Alto Piura: “más efectivas son las cartas fianzas que embargar”

Los procuradores ad hoc del caso Lava Jato informaron sobre el embargo de bienes muebles e inmuebles por la suma de 13 millones de soles a exfuncionarios, investigados por las presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Alto Piura.

Sin embargo, el expresidente regional Javier Atkins, implicado en el caso, sostuvo que si los procuradores consideran que existe un perjuicio económico al Estado deberían ejecutar las dos cartas fianzas presentadas por la empresa brasileña Camargo Correa, cuyo monto es de 107 millones de soles.

“Este dinero obra en el gobierno regional y se puede recuperar los 13 millones que se ha pagado de más”, refirió la exautoridad. Por ese motivo dijo que la decisión tomada de embargar a los investigados es efectista más que efectiva, porque los defensores del Estado solo han generado un escándalo mediático en la región.

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Argumentó que el uso de las cartas fianzas sería una acción más efectiva y rápida, “para luego seguir los procesos administrativos a los exfuncionarios implicados en el caso. Esta decisión se debe tomar para no darle muchas vueltas al tema”.

Atkins destacó que en su gestión se decidió cancelar el contrato a la empresa Camargo Correa, pero cuestionó que las acciones administrativas se estén criminalizando.

Afirmó sentirse tranquilo en torno a las investigaciones que se desarrollan sobre los supuestos actos de corrupción en el proyecto Alto Piura y que sus funcionarios trabajaron bien.

Por su parte el exgobernador regional Reynaldo Hilbck Guzmán, a través de las redes sociales, manifestó que la decisión de embargo no solo es en su contra sino se involucra a 17 personas que son investigadas en el Ministerio Público.

Mostró su sorpresa por la medida presentada de manera mediática, “y en cierto modo escandalizada porque es un hecho ocurrido en abril”.

El exgobernador señaló que le resulta increíble que hasta el momento no se le haya notificado formalmente de esta acción de embargo de bienes, con lo cual no ha podido apelar de acuerdo a su derecho de defensa.

Indicó que fue invitado a formar parte del Consejo Directivo Alto Piura, que fue un cargo político y no ejecutivo, por lo que no tenía competencia en aprobar adicionales, ampliaciones y otros.