Norte: más de 800 funcionarios identificados como presuntos responsables de irregularidades
Según el Sistema de Control Gubernamental, trabajadores estatales habrían incurrido en hechos que tendrían consecuencias penales, civiles y administrativas. Cajamarca, Lambayeque y La Libertad tienen el mayor número de infractores.
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El contralor general, Nelson Shack Yalta, reveló que se ha identificado a un total de 3.547 funcionarios y servidores públicos con algún tipo de presunta responsabilidad penal, civil o administrativa, en los informes de control posterior emitidos en lo que va del año. También añadió que algunas de estas personas tienen más de un tipo de responsabilidad.
Cabe señalar que los controles se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados, ejecutados por las entidades de los tres niveles del Estado.
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Según el Sistema de Control Gubernamental, en el caso del norte del Perú, durante el año 2021, un total de 820 funcionarios públicos fueron identificados con presuntas responsabilidades en situaciones irregulares a través de los informes publicados. De este total, la Contraloría General señala que son 366 los trabajadores con presunta responsabilidad penal, contra quienes la Procuraduría debería entablar acciones legales.
Asimismo, de acuerdo a la información del portal, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque son las regiones con el mayor número de funcionarios que habrían incurrido en acciones que supondrían una responsabilidad penal.
Impunidad
En esa línea, Shack Yalta manifestó que, debido a la actual sobrecarga procesal, aquellos que cometieron presuntos delitos de corrupción u otras inconductas funcionales, ocasionando un perjuicio económico al Estado, continúan en sus puestos o no reciben una sanción oportuna, por lo que se incrementa la sensación de impunidad en la administración pública.
Capacidad sancionadora
El contralor aclaró que la entidad que dirige ha recuperado recientemente la facultad de sancionar administrativamente con la inhabilitación para ejercer la función pública hasta por cinco años, a quienes cometieron infracciones administrativas graves o muy graves.
También subrayó que la sanción administrativa, que se aplica como consecuencia de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), se realiza de forma independiente de las acciones legales que puede iniciar en materia civil y penal ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, como resultado de los informes de control emitidos en los servicios de control posterior.
Por último, indicó que, a partir del 2022, la Contraloría estará en capacidad de aplicar las sanciones administrativas PAS a quienes incurran en inconducta funcional. Esto, con la finalidad de separarlos temporalmente del Estado para que no continúen generando perjuicios.
