Cuatro años después, médica que denunció acoso aún busca justicia

Ya van 4 años en los que la médica Rosa Canales Cama, de 34 años, espera acciones de las autoridades competentes luego de que denunciara ser víctima de acoso, hostigamiento, maltrato verbal y otras formas de violencia de género por parte de médicos y personal del servicio de residencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Hoy, sin fallos a su favor, con la imposibilidad de ejercer su especialidad y atemorizada por las amenazas recibidas, asegura que permanecerá por un tiempo en el extranjero.

Canales, quien ha registrado las más altas calificaciones durante sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exige que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y el hospital del mismo nombre le otorguen el título de la especialidad en Cirugía General, de la que fue expulsada, según denuncia, después de culminar los 3 años de servicio y de hacer públicas las acusaciones. La primera notificación de separación la recibió en agosto del 2018 y la siguiente en diciembre pasado, cuando su residentado ya había concluido, señalan.

“Exijo el título que me corresponde, ya que he cumplido académicamente con todos los requerimientos del programa médico. Espero que la justicia de mi país tome conciencia y haya un real cambio en la protección a las mujeres”, refiere Rosa a través de una videollamada. Su padre y abogado, Javier Canales, dice que este proceso de expulsión se ejecutó de manera irregular.

La respuesta de la UPCH es que la sanción no se dio por sus acusaciones de acoso, sino por infracciones al reglamento disciplinario como "realizar conductas, actos inapropiados o enviar mensajes que afecten la imagen de la universidad o la dignidad de miembros de la comunidad universitaria".

El origen de la denuncia

Rosa Canales refiere que desde octubre del 2015, cuando ingresó al residentado de la UPCH, ha sido víctima de acoso sexual y verbal luego de que rechazara, por ejemplo, salir con sus compañeros y denunciara los hechos a sus superiores. Tras ello, asegura, pasó por episodios de hostigamiento laboral, en los que le impedían participar en las cirugías, extraviaban sus historias clínicas y la evaluaban tras largos periodos de guardia de hasta 4 días.

También por hechos de discriminación, donde le decían que “no pertenecía a esa familia (de la UPCH)” y hasta amenazas de muerte en su casa dirigidas a ella y a su padre: “Si nos siguen jodiendo, los vamos a quemar. La sacas más barata si renuncias y te largas”, se leía en letras rojas sobre un papel.

En este caso se han denunciado a más de 60 médicos, residentes y autoridades de la UPCH y del hospital Cayetano Heredia, a través de procesos administrativos y judiciales. "Hay autores materiales, intelectuales y otros que incumplieron su función. Pero tratan de archivar las denuncias", dice su abogado.

Las acusaciones han sido archivadas por el Colegio Médico y la Secretaría Técnica del Hospital Cayetano Heredia.

Llegarán hasta la CIDDHH

Conocidas las denuncias, en mayo del 2018 la UPCH inició un proceso sancionador contra Rosa Canales y en agosto decidió su separación definitiva. En ese entonces, la médica contaba con medidas de protección académicas y laborales dictadas por el Poder Judicial, refiere. “No respetaron al PJ. La expulsaron en primera instancia, cuando le faltaban dos meses para terminar el residentado; pero ahí no se agotaba el proceso. Lo aplican retroactivamente”, dice su padre. Ahora no descartan que lleven el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La respuesta de la UPCH ante denuncias

- La UPCH dice que las denuncias penales “no son contra la universidad”, sino contra docentes, estudiantes, autoridades y exautoridades; además de funcionarios del hospital y la Defensoría. “La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla ha dispuesto que no procede formalizar, ni continuar la investigación preparatoria contra los investigados (61)”.

- En otro comunicado señaló que la expulsión se dio por “numerosas faltas y deficiencias en su desempeño con médico residente”, y que el problema de violencia sexual había sido utilizado como “estrategia para tergiversar una situación de índole académico”. Asegura que se sancionó a los involucrados. Canales lo niega.