los trabajos empiecen en abril próximo.

Todo esto ha avanzado luego de que fuera autorizada por el Ministerio de Cultura (Mincul), con la resolución directoral n.° 00099-2020DGPC/MC del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales en diciembre del 2020.

Sin embargo, un grupo de residentes de Jesús María exigen que la resolución del Mincul sea anulada para paralizar el proyecto. Sandra Roca y Clara Cieza, vecinas del distrito, señalan que la iniciativa municipal no fue consultada con la ciudadanía y que, además, transgrede normas y ordenanzas municipales.

La principal, y en la que basan sus exigencias, es la Ley de Intangibilidad n.° 16979, que declara al Campo de Marte desde 1968 como área verde intangible. Ambas subrayan que en el proyecto se plantea “eliminar áreas verdes para incluir dentro del parque diferentes construcciones como piletas, baños, áreas de juego, pistas y otros detalles”. “Áreas verdes es suelo, subsuelo y los aires”, dice Cieza.

Otro cuestionamiento al proyecto, agregan, es el uso del término “acondicionamiento”, pese a no ser reconocido como tipo de intervención permitida en bienes culturales inmuebles, según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Además, reiteran que, al tratarse de un importante espacio ambiental, se debió haber presentado una certificación ambiental, según la Ley N.° 27446, documento no previsto para el actual proyecto.

“La flagrancia de lo que vulnera esta ley... es realmente sorprendente que ninguna autoridad que haya dicho que no está bien”, mencionó Roca.

Anuncian acciones legales

El grupo de vecinos presentó en el primer trimestre del 2021 un memorial a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y una carta y pronunciamiento al Ministerio de Cultura, en el que explican sus demandas y solicitan una acción al respecto.

De parte de la cartera ministerial llegaron a reunirse con la funcionaria que autorizó el proyecto, pero, mencionan, no fueron respondidas todas sus preguntas. También, dicen, conversaron con el gerente de Invermet, quien se comprometió a revisar el proyecto y a constatar que se cumplan las leyes.

Las vecinas anuncian que, tras agotar la vía administrativa, iniciarán acciones legales en contra de los que consideran principales responsables como el alcalde Jorge Muñoz. “Queremos que el ecosistema se conserve (...) No recibimos respuesta de ninguna entidad, los vecinos estamos completamente indefensos”, sostiene Cieza.

Niega imputaciones

El burgomaestre de Jesús María, Jorge Quintana, calificó las acusaciones de “mentiras” y reiteró a su vez que será “completamente favorable” para los vecinos.

“El proyecto va a aumentar áreas verdes, va a reducir cemento (...) Vamos a dejar un parque completamente rehabilitado, puesto en valor. Hay algún tipo de fondo interesado en que no salga el proyecto por algún tema político”, remarcó.

El alcalde insistió en que la iniciativa cumple con todos los requisitos de ley y no transgrede alguna otra norma, por ello no instalarán juegos mecánicos, restaurantes ni se construirá alguna laguna, respondió.

Afirmó que el proyecto se mantuvo sin publicarse y “lo que llegó a los vecinos son detalles de la primera etapa”. Sin hacer autocrítica, anunció el inicio de una campaña de difusión. “Mi palabra está de por medio. Soy un alcalde pro ambiente”. Hace falta transparencia y diálogo.

Resolución del Ministerio de Cultura

La resolución –que permite la ejecución de la obra– fue una revisión en segunda instancia durante la gestión de Alejandro Neyra.