Faltas graves de McDonald’s causaron la tragedia

Como ya adelantaban los peritajes difundidos la última semana, el local de McDonald’s de Pueblo Libre, operado por la subsidiaria Arcos Dorados de Perú, era un espacio sumamente peligroso para sus trabajadores. Así lo ha confirmado la investigación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

El equipo de inspección de la entidad ha determinado que Arcos Dorados cometió varias infracciones “muy graves” a las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST), cada una de las cuales tiene una relación directa y causal con las muertes de Alexandra Porras Inga y Carlos Gabriel Campos Zapata, ocurridas el domingo 15 de diciembre.

“El informe técnico (…) determina claramente seis infracciones muy graves cometidas por esta empresa que acarrearon directamente la muerte de estos dos jóvenes”, explicó ayer el superintendente Juan Carlos Requejo Alemán.

El documento ya ha sido notificado a la 35 Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, pues se encontraron “indicios de la presunta comisión de delitos ante el incumplimiento de las normas de SST”.

En el acta de infracción de Sunafil, que La República pudo revisar, se indica que la empresa conocía de los “desperfectos de la máquina dispensadora de gaseosas”, como había reconocido su gerente general, José Carlos Andrade; pero no hizo nada para arreglarla.

Vale recordar que, según confirmó una pericia electromecánica solicitada por el Ministerio Público, la descarga mortal que impactó en ambas víctimas fue generada por una fuga de energía en dicha máquina.

Por otro lado, un informe de la Dirección de Criminalística de la Policía había determinado que los jóvenes no llevaban indumentaria ni equipos de protección personal, lo que podría haber evitado su muerte.

Al respecto, los inspectores de Sunafil concluyeron que Arcos Dorados no acreditó la entrega de dichos equipos, en consecuencia, “no brindó las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo ni en las instalaciones, ni en la maquinaria y/o equipos que empleaban”.

Además, tal como ya señalaban varios testimonios, la compañía tampoco cumplió con brindar capacitaciones en temas de seguridad a sus trabajadores, no les advirtió de los peligros relacionados con sus labores ni "realizó evaluaciones de riesgo y controles periódicos de las condiciones de trabajo".

Arcos Dorados también cometió una sétima infracción, calificada de “grave”, pues no informó de la muerte de los trabajadores al Ministerio de Trabajo. Los familiares de las víctimas también habían denunciado que se enteraron del fallecimiento a través de los medios de comunicación.

Por la acumulación de faltas, la multa que debería recibir la empresa supera los S/ 1,7 millones. Sin embargo, al aplicar los topes previstos en la ley, la sanción propuesta por Sunafil se redujo a S/ 845 mil. Este monto es superior a los S/ 195 mil que se calculó inicialmente.

Como en cualquier otro proceso sancionador, Arcos Dorados tendrá la opción de presentar sus descargos contra cada una de las siete imputaciones. El plazo vence en cinco días hábiles desde la notificación, que según Sunafil se realizó durante la tarde del 24 de diciembre.

Una vez se reciban esos descargos, la superintendencia debe emitir un nuevo pronunciamiento sobre la sanción final aplicable a la empresa.

Valor de la prueba

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, aseguró que el acta de infracción es importante porque permite a los deudos conocer las causas detrás de las muertes de Alexandra y Carlos Gabriel, pero también por su “valor probatorio” para la investigación penal que realiza la Fiscalía y para solicitar una indemnización en la vía judicial.

Para Elizabeth Carmona, abogada de la familia de Alexandra, el acta refuerza una posible acusación por homicidio culposo, exposición de personas al peligro y "atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo", entre otros tipos penales.

Carmona consideró que también existe un grado de responsabilidad de parte de Sunafil y de la Municipalidad de Pueblo Libre "por no haber supervisado" el local donde fallecieron los jóvenes, lo que se deberá determinar en los procesos penales y civiles en curso.

Sobre dicho punto, Cáceres aseguró que en el Perú existen 2,7 millones de empresas, por lo que el número actual de fiscalizadores es insuficiente. Además, reconoció que existen limitaciones en la normativa vigente y anunció que en los próximos días se aprobarán nuevas modificaciones vía decreto de urgencia.

"El número de accidentes de trabajo vienen reportándose de una manera significativamente creciente. Como Estado no podemos permanecer impasibles ante esa situación", dijo la ministra.

Se espera que entre los cambios normativos se incluyan algunos referidos a los seguros de vida obligatorios que deben contratar los empleadores.

El martes pasado, el sector Trabajo aprobó cambios a la normativa de seguridad en el trabajo, entre ellos permitir que Sunafil realice más de una inspección a una misma empresa en el curso de un año, sin necesidad de mediar una denuncia.

La funcionaria dijo esperar que los cambios normativos incrementen la “capacidad disuasiva” del Estado para que las empresas, por iniciativa propia, se preocupen de cumplir con todas las medidas de seguridad en beneficio de sus trabajadores.

Resumen de la investigación

Sunafil emitió ayer un comunicado que sintetiza los hallazgos del acta de infracción contra Arcos Dorados.

Diligencias

Testimonios. Johanna Inga, madre de Alexandra, ha sido citada por la Fiscalía para rendir su manifestación este sábado a las 10 de la mañana. En los próximos días también se tomará la declaración del alcalde de Pueblo Libre, Stephen Yuri Haas Del Carpio, y de otros funcionarios de la municipalidad distrital.