Oviedo no soportó escuchar acusación de 26 años de prisión por caso Wachiturros
Tumán. Fiscal expuso los medios probatorios por el homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarachín, lo que originó que extitular de la FPF pidiera permiso a juez por sentirse mal y retirarse de ambiente del penal.
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El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito, recluido en el penal de Chiclayo, escuchó a través de un enlace de videoconferencia la acusación de 26 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarachín Cascos, formulada por el fiscal de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, Juan Carrasco Millones, quien ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo afirmó que el requerimiento contra el otrora empresario azucarero es por ser presunto autor mediato del crimen en su calidad de líder de la red criminal “Los Wachiturros de Tumán”.
A través de las imágenes se observó a Oviedo nervioso, bostezaba, incluso solicitó permiso al juez Carlos Chanamé Chumán para retirarse del ambiente en el que se encontraba por tener dolor estomacal.
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El representante del Ministerio Público indicó que Oviedo –quien cumple 18 meses de prisión preventiva por el caso de Los Wachiturros de Tumán– habría actuado por lucro, codicia e impulsado por el poder económico en la dirección de la Empresa Agroindustrial Tumán. “Existen medios probatorios y contundentes sobre el hecho criminal”, anotó.
Aseguró que existen suficientes elementos de prueba que vincularían a Oviedo con el manejo de la empresa Tumán y de un grupo de personajes a los que supuestamente ordenaba ejecutar a sus opositores.
Este grupo, dijo, llamado “Los Wachiturros”, era un departamento de seguridad encubierto. “Ellos tenían una planilla secreta que no aparecía directamente y a la que pagaban con dinero de Tumán”, expresó y añadió que cuando sus integrantes tenían problemas se contrataban abogados a los que cancelaban sus honorarios con dinero de la azucarera. Cabe indicar que Rimarachín fue asesinado el 12 de de octubre de 2012 para evitar protestas en Tumán. El fiscal pidió 26 años de prisión contra el exadministrador de la empresa, Segundo Ordinola y Pablo Arce; y 29 años de cárcel contra tres autores directos.
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