Loreto: niña con problemas de salud mental que vivía atada a un motor no recibía tratamiento
Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio de Salud que atienda a la menor, quien tampoco era medicada.
La falta de tratamiento médico y entrega de medicamentos por parte del Ministerio de Salud a pacientes con enfermedades de salud mental fue señalada por la Defensoría del Pueblo, entidad que volvió a exigir que se atiendan a estas personas en todo el país.
El último caso que se denunció sucedió en el asentamiento humano Ampliación Rosa de América, San Juan Bautista, en Iquitos, Loreto. Allí se halló a una menor de 12 años con discapacidad cuyas manos estaban atadas a unos bloques de madera y sus pies a un motor. Según la madre de la víctima, la ataron para que no se vaya, hecho que había sucedido en varias ocasiones.
PUEDES VER Vecinos secuestran a niña de diez años y la manipularon para que abandone a su madre [VIDEO]
Para la Defensoría del Pueblo, la menor escapaba porque no era tratada por especialistas de la salud. Cuando fue diagnosticada con una enfermedad mental empezó a acudir a las postas médicas “Belén” y “Rosa de América”, y al área de psiquiatría del Hospital Regional de Loreto.
Pese a ello, permanecía inestable porque no le entregaban los medicamentos que el tratamiento requería. Su familia no siempre podía comprarlos por la falta de dinero. La mamá de la niña contó que no recibió apoyo del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ni orientación de alguna institución como la Oficina Municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED).
Hugo Pari, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, instó al director del mencionado hospital que brinde atención especializada a los pacientes de esa región; sobretodo si los usuarios son niños, niñas y adolescentes.
Ellos deben ser sometidos a los exámenes necesarios para determinar su condición de salud mental. En ese sentido, el Sistema Integral de Salud (SIS) debe financiar todos los medicamentos necesarios para que sean atendidos y reciban tratamiento si los menores pertenecen a familias en pobreza extrema.
La Defensoría del Pueblo comunicó que pedirá a la Contraloría General de la República la verificación del manejo del presupuesto asignado a los centros de salud mental comunitarios de Loreto.