Sociedad

Piura: solicitan 36 meses de prisión preventiva para alcalde de Ayabaca y Lagunas

Acusados del Clan Marchena serán investigados por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

Alcaldes fueron detenidos por 10 días. Foto: La República
Alcaldes fueron detenidos por 10 días. Foto: La República

La Fiscalía Anticorrupción de Sullana formalizó el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la supuesta organización Criminal el Clan Marchena, encabezada por Humberto Marchena Villegas alcalde de Lagunas, y Baldomero Marchena Tacure alcalde de Ayabaca.

El requerimiento de encarcelamiento, mientras duren las investigaciones, se extiende hasta las funcionarias Bianca Nonajulca Ávila y Danni Teresa Rivera Calle, así como a los contratistas Darío Palacios Aguilar, Ángel Miguel Sandoval Ojeda, Mirian Consuelo Rivera Malacatos, Guillermo Valle Tocto, Nélida Niño Rivera y Carlos Alberto Flores Paz.

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municipalidad ayabaca piura

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El fiscal provincial, Luis Antonio Ramos Rioja, investigará si los acusados presentan culpabilidad en los delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, tras detectar elementos de convicción en la gestión de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Los representantes del Ministerio Público de Sullana informaron que existen evidencias recabadas en contra del Clan Marchena, que detallarían cómo operaba esta presunta organización criminal. Además, tendrían audios comprometedores de compras de semillas y de ejecución de obras.

Ampliación

Tras la detención del Clan Marchena, la sociedad civil de Ayabaca solicitó al Ministerio Público ampliar sus investigaciones en todos los municipios distritales que conforman la provincia, ante la presencia de presuntos actos de corrupción.

A través de un pronunciamiento público, el dirigente de Sícchez, Joel Yanayaco, exigió a la Fiscalía Anticorrupción su intervención en la comuna, debido a que la actual administración ha mantenido diversos contratos conjuntos con los integrantes del denominado Clan Marchena.

Además, el dirigente recordó que durante los primeros meses de la pandemia, la comuna de Sicchez contrató con el empresario José Darío Palacios Aguilar (hoy investigado) para la compra de canastas con artículos de primera necesidad.

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