Defensoría pide a La Punta retirar carteles que prohíben el ingreso de personas al distrito
La Municipalidad de La Punta colocó avisos para restringir la entrada al distrito a menores de 12 años y mayores de 65. Ante esto, la Defensoría del Pueblo se pronunció en contra, ya que considera que vulnera los derechos fundamentales de las personas.
La República en GoogleLa Defensoría del Pueblo se pronunció en contra de los carteles colocados por la Municipalidad de La Punta en la que se restringe el ingreso menores de 12 años y mayores de 65 años de edad a dicho distrito, ya que considera que viola el derecho al libre tránsito.
Luego de las quejas de diversos ciudadanos, la oficina defensorial del Callao realizó un visita inopinada en la mencionada jurisdicción para solicitar a las autoridades que adecúen sus medidas a las disposiciones gubernamentales.
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En tal sentido, Delcy Heredia, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao, recordó que los Decretos Supremos Nº 156-2020-PCM y Nº 162-2020-PCM establecen que los mayores de 65 años y menores de 12 años realicen un paseo máximo de 60 minutos a una distancia dentro de los 500 metros alrededor de sus viviendas, pero no se les prohíbe la entrada a determinados distritos o zonas.
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Por ello, la oficina defensorial instó a la Municipalidad La Punta a retirar los carteles e informar de manera clara a la ciudadanía sobre las restricciones establecidas por la comuna para evitar vulnerar sus derechos fundamentales.
Confinamientos de adultos mayores
A raíz de lo ocurrido con el distrito chalaco, la Defensoría señaló que el confinamiento impuesto a las personas adultas mayores afecta su salud física y mental, así como a su dignidad, ya que desconoce su autonomía y su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
“La decisión del Gobierno de prolongar la cuarentena para este sector de la población traslada, en su totalidad, al ciudadano el deber de cuidado que corresponde al Estado y a la sociedad en su conjunto atender”, se lee en el pronunciamiento.
Por ello, la Defensoría cuestionó la necesidad y proporcionalidad de la medida, y solicitó implementar acciones positivas por parte de instituciones públicas y privadas para facilitar el ejercicio de sus derechos a los adultos mayores y garantizar que puedan disfrutar de una vida digna durante su vejez, incluso si se requiere de más recursos públicos o privados.
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