Defensoría del Pueblo solicita transparencia al INPE sobre casos de COVID-19 en penales
La institución también pidió información acerca de lo hecho con los 10 millones de soles dados por el Estado para prevenir y contener la enfermedad.
- Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud
- Fenómeno El Niño podría ser el más intenso desde 1950: NOAA dispara su pronóstico para fin de año
La Defensoría del Pueblo se pronunció este lunes 6 de abril respecto a los cuatro internos del penal de Callao que han dado positivo por COVID-19. En una nota de prensa, indicó que solicitó información al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) información acerca de las medidas tomadas para prevenir y contrarrestar un probable brote masivo del virus en el resto de establecimientos penitenciarios del país.
Además, se pidió las cuentas de lo ejecutado con los 10 millones de soles que se le transfirió al INPE desde el Estado para reforzar el sistema de prevención y contención del coronavirus.
TE RECOMENDAMOS
AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD
PUEDES VER: Denuncian despido de 30 trabajadores de la Red de Salud Pacífico Norte en plena emergencia
No solo eso, sino que también requirió conocer si el plan de ejecución que haya formulado el INPE para afrontar la llegada del COVID-19 a las instalaciones de EP en el país ha sido coordinado y aprobado por el Ministerio de Salud.
Cabe recordar que el Instituto Nacional Penitenciario tiene más de 97 111 personas en situación de reos y reas en sus establecimientos, además del número de trabajadores, cifra que asciende a aproximadamente de 11 339 personas.
Si la institución no adopta las medidas necesarias para resistir la situación, las personas que se encuentren dentro de las cárceles y prisiones, tanto los y las convictos como el personal penitenciario, “se verá seriamente comprometida”, expresó en el comunicado la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, la defensoría elaboró un informe especial con un conjunto de recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta e implementadas por el INPE para “garantizar la vida, salud e integridad de los internos e internas”.
Finalmente, en similares términos se viene solicitando información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre las acciones y medidas adoptadas para atender los centros juveniles, que albergan a más de 2000 adolescentes que han desacatado la Ley Penal.
Prefiero a La República en Google
