Aprueban iniciativa para que delincuentes en flagrancia paguen una multa
De acuerdo al proyecto de ley, la persona que no cancele el monto asignado no podrá realizar trámites civiles ni bancarios. Propuesta fue cuestionada por especialistas de los ministerios de Justicia e Interior.
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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó la iniciativa que plantea una multa administrativa entre el 5 y el 20% de una unidad impositiva tributaria (UIT) a las personas que sean intervenidas en flagrancia delictiva.
La propuesta fue aprobada por mayoría y según el dictamen sustentado por la congresista Leslye Lazo Villón, quien también preside la comisión, el objetivo es “combatir la inseguridad ciudadana, estableciendo medidas que desalienten la comisión de faltas y delitos contra el patrimonio”.
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Sería la misma Policía Nacional la que colocaría la multa. En tal sentido, según explicó la parlamentaria, se busca brindar el marco legal para el ejercicio de la potestad fiscalizadora y regular el régimen sancionador de la PNP en esa materia.
“Frente a la poca eficiencia de la actual normatividad, planteamos un nuevo mecanismo administrativo que se traduce en la imposición de multa como sanción a la comisión de actos contra el patrimonio en casos de flagrancia”, dijo la legisladora de Acción Popular.
La iniciativa precisa que la multa se encuentra al margen del proceso penal que corresponda seguir al acusado. También se señala que la persona que no pague la multa no podrá realizar trámites civiles ni bancarios, ni ante la Oficina Nacional de Migraciones.
La congresista Cecilia García Rodríguez, de Podemos Perú, quien es autora de dos de las propuestas del dictamen, manifestó que con la aplicación de la medida se generará un antecedente de la conducta criminal-social del delincuente.
En tanto, la parlamentaria Martha Chávez, si bien dijo estar a favor de la iniciativa, consideró que debía especificarse el destino del dinero originado de las sanciones.
En la sesión se hicieron presentes Gilmar Andía Zúñiga, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Katherin Huacho Tafur y Carolina Albújar Verona, del Ministerio del Interior, quienes consideraron al proyecto como inviable.
Andía Zúñiga argumentó que si bien la ley está bien elaborada técnicamente, su aplicación no tendría los resultados esperados.
También consideró que el proyecto plantea un subsistema de sanción al margen del judicial y cuestionó que su implementación a nivel nacional en todas las fases del proceso administrativo demandaría varios recursos.
El especialista del sector Justicia sugirió como alternativa el fortalecimiento del sistema existente, que incluiría un sistema de juzgados de paz que se haga cargo de las faltas.
