Perú registra 994 partos de niñas menores de 15 años en lo que va del 2020

Desde los 9 años, Camila*, una niña indígena de Apurímac, sufrió violación por parte de su padre en casa. Durante al menos cuatro años soportó los abusos. No le contó a nadie por temor a que no le creyeran. A los 13 años, con síntomas de un embarazo no deseado, rompió su silencio y decidió decirle a su madre.

La progenitora de la menor—quechuahablante y con una discapacidad severa—presentó una denuncia por violación sexual. Su hija se vio obligada a dejar el colegio y entró en una profunda depresión. “Me quería matar”, declaró en una de las primeras entrevistas de la investigación fiscal. Preocupada por su estado de salud, el 13 de diciembre de 2017, la mujer solicitó que su hija accediera al aborto terapéutico en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, pero nunca obtuvo respuesta.

A pesar de que este es un procedimiento legal en Perú desde 1924, que debe aplicarse cuando la vida de la gestante está en riesgo, en el país existen varias limitaciones para que niñas y adolescentes accedan a este derecho. Debido a los efectos en su salud física y emocional, en diciembre de 2017, Camila* tuvo un aborto espontáneo. Desde entonces, ambas buscan justicia y, el 9 de octubre de 2020, denunciaron al Estado ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU por negarse a interrumpir un embarazo producto de una violación y por la criminalización por parte de las autoridades contra la menor y su familia.

Como Camila*, existen otras tantas niñas y adolescentes víctimas de violación sexual a las que el Gobierno les da la espalda y las obliga a llevar un embarazo forzado, pese a que diversas organizaciones lo consideran una forma de tortura. En el Perú, hasta el cierre de este informe, 994 niñas de 0 a 14 años se convirtieron en madres durante este año, según el Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) en Línea del Ministerio de Salud (Minsa).

También genera preocupación que en el registro del 2020 figuren partos de 20 niñas de 10 años a menos: 11 fueron atendidos en Lima y el resto en Arequipa, Callao, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Piura.

El CNV también muestra un incremento de casos en el mes de octubre (143), seguido de agosto (133) y setiembre (130).

Sin embargo, Susana Chávez, experta en salud pública y directora ejecutiva de Promsex, advierte que las cifras reportadas por el Minsa probablemente no reflejen la realidad por el limitado acceso al aborto terapéutico y la menor entrega de kits de emergencia para víctimas de violación durante la cuarentena obligatoria.

“En el caso de niñas menores de 15, es necesario identificar el tema del subregistro porque es probable que se estén registrando como mayores de edad, pero también habría que ver si todas están llegando a los servicios hospitalarios”, explica. La experta afirma que, por ejemplo, los partos de quienes viven en comunidades suelen ser caseros, por lo que no estarían contabilizados.

Embarazos forzados en América Latina y El Caribe aumentan en pandemia

Latinoamérica es la única región en el mundo en la que los partos de las menores de 15 años van en aumento, según confirman diversos organismos internacionales. Es así que los índices de violencia sexual se han visibilizado aún más durante el confinamiento por la COVID-19, asegura Chávez.

“Esta es una tendencia que lo hemos mantenido en los últimos 30 años”, sentencia. En ese sentido, la obstetra asevera que la salud sexual y reproductiva en la región ha sido uno de los temas más olvidados, además de la violencia sexual de la que son víctimas estas menores.

Por ello, han sido “pocas las acciones de los Estados para lograr vencer la otra pandemia que es la violencia sexual, pero también a las restricciones que hay para una niña menor de 15 años, quienes se ven obligados a continuar con un embarazo no intencional”.

Perú no ha sido ajeno a esta problemática. Desde enero a octubre, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) recibió 11.062 llamadas para denunciar violencia sexual. A su vez, a través del Programa Aurora, se atendió en este periodo de tiempo a 5.808 víctimas de este delito.

Guatemala, otro de los países latinos con los más altos índices de embarazos adolescentes, reportó que en la pandemia sus cifras se dispararon, ya que hasta setiembre de este año, el Observatorio de Salud Reproductiva registró 77.847 embarazos de niñas y adolescentes.

En Ecuador, entre marzo y julio de 2020 —tiempo en que duró la cuarentena— se registraron 190 embarazos más de niñas de 10 a 14 años en relación al mismo periodo del 2019, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En tanto, el Hospital Nacional de la Mujer de El Salvador reportó el aumento de 118 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años en abril, mayo y junio, lo que representó un incremento del 79,16% de gestaciones infantiles con respecto al primer trimestre del 2020.

En Colombia, se reportó diariamente casi 22 casos en promedio de abuso sexual contra niñas desde el inicio de la cuarentena hasta fines de junio.

En todos estos casos, un embarazo de este tipo acarrea graves consecuencias en la vida de las niñas y adolescentes: desde las mayores probabilidades de una mortalidad materna, que la menor presente hemorragias posparto e infecciones uterinas, hasta los altos síntomas de depresión y ansiedad que llegan a tener por la maternidad forzada.

“La mayoría de niñas con embarazos adolescentes ya no pueden continuar con sus estudios”, añade Susana Chávez.

Falta de políticas públicas para la atención de embarazos de menores de 15 años

La experta en salud pública indica que, si bien la mayoría de países de la región ha legalizado el aborto cuando la vida de la gestante está en peligro, junto a otras expertas han identificado que también estos Gobiernos carecen de políticas públicas para la atención de embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años.

Por ello, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai) publicó un documento con los lineamientos para el diseño de un protocolo de atención en estos casos dirigido a profesionales de la salud, operadores de justicia y autoridades políticas.

Este informe aborda la importancia de brindar una atención integral a las niñas, como la “educación, detección temprana del embarazo, aborto seguro, atención oportuna y de calidad en emergencia, así como el seguimiento y reparación del daño que no se realiza en nuestros países”, finaliza Chávez.

*La República protege la identidad de la menor de edad.