Tacna: podrían quedar libres hermanos que violaron a hijos de uno de ellos
Madre de las víctimas denuncia que uno de los violadores está dilatando el proceso, pues hasta ahora no hay una sentencia para los hermanos Llanqui Pari, y quedarían en libertad por exceso de carcelería.
Los hermanos Miguel Ángel Llanqui Pari y José Carlos Llanqui Pari, acusados de violar a los dos hijos del primero, podrían quedar en libertad debido a que en las siguientes semanas se agota la ampliación de la prisión preventiva que vienen cumpliendo en el penal de Pocollay, Tacna, por los delitos contra la libertad sexual y violación sexual.
Miguel Ángel Llanqui Pari, tío de las víctimas, que en el 2019 tenían 4 y 15 años, fue un exmilitar del Ejército que violentó sexualmente a los menores en complicidad con su hermano José Carlos, padre de la niña y el niño afectados, y quien también abusó sexualmente de ellos.
Juicio esta programado para para este miércoles 11. Foto: Policía.
“Pedimos que los jueces ya apliquen una sentencia para estos sujetos, porque hay las pruebas suficientes. Temo que si quedan en libertad, pueden fugarse o hacernos daño a mi y a mis hijos”, declara la madre de los menores sobrevivientes a La República, pues la prisión preventiva para Miguel Ángel y José Carlos Llanqui Pari vence el 28 de febrero y 3 de marzo, respectivamente, y podrían salir libres por exceso de carcelería.
Edwin Luis Caljaro Musaja es el nombre del fiscal que lleva el caso. Los jueces del Juzgado Colegiado Penal del Poder Judicial de Tacna encargados del proceso son Javier Salazar Flores, Pepe Alvarado Gonzálvez y Julver Jesús González Cáceres. De acuerdo al Código Penal peruano, la máxima pena para violadores sexuales de menores de edad sería cadena perpetua.
Cuando los hermanos se enteraron que habían sido denunciados, ambos decidieron huir y estuvieron prófugos. Incluso, los agresores se encontraban en la lista de ‘Los más buscados’ de la Policía Nacional. La PNP señaló que el exmilitar utilizaba identificaciones falsas para eludir su captura. Finalmente, fue arrestado el pasado 1 de setiembre en el distrito de La Victoria, Lima, mientras que su hermano fue capturado el 15 de enero de 2020.
Amenazas y abandono del Estado
Previamente, la mujer ya ha recibido amenazas vía llamadas telefónicas y redes sociales por parte de los procesados desde el penal de Pocollay. Señala que también hubo un intento de secuestro por parte de la hermana de los acusados hacia su hijo, quien ahora tiene 17 años de edad y se encuentra muy afectado a nivel emocional, ya que ha intentado suicidarse en reiteradas ocasiones, al igual que su menor hermana, como secuela de la violencia vivida.
Añade que se siente desprotegida y vulnerable, pues las entidades estatales que deberían velar por ella no le dan el soporte necesario. “El fiscal que está llevando mi caso ha actuado con lentitud”, asegura.
En tanto, afirma que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solo la ayudó hasta que la Fiscalía tomó la carpeta del caso y fue dejada “a su suerte” tras internarlos en un albergue que no era de dicha cartera, sino que era un espacio privado designado para personas con problemas de drogas.
“Nos dejaron en ese albergue particular. En el 2020, me enteré por los periódicos que el director de ese centro también violaba a esos niños y adolescentes. Ahí me envió el Mimp”, detalla. Ante ello, tuvo que contratar un abogado y ella misma solventar su terapia psicológica y la de sus hijos.
Dos hermanos son acusados de haber violado sexualmente a dos menores de edad. Foto: La República
Miguel Ángel Llanqui Pari ya intentó librarse de la justicia en abril de 2020. Aprovechando la problemática de hacinamiento en los penales, solicitó su excarcelación y manifestó que tenía riesgo de contraer la COVID-19. Sin embargo, este requerimiento fue denegado.
El exmilitar fue denunciado previamente por el delito de violación sexual de una niña de 11 años en el 2016, quien era la hija de su expareja. También tiene denuncias por hurto agravado, uso de documentos falsos y coacción.
En la última audiencia que se realizó el 29 de enero de 2021, los abogados de los acusados solicitaron que se realice un debate pericial, que fue concedido por los jueces. “Ellos dicen que es porque tienen derechos humanos, ¿dónde están los derechos de los niños, de nosotros los familiares?” cuestiona la madre.
“Ya no quiero que alarguen más [el proceso legal] porque está por vencerse el caso. Ya estamos en la última parte del juicio oral y pido a los jueces que ya den una sentencia. Hay dos niños afectados que prácticamente están muertos en vida”, manifiesta. Esta madre ha tenido que huir de su hogar junto a los menores debido a las amenazas y persecuciones de las cuales ha sido víctima por intentar obtener justicia para sus hijos.
