Estudiantes de medicina se unen por el derecho a decidir y contra la obstrucción del aborto terapéutico

El aborto terapéutico —aquel que se aplica cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un mal grave y permanente— es un derecho de las mujeres peruanas y personas gestantes desde 1924 que cuenta con un protocolo desde el 2014. Pese a que este procedimiento está despenalizado, el personal médico se niega a ejecutarlo en reiteradas ocasiones, vulnerando así el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el cual se conmemora cada 28 de septiembre, es necesario y urgente visibilizar esta problemática que termina, en el peor de los casos, en la muerte de las gestantes al no poder acceder a una intervención médica segura, ya que son las y los médicos quienes también criminalizan a las pacientes que acuden por un aborto incompleto o a quienes lo solicitan.

Los motivos pueden ser diversos: porque anteponen los prejuicios y estigmas, por temor a las sanciones sociales y legales, o por desconocimiento de cómo realizar la interrupción, pues no se suele capacitar al personal de salud desde su formación como estudiantes. Ante este panorama, nace en Perú la organización de Estudiantes de Medicina por el Derecho a Decidir, o MSFC-Perú (por sus cifras en inglés).

“A lo largo de mis años de carrera, incluso cuando llevé el curso de ginecología y obstetricia, no tuve la oportunidad de que un médico ginecobstetra me explicara dentro de la universidad en qué consiste el aborto terapéutico, o que este es legal en el Perú”, cuenta Patricia Gonzales Huamán, codirectora de MSFC Perú y estudiante de medicina que se encuentra cursando su último año de estudios. Recalca que todo lo que sabe sobre el tema lo aprendió gracias a su activismo en el feminismo, pues lo único que ha visto a lo largo de su carrera es la condena de este procedimiento.

La alumna de 27 años cuenta que fue testigo del castigo verbal que ejercía el personal de salud hacia las mujeres que interrumpieron su embarazo o a quienes solicitaban hacerlo cuando realizaba su rotación de Ginecología y Obstetricia. “Que menciones que una paciente debe tener como plan de trabajo la solicitud de un aborto terapéutico es vista como una de las locuras más grandes que alguien podría decir dentro de una rotación”, detalla. Así, dice que “tuvo suerte” de que los médicos que se encontraban con ella no la violentaran verbalmente por proponer este derecho.

Entidades como la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia (SPOG) y la Defensoría del Pueblo ya han advertido sobre la ausencia de compromiso de los centros de salud para que las mujeres accedan al aborto terapéutico, así como la falta de capacitación al personal médico y la interpretación errónea de la guía técnica. Ante este panorama, Patricia viene trabajando desde el 2019 junto a Dalia Pawer Pucurimay, colideresa de la organización, en educar sobre el aborto seguro para estudiantes de Medicina ante la falta de entrenamiento que perciben dentro de las currículas universitarias.

“La experiencia más común entre las personas de nuestro colectivo es que mientras somos estudiantes de medicina alguien nos ha contactado para preguntarnos si sabemos cómo se puede hacer un aborto, Lastimosamente, la mayoría desconoce sobre el aborto seguro: saben que las personas abortan, pero no saben cómo se hace de manera segura. Ese entrenamiento no va a llegar hasta años después, si es que llega”, enfatiza.

Un aborto es seguro cuando la paciente que desea o necesita terminar su gestación puede acceder a una persona entrenada y con las habilidades suficientes para poder ejercer los procedimientos, ya sea mediante vía médica —con las pastillas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, o por vía quirúrgica —la aspiración manual endouterina (AMEU)—. También implica que estas intervenciones se realicen en condiciones sanitarias mínimas para evitar complicaciones que se registran en los abortos inseguros, como infecciones y hemorragias que pueden desenlazar en la muerte de la mujer.

Ante ello, Patricia Gonzales recalca la importancia de reforzar el curso de Ginecología y Obstetricia para que se hable activamente del aborto terapéutico sin prejuicios ni estigmas. “El problema de tener profesores estigmatizados es que crean una generación de estudiantes estigmatizados. Si no puedes acceder a una persona que te vaya a enseñar de una manera neutra el tema del aborto, es complicado”, refiere.

Asimismo, el colectivo de estudiantes pide que se modifique el artículo 30 de la Ley general de Salud, la cual señalan que permite que el personal médico criminalice a la paciente. “[Esta ley] no le permite a los médicos ejercer su función de tratar problemas de salud, sino que los pone en una posición de jueces que tienen que tratar de diferenciar si la paciente se indujo o no al aborto para poder reportar y luego tener que asistir al juzgado para criminalizar a una mujer, cuyo problema inmediato es dejar de desangrarse o dejar de estar infectada”.

Por ello, piden la legalización del aborto, pues la penalización de este también limita el trabajo profesional de las y los médicos. “Es un problema estructural, no es algo que solo las universidades deban solucionar, sino también pasar por la legalización social y debe terminar en la legalización a nivel del código penal”, concluye.

Ante la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres no dejan de hacerlo, sino que más bien buscan alternativas como acudir a colectivos feministas que brindan información para un procedimiento seguro como la Línea de Aborto Información Segura, que alertó que las llamadas que solicitan información sobre aborto seguro aumentaron en un 400% desde los primeros meses del estado de emergencia, la cual se ha mantenido en ascenso hasta este 2021.

Sin embargo, aquellas gestantes que no cuentan con los recursos necesario o no tienen acceso a este tipo de información acuden a intervenciones insalubres que terminan quitándoles la vida, o siendo estafadas por personas que venden medicamentos falsificados que no interrumpen la gestación, viéndose obligadas a llevar a cabo un embarazo no deseado. Así, más mujeres y niñas seguirán muriendo al tratar de ejercer un derecho que debería estar garantizado como el de poder decidir libremente sobre sus cuerpos.