Preocupación por nueva ley para las personas con discapacidad

Siete años debió esperar la comunidad sorda para obtener el reglamento de la Ley Nº 29535, que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruanas. Mientras, las personas con discapacidad visual aún continúan en su lucha para que se debata la implementación del Tratado de Marrakech, el cual permitirá que puedan acceder a libros impresos. Pero estos avances, así como los de un total de 12 leyes, relacionadas con sus derechos, podrían quedar en el olvido.

Y es que la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República trabaja una propuesta de norma que, de ser aprobada, derogaría todas las leyes vigentes relacionadas con esta población, como es el caso Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, promulgada en el 2012, cuyo reglamento tardó cerca de dos años en ser aprobado.

“Nos está costando mucho. Si derogan nuestra ley, se anularán nuestros avances”, alerta Susana Stiglich, docente y presidenta de la Fundación Personas Sordas del Perú. “Si no tenemos ley, nos quedamos con un vacío legal. Lo peor es que no nos han consultado e incluso se ha dado en estas circunstancias (de pandemia) en las que no se permiten hacer reuniones”, agrega Elizabeth Campos, directora de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (Codip).

Derecho a la consulta

A inicios de julio, la Comisión de Inclusión, que preside la congresista Mirtha Vásquez, recibió a distintas agrupaciones e instituciones relacionadas con el tema de discapacidad, en el marco de una mesa técnica sobre modificaciones a la vigente ley. Sin embargo, según indicó, fueron 23 los proyectos de ley que recibió para realizar cambios, por lo que, junto con su equipo, decidieron agrupar las iniciativas en un predictamen que propone una nueva ley general. “El ver que generaba una modificación importante de toda la ley de personas con discapacidad se tradujo en hacer un predictamen de una nueva ley”, señala Vásquez, quien agrega que una nueva ley evitará que las normas sobre personas con discapacidad estén dispersas.

Sin embargo, para César Torres, comisionado de la Defensoría del Pueblo, “si bien es cierto, dicha comisión tiene una función legisladora, no puede estar al margen de lo que nuestro marco normativo establece, y este indica que debe haber una consulta previa”.

El especialista también recuerda que cuando se elaboró la actual ley sí se consideró las opiniones de la población con discapacidad. “Insistimos en un proceso de consulta porque solo estas personas conocen su realidad, sus necesidades, los problemas que los afectan y las posibles soluciones”.

Tras la creciente ola de cuestionamientos a la propuesta técnica, la comisión decidió ampliar el periodo para escuchar la opinión de los grupos de personas con discapacidad. “Hemos dejado claro que nuestra intención es aprobar estas normas siempre y cuando así lo decidan. Tenemos claros los principios, no solo de participación, sino de consulta”, indicó Vásquez.

Pese a ello, Pamela Smith, de la ONG Sociedad y Discapacidad, incide en que está pendiente el mecanismo con el cual se va a realizar la consulta. “Existe poca claridad de cómo se llevará a cabo el proceso. Debería ser más accesible, además se necesita un análisis más profundo del texto. Una nueva ley debería responder a las personas, no a los legisladores”.

¿A favor o en contra?

“Hemos analizado las propuestas y sí hay reformas interesantes como la referencia a la salud mental o el pedido de menores tarifas en centros de educación superior, pero el contexto en el que estamos dificulta la participación de las personas con discapacidad y nos preocupa que una legislación tan importante se haga con prisa y sin escuchar a quienes va a afectar”, dice Torres, de la Defensoría.

Sin embargo, para la representante de la Comisión de Damas Invidentes, los cambios que podrían parecer como un beneficio realmente podrían representar una mirada asistencialista. “No sé si es por mala fe, tal vez es que tienen desconocimiento”. Y también alerta sobre el cambio de nominación como: “personas en situación de discapacidad” en vez de “personas con discapacidad” o “discapacidad grave” en lugar de “discapacidad severa” e “integración” por “inclusión”. “Estos serán gastos irrelevantes en papelería”, dice.

Por su parte, Stiglich revela que el predictamen tiene 250 páginas, el cual no es accesible para que la comunidad sorda dé su opinión oportuna. “Nos preocupa que esta nueva ley minimice nuestros derechos, en cuanto al respeto de la lengua de señas, accesibilidad y calidad educativa”, señala.

No obstante, también existen voces que opinan lo contrario, como la de la Federación Nacional de Asociaciones y Personas con Discapacidad Visual, cuya secretaria general, Claudia Vela, manifiesta que, en cumplimiento del Manual de Técnica Legislativa, se debe implementar una nueva ley, porque se pretenden cambiar más de tres artículos a la norma vigente. “También se está intentando unificar la legislación en materia de discapacidad, incluir todos los artículos a una sola, lo que facilitaría la comprensión y conocimiento”.

Pamela Smith, en tanto, piensa que “para que se apruebe una nueva ley, se tiene que evaluar si la anterior cumplió objetivos. Yo creo que este no es el caso, porque la ley vigente cumple con los estándares internacionales. Sí, existen problemas, pero que no se implemente depende de la falta de voluntad de los funcionarios”.

“No se necesita una nueva ley, sino que se ejecute la que ya tenemos”, sentencia Elizabeth Campos, de la Codip.

Claves

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) tiene una posición neutral, pues asegura que “cualquier modificación que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad la vamos a apoyar”.

La Comisión de Inclusión Social del Congreso dijo que habrá reunión con las asociaciones para evaluar la propuesta.