Metales que matan

Más de 4.000 niños (https://bit.ly/2JI1i07) en el Perú entre 0 y 11 años han estado expuestos a metales pesados perjudiciales para su salud (MINSA 2018 https://bit.ly/32eHjg6). Se trata de 4.085 niños de Cerro de Pasco, Cusco, Junín, Huancavelica y Cajamarca contaminados con plomo, cadmio, arsénico y selenio que dieron positivo para estos metales de un total de 4.876 peruanos examinados.

La situación es igual de dramática en territorios amazónicos como Madre de Dios o Loreto. El territorio de las cuatro cuencas en Loreto, por ejemplo, se ha declarado varias veces en emergencia ambiental y sanitaria desde 2013, pero no existe remediación ni pronta atención de salud para los contaminados, entre ellos, niñas y niños menores de 12 años con altos índices de contaminación por metales pesados.

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El estudio toxicológico que en 2016 realizó el Instituto de Salud (https://bit.ly/2JI3LYr) −gracias a la presión de las comunidades− arrojó que de las 1.138 personas en 39 comunidades examinadas, cerca del 10% tienen plomo en la sangre por encima de los niveles permitidos de salud. La referencia es el tope que el Perú ha decidido aceptar −en una muestra de cuán servicial es para con las empresas extractivas y cuánto desprecio muestra a su propia gente− que es de 10ug para menores de 12 años y 20ug para 13 años en adelante. Pero si sinceramos ese límite al estándar internacional de 5ug como nivel máximo de plomo permitido, entonces esos mismos resultados en las comunidades amazónicas arrojarían que el 57% de peruanos está contaminado con plomo en esa zona. Y en otros metales, con referentes del Perú, 28% presentó arsénico en el cuerpo, 26% mercurio y una de cada 10 personas dio positivo para cadmio y bario. ¿Saben cuánto se demoró el Estado en entregarles los resultados de sus exámenes? ¡Tres años! (2016-2019).

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En el 2017 los hermanos afectados de la amazonía, el ande y la costa tuvieron que formar la “Plataforma nacional de afectados con metales tóxicos”. Una gran parte de estas afectaciones provienen de los llamados pasivos ambientales (zonas de extracción ya abandonadas por las empresas) (https://bit.ly/2NfaY4N). En 2019 el MEM registró cerca de 8.500 zonas de pasivos ambientales entre los cuales más de mil son considerados de alto y muy alto riesgo. Han pasado 15 años desde la ley de regulación de pasivos ambientales mineros (2004) y apenas menos de 2.000 tienen algún tipo de remediación, ¡menos de la cuarta parte! Pero en el tema de hidrocarburos es aún peor. Doce años después de la ley de pasivos ambientales por hidrocarburos (2007) no hay ni un responsable identificado y ningún pasivo ambiental remediado.

Sí, el Perú es un país para el que macroeconómicamente la minería y la actividad extractiva es importante. Pero esto no puede ser a costa de la salud y la vida de su gente. Las prácticas neoliberales que ponen las ganancias económicas por encima de las personas son inmorales y repudiables. Y deben ser detenidas.

Me quedo con esta reflexión del apu Alfonso López de Loreto, uno de los representantes de las cuatro cuencas donde viven los pueblos achuar, quechua, kichwa y Kukama-Kukamiria. “El Perú, un país eminentemente petrolero y minero, y lamentablemente en 50 años no hemos podido construir una política ambiental y social responsable para el desarrollo de estas actividades. En 50 años, no tenemos normas que garanticen la salud de los pueblos indígenas o los pueblos afectados”.

Quiero ver ahora qué aspirante de congresista hará al fin una diferencia; a qué peruano o peruana le importará de verdad la vida de compatriotas que históricamente han sido relegados, marginados y maltratados.