Arequipa: Programa PAPI realizaba cobros indebidos

Roberth Orihuela Q.

El Programa de Asesoramiento Pedagógico Institucional (PAPI), creado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Norte, realizaba cobros indebidos a los colegios particulares que se inscribieron al mismo.

De acuerdo a los testimonios de algunos directores de colegios que formaron parte del PAPI, por la capacitación, se abonaban 300 soles mensuales. El dinero iba a la cuenta de una profesora, no era ingresado a las arcas de la UGEL Norte, ya que el pago no está contemplado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Según los testimonios, la capacitación que se brindó no fue buena. Consideran que el cobro, en algunos casos, habría tenido otro fin: evitar la fiscalización de colegios que no cumplían con los requisitos de ley para funcionar.

Lo dicho por los encargados de los planteles coincide con la denuncia que presentó en la Fiscalía el pasado 11 de octubre el exregidor provincial Ricardo Medina Minaya.

Por ejemplo, en el sector de Peruarbo, en el distrito de Cerro Colorado, el colegio Linus Pauling, pese a no tener licencia de funcionamiento ni permiso para brindar el servicio educativo de parte de la UGEL Norte y la Gerencia de Educación, funcionaba sin ningún problema hasta agosto pasado. Los padres del plantel tuvieron que denunciar ello en los medios de comunicación, para que recién sea cerrado.

El promotor de este colegio, Rutbel Begazo, aceptó que pagaban al PAPI, pero negó que por ello no se le fiscalizara.

La letra pequeña del PAPI

Este programa, creado en febrero de 2018, tenía como objetivo mejorar la enseñanza en los colegios privados. En las últimas pruebas nacionales de rendimiento, la región había bajado de puesto.

En la resolución que crea el PAPI, el director de la UGEL, Jorge Luis Choque Mamani, nombra como responsable a la especialista de Instituciones Privadas, Carmen Valverde Gallegos, y también a otros ocho asesores pedagógicos, que debían brindar sus conocimientos.

En el tercer considerando de la resolución, se señala que los gastos de capacitación “serán asumidos por las instituciones educativas que participen”. Es decir, cada colegio debía pagar a los asesores pedagógicos.

Ante ello, un grupo de alrededor de 90 colegios decidió asociarse. Según la versión de la especialista Valverde Gallegos, ellos firmaron un acta de mutuo acuerdo, en la que se comprometían a pagar a los asesores. Crearon una junta directiva, en la que nombraron como tesorera a la maestra Elizabeth Palomino Vargas, una docente de un colegio privado que hoy ha pasado a ser subdirectora del colegio por convenio María Auxiliadora.

El dinero debía ser depositado en una cuenta de la Caja Arequipa, que Palomino Vargas asegura que es mancomunada con el presidente de la asociación, de quien no recuerda su nombre.

Cada colegio depositaba S/ 300 mensuales. Al mes ingresaban, grosso modo, unos 27 000 soles. Y según el propio testimonio de los asesores pedagógicos, se debieron gastar hasta S/ 14 000 en sueldos. ¿A dónde iba a parar el resto del dinero? Esa pregunta no la supieron contestar ni Valverde ni Palomino, quien dijo que a final del año se rindieron cuentas.

Malos resultados

La República obtuvo los testimonios anónimos de algunos de los directores que no salieron nada contentos con el PAPI y que denuncian persecución por salirse del programa y no seguir pagando.

Uno de estos señala que fue Valverde Gallegos quien lo invitó al PAPI. Solo pagó dos meses. “La primera vez la capacitadora estuvo cuarenta minutos, más atenta a su celular que a nuestras dudas. La segunda fue peor, solo 30 minutos”, dijo.

A partir de ese momento, Valverde Gallegos les decía: “A los que no están en el PAPI vamos a corretearlos”.

Dicho y hecho. Este año su colegio fue inspeccionado por la comuna de Cerro Colorado y la UGEL Norte. Casi llorando, esta fuente señala que tuvo que suplicar para que no lo clausuren.

Otro testimonio señala que el colegio Paul Rivet (distrito de Yura) formó parte del PAPI durante todo 2018. De igual forma, los capacitadores estaban poco tiempo y no los escuchaban. Tampoco les importaba si todos los maestros asistían a las capacitaciones. Sin embargo, “al final del año igual todos recibieron un certificado por 600 horas de capacitación por parte de la UGEL Norte", agregó.

Esta fuente, además, explicó que el colegio Paul Rivet tenía muchas irregularidades, pero nunca fue fiscalizado. “Algunos (profesores) no estudiaron para ser docentes, otros no tenían título. Hasta tuvo que intervenir la Sunafil, para que les paguen el mínimo (S/ 930) ”, explicó.

Al respecto, la especialista de la UGEL Norte aseguró que sí fue a las capacitaciones algunas veces y que podía probarlo. Prometió enviar los documentos, pero hasta el cierre de esta nota no llegó nada. También negó alguna coacción, para que los colegios ingresen al PAPI. “Era todo voluntario”, añadió.

Contradicciones

No obstante, algunas de las pruebas son claras. Resulta que, aunque el director de la UGEL Norte y la especialista Valverde Gallegos aseguran que los colegios privados eran autónomos en la contratación de los especialistas, la misma resolución señala la designación de los asesores.

También ambos funcionarios indican que los privados eran autónomos en la recaudación y el pago a los capacitadores. Pero existen conversaciones de Whatsapp que prueban que Valverde Gallegos cobraba a los directores.

Incluso en una les señala que si no pagaban a tiempo, se les aplicaría una multa. Los directores respondían con fotos de los vouchers de depósito a la cuenta que está a nombre de la profesora Palomino Vargas. En otra les cobra antes de dar los certificados.

Sobre esto, Valverde Gallegos se defendió, señalando que algunos de los asesores pedagógicos se quejaban de demora en sus pagos y, por eso, ella intercedía.

Defensa férrea

La República, además, buscó a algunos de los promotores de los colegios que pagaban puntualmente. Estos evitaron dar su versión.

Al cierre de esta nota, se conoció que la especialista Valverde Gallegos convocó el jueves a los directores que forman parte del PAPI para pedirles su respaldo. Alrededor de 100 firmaron un pronunciamiento.

La información fue confirmada por el coordinador pedagógico de los colegios Linus Pauling. Fue el único que se comunicó al final. Este se presentó como vocero de los privados que apoyan el PAPI. Alegó que el programa les ha servido.

Asimismo, indicó que siguen pagando, aunque ahora directamente a los asesores pedagógicos.

Begazo Salazar, además, negó que el pago por el PAPI sea condicionado para no ser fiscalizados. Sin embargo, ¿cómo se explica que su sede de Peruarbo no fuera cerrada meses atrás? “Eso no tiene nada que ver, son cosas muy distintas. Peruarbo no pagaba al PAPI”, se defendió.

Sin embargo, ya se ha sembrado la duda y se espera una investigación de parte de las autoridades judiciales.

Hay responsabilidad civil por el manejo irregular del dinero

El especialista en derecho municipal Juan Carlos Rebaza explicó que la única forma de que los responsables del PAPI puedan ser denunciados sería que los afectados interpongan una demanda civil. “No hay ninguna ilegalidad en conformar una asociación de hecho. No hay problema con que no esté inscrita en Registros Públicos, porque se hace de mutuo acuerdo, aunque solo si existiera el acta”, señaló.

Rebaza indicó que solo se podría cuestionar un supuesto mal uso de los fondos o pedir que rindan cuentas sobre el destino del dinero, a lo mucho.

Sin embargo, para Ricardo Medina sí hay dolo y pide a la Fiscalía que, lo más pronto posible, se pida el levantamiento del secreto bancario de los implicados.

Para este exregidor, el monto de S/ 27 000 es irrisorio y asegura que muchos más colegios pagaban al PAPI para evitar ser fiscalizados.