Familiares de jóvenes heridos en protestas piden que se anule Grupo Terna

La tarde de este miércoles 18 de noviembre en Lince, la abogada de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, Mar Pérez, brindó declaraciones junto a los familiares y abogados de los afectados de la segunda gran marcha nacional. Dentro de esta conferencia se encontraban Rocío Mesa, abogada de Fernando Araujo; Luis Suarez, hermano de Lucio Suárez; Jimmy Sotomayor, abogado de la familia de Brayan Pintado; y Walter Martos, abogado de la familia de Inti Sotelo.

Ellos se reunieron para narrar lo vivido y poder hacer un pedido público al Gobierno y a las autoridades con relación al abuso que ellos afirman sufrieron todos los jóvenes, en especial los que fallecieron en este evento tan importante para el país. Lucio Suárez, hermano de una de las víctimas, pidió que se investiguen los hechos a conciencia. “Él me dice, ‘me han disparado a matar, porque me han disparado en la parte superior del cuerpo’”.

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Rubén Guevara es otro de los heridos. Él, actualmente, tiene el ojo izquierdo lesionado por las esquirlas y tendría que operarse por el desprendimiento de retina y una hemorragia interna. Además, denunció que en la comisaría donde hizo su denuncia lo obligaron a firmar un documento en donde aceptaba haberse auto lesionado. “Han disparado a matar, si estaba de perfil me caía en la sien y no estaría aquí conversando con ustedes”.

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Asimismo, Jimmy Sotomayor, abogado de Brayan Pintado, contó que, durante la asunción a la presidencia de Francisco Sagasti, hubo congresistas que habrían deslindado la posibilidad de que habrían infiltrados en la policía que perpetraron estos hechos. “Esto es inadmisible, eso es despreciar las muertes de estos jóvenes héroes del Bicentenario, nuestra defensa técnica no lo va a permitir”, declaró Sotomayor.

Informó también que la presidenta del Congreso se habría comprometido a crear una unidad investigadora con el fin de llegar a la verdad de lo que sucedió ese día. De igual manera, solicitó que a los afectados les den una reparación civil. “No esperemos a que termine la investigación o que se haga un presupuesto. Así como ayer el presidente pidió perdón, que desde ahora se comprometa a crear un presupuesto cuanto antes”.

En conjunto con más de 100 organizaciones, ellos presentaron cuatro puntos esenciales que deben realizarse a fin de que todos los afectados lleguen a la verdad de lo sucedido. Piden que se investigue la violación a los derechos humanos que los jóvenes vivieron; garantía de las pruebas y protección de los responsables; garantizar la atención y reparación a todos los detenidos y agredidos durante las manifestaciones y la desactivación del Grupo Terna y de la ley 31012.

Esta solicitud tendría que ser atendida por la actual mesa directiva del Congreso y el presidente.