Chavimochic: “Se trató de dar solución política a un tema técnico y eso fue un error”
Exdirector ejecutivo del Proyecto Especial, Edilberto Ñique, señala que era necesario traspase al Minagri para destrabarlo. Además, dice que actual Ley de Concesiones permite tratados lesivos al país.
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La paralización de casi cuatro años de las obras de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) en La Libertad, se debe más que nada a que se trató de dar solución política a un tema netamente técnico y legal entre el Gobierno Regional de La Libertad y el concesionario, es decir la constructora brasileña Odebrecht. Así consideró el exdirector ejecutivo del PECh, Edilberto Ñique Alarcón.
“Hay que poner atención a que se trata de un tema técnico y legal, no político; ahora con el traspase del PECh al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), este portafolio va a tener que trabajar de manera simultánea ambos aspectos: legal y técnico, al igual que los aspectos administrativos”, aseveró Ñique Alarcón.
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El convenio suscrito dice que la primera y segunda etapa del PECh lo ve la actual gestión regional, y el Minagri asume la ejecución de la tercera etapa, principalmente la finalización de la presa de Palo Redondo que está en un 70% de avance.
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“El Minagri ha firmado este documento no de una manera improvisada, sabe cómo tiene que manejarlo. (…) Tiene que negociar con el concesionario (Odebrecht), porque este convenio no lo ha apartado. Este convenio era necesario pues el gobierno central no podía intervenir en un contrato que no había suscrito”, explicó Edilberto Ñique.
Recordó que de acuerdo al Código Civil, los únicos que pueden modificar un contrato son las partes que lo han suscrito: el gobierno regional y la constructora brasileña, por eso por más que se presionaba políticamente para destrabar el PECh, no se podía lograr.
“Existen marcos legales sobre los que se han suscrito estos contratos de concesión. Lamentablemente, la Ley de Concesiones, por las contradicciones y vacíos que tiene, es la que ha permitido la suscripción de contratos lesivos a los intereses del país, por eso se debe modificar o derogar”, acotó Ñique Alarcón.
