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Solicitan 18 meses de prisión preventiva para arrendatario de local donde fallecieron 13 jóvenes

Administrador de Thomas Restobar, Job Luque Ayala, es investigado por los delitos de homicidio simple y por violación de medidas sanitarias en agravio de la sociedad.

Job Luque Ayala discoteca Los Olivos Foto: URPI
Job Luque Ayala discoteca Los Olivos Foto: URPI

Corte de Lima Norte recibió requerimiento de prisión preventiva para Job Jonatan Luque Ayala, administrador de la discoteca Thomas Restobar. Como se recuerda en dicho establecimiento de Los Olivos fallecieron 13 jóvenes por aplastamiento y asfixia el último sábado 22 de agosto.

Junto a su pareja Yudith Ortega, Luque Ayala alquiló el local donde se desarrolló la fiesta clandestina a Leandro Montoya. Sin embargo, ellos habrían solicitado el permiso municipal para el funcionamiento de un restaurante y bar, pero no para la organización de fiestas.

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El lunes 24 de agosto, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar por tres días para el administrador, de 37 años, de la discoteca en la que se desarrolló fiesta a la que más de 100 jóvenes asistieron.

Hasta la fecha, solo él y su pareja, quien se encuentra no habida, son acusados como responsables de la tragedia ocurrida tras operativo policial.

Lo cierto es que el local no tenía licencia de funcionamiento desde el pasado 24 de enero. Sin embargo, continuó abierto hasta convertirse en el lugar en el que fallecieron 13 jóvenes.

Esta información se dio a conocer durante la sesión de la comisión de Defensa Nacional del Congreso en la que el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, intentó justificar la deficiente fiscalización con la falta de recursos para contratar más serenos y fiscalizadores: “Cumplimos en esa labor en la medida de nuestras posibilidades. Nuestro personal está diezmado por efectos del Covid-19”.

Según el alcalde distrital, Thomas Restobar fue clausurado en junio de 2019, cuando el gerente de seguridad ciudadana era el ahora congresista Daniel Urresti, quien aseguró que funcionaba como cantina y burdel clandestino. Sin embargo, fue reabierto mes y medio después de que su administrador levantara las observaciones. “Se reabrió con giro de restaurante. El 2018, una norma anuló los certificados de inspección técnica indefinidos y tuvo vigencia hasta el 24 de enero. Desde ahí no tiene licencia para restaurante ni para nada”, señaló Castillo Alfaro.

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