Serenazgo de Los Olivos sabía que el 19 y 28 de julio se organizaron fiestas en Thomas Restobar, pero no intervino

En el marco de las investigaciones por la muerte de 13 jóvenes en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, el Poder Judicial aceptó el requerimiento del fiscal a cargo y ordenó 18 meses de prisión preventiva para Job Jonathan Luque Ayala (37) por los presuntos delitos de homicidio simple y violación de medidas sanitarias

Las autoridades aún investigan cuál es la responsabilidad de este hombre en los hechos ocurridos la noche del 22 de agosto. Preliminarmente se sabe que fungía como el administrador del local y sería quien organizaba las diversas fiestas clandestinas.

Según la Policía , los eventos en Thomas Restobar eran convocados a través de la página de Facebook “La Guitarra Disco-Club”, la misma que desapareció el 23 de setiembre, un día después de la tragedia.

La Fiscalía determinó que dicha cuenta de Facebook está vinculada al celular de Luque Ayala; no obstante, él y su defensa lo niegan e insisten en atribuir la convocatoria de la fiesta al cantante Juan Peña, conocido como ’Juancho Peña’.

“Mi patrocinado ha declarado que él le prestó su llave a Juan Peña para que hacer promoción y algunos conciertos, pero solo por vía internet y no un evento pero no de esa magnitud”, afirma Marcelo Videla, abogado de Luque.

Otro aspecto que se investiga es la presencia de Luque el día de los hechos. De acuerdo a los videos de las cámaras de seguridad, él se encontraba en la barra de venta de bebidas alcohólicas y la duda es por qué los policías lo dejaron ir.

“Lo que hicieron fue botarme y estuve hasta las 11 de la noche al frente esperando con los familiares de las víctimas. Me he tenido que ir caminando por toda la avenida Universitaria hasta encontrar un carro para poder ir a mi domicilio”, dice en su testimonio.

Asimismo, se investiga la responsabilidad de la Municipalidad de Los Olivos. Se sabe que en setiembre del 2016, durante la gestión del exalcalde Pedro del Rosario, se otorgó un certificado indeterminado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para que el local funcione como restaurante-peña.

Dicho documento presenta la firma de Rubén Willy Camargo Cosme, entonces subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil.

Sin embargo, Cuarto Poder mostró la firma que aparece en su DNI y la del certificado. A simple vista pareciera que fueran diferentes, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha ordenado un peritaje para determinar si es así.

Sobre el mencionado permiso, la actual gestión ha dicho al Ministerio Público que el informe de inspección técnica de seguridad, el cual habría sido hecho tras una visita al local, no tiene ninguna firma de los inspectores acreditados. También indicaron que el certificado de seguridad ya no está vigente desde enero del 2020 y que la licencia de funcionamiento fue denegada.

Otro aspecto que se busca tomar en cuenta es que los vecinos ya habían reportado reuniones en la discoteca y que la municipalidad tenía conocimiento de ello.

En un reporte del 19 de julio pasado, el personal de Serenazgo de Los Olivos acudió a las 8.55 p. m. hasta las afueras del Thomas Restobar y notaron la presencia tanto de hombres como mujeres que habrían estado participando en una fiesta desde temprano.

Según el documento, los serenos no intervinieron el lugar porque al pedir apoyo a la central de vigilancia les indicaron que no tenían personal. Asimismo, dijeron que se fueron porque tenían temor a que los ataquen con piedras.

Luego, el 28 de julio a las 8.00 p. m., nuevamente agentes de Serenazgo fueron hasta la discoteca debido a que un vecino se quejó de una fiesta al interior.

Los serenos indicaron en su informe que vieron a personas ingresar al local sin ningún tipo de protección y se retiraron porque los “patrulleros se hicieron cargo dejando todo sin novedad”, Es decir, los agentes municipales afirman que la Policía tuvo conocimiento del hecho, pero, según el citado programa, no hay ningún parte policial al respecto.

Por otro lado, el dominical indagó un poco más sobre el pasado de Job Luque y descubrió que no es la primera vez que tiene problemas con la justicia.

En octubre del 2014 fue denunciado por atropellar y causar la muerte a Franz Antony Alvarado Isidro en Puente Piedra.

Luque Ayala fugó sin prestar ayuda a la víctima y en febrero del 2017 fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de omisión de socorro y exposición al peligro, fuga en accidente de tránsito y homicidio culposo.

Pero no fue a la cárcel inmediatamente porque no se presentó a escuchar su sentencia. Un mes después, la Policía lo intervino en un operativo y allí se percataron que tenía requisitoria.

Pese a que le dieron más de 5 años de cárcel, su abogado apeló a la sentencia y le redujeron la pena a 3 años y luego a 86 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, lo que le permitió recuperar su libertad en enero del 2019.

Además de este hecho, Luque fue intervenido en marzo del 2014 y el 2016 por incumplir con varias reglas de tránsito como manejar sin licencia, sin identificación, sin permiso para tener lunas polarizadas y en presunto estado de ebriedad.