BID y Escazú a la vuelta de la esquina

La situación de los pueblos indígenas a raíz del nuevo coronavirus ha cambiado drásticamente su forma de vida, llevándolos a aislarse de cualquier tipo de intromisión que ponga en peligro su integridad y salud. Sin embargo, su realidad es diferente debido, en mayor medida, a las debilidades de las políticas públicas para atender sus necesidades como la falta de acceso a servicios públicos (electricidad, salud, etc.). Ello los ha llevado a tejer alianzas para atender la emergencia sanitaria en sus territorios.

Actores internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se convertirán en principales agentes para el financiamiento de proyectos en busca de la reconstrucción de América Latina en un escenario pospandemia donde los pueblos indígenas amazónicos tendrán una gran relevancia para garantizar el respeto de sus territorios y derechos. Hace poco, el BID culminó su proceso de consulta al borrador de salvaguardas, que tiene previsto aprobar en septiembre. Desde la sociedad civil y pueblos indígenas se han identificado las deficiencias en el reconocimiento de los derechos colectivos, por lo que es necesario que el banco pueda integrar en sus salvaguardas, el contenido esencial de las normas internacionales de derechos humanos. Solo así podríamos advertir un verdadero compromiso para afrontar el avance de la pandemia en los pueblos indígenas y frenar el aumento de muertes, hostigamientos y criminalización de la labor que realizan en la defensa de sus territorios.

Un ejemplo es la inclusión de los principios del Acuerdo de Escazú en las políticas del BID, que, si bien se mencionan en el segundo borrador, la expectativa radica en que se realice de forma precisa e integral. Así se promovería que los Estados implementen efectivamente los derechos de acceso a la información, participación y justicia en los proyectos financiados por el banco, además de su ratificación.

Ante ello, ¿qué puede ofrecer el Acuerdo de Escazú en el contexto actual? Además de los derechos ya mencionados, fortalecerá a los pueblos indígenas para que participen en la toma de decisiones de los proyectos de inversión y se les proteja con mecanismos adecuados cuando se vulneren sus derechos humanos.

En ese sentido, la participación indígena debe estar asegurada en la implementación de las nuevas salvaguardas del BID, con el reconocimiento efectivo de sus derechos y de su labor. Todo ello, significaría un verdadero reconocimiento a los más afectados con la pandemia.