Perdieron a la hija o la hermana y hoy necesitan el subsidio del Estado

Tras sepultar a su hija Sheyla Torres, en marzo de 2018 en Comas, Magali Aguilar no imaginaba que a partir de allí empezaría una nueva pesadilla para ella y su familia.

Por temor, la dueña de la vivienda que alquilaba le pidió desalojar el inmueble y tuvo que mudarse, su hija mayor dejó de estudiar, y el último de sus tres hijos cayó en depresión.

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Sacó fuerzas de donde no tenía, pues le tocaba tener cabeza para seguir el proceso judicial contra el asesino de Sheyla y sostener su hogar.

“Mi hija tenía una relación muy cercana conmigo. Hasta el día de hoy, para mí es difícil acudir a los lugares que frecuentaba con ella. Algo tan simple como entrar al mercado, no lo podía hacer hasta hace poco. La terapia psicológica que se supone que recibiríamos nunca llegó de parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”.

En Los Olivos, Carmen Mendoza, madre de Stephanie Flores, quien murió asesinada en abril de este año, se llena de impotencia al recordar las batallas legales de estos meses.

“En la comisaría Sol de Oro advertimos de las agresiones y amenazas que sufría mi hija y no tomaron en serio nuestras denuncias, pedimos garantías y no sirvieron de nada. La reconstrucción del crimen demoró semanas. Ni mis otros hijos ni yo hemos recibido apoyo psicológico. En el Ministerio (de la Mujer) me dijeron hace poco que las terapias se ofrecen a los menores de edad y mayores de 60 años, entonces yo no califico. Estoy decepcionada del sistema”, señala indignada.

Nace un colectivo

"Justamente, por nuestro duelo, por todas las historias que hay detrás de cada víctima y porque los operadores de justicia también nos han maltratado, hemos decididos unirnos y conformar el colectivo 'Familias unidas por justicia: ni una asesinada más'. Este colectivo busca justicia que se traduzca en apoyo social, un apoyo que no deberíamos pedirlo, debería llegar por sí solo porque se supone que somos parte de un Estado organizado", afirma Sandy Evangelista Loa, hermana de Nelva Evagelista, joven asesinada en febrero del 2006.

Tras varias cartas enviadas desde febrero, la mayoría sin respuesta, el colectivo logró en septiembre sostener una reunión con funcionarios del Ministerio de la Mujer. En esa cita explicaron que no solo los huérfanos son víctimas directas tras los crímenes de mujeres y que no son los únicos que requieren atención; también hay padres, adultos mayores o hermanos que necesitan terapia psicológica, estudios y cuidados para tratar de superar una tragedia de semejante magnitud.

Subsidio, ¿por qué no?

“El asesinato de mi hermana ocurrió hace 13 años, yo era pequeña y en todo este tiempo no recibí ningún tipo de apoyo, ni económico ni psicológico. Los deudos necesitamos terapias serias y continuas, flexibles a nuestros horarios, que nos permitan trabajar. Queremos que el Estado considere un subsidio para los deudos de feminicidio”, señala Sandy.

En junio del 2018, la entonces titular del Midis, Liliana La Rosa, señaló que se evaluaba la entrega de un subsidio para los huérfanos de feminicidio a través de un programa denominado “Rescate”. La iniciativa no prosperó y la ministra salió del cargo tras ajustes en el gabinete ministerial.

Este año entró en funcionamiento la estrategia 'Te Acompañamos', del Mimp, pero según el colectivo, esta iniciativa tampoco está funcionando como corresponde.

Este grupo de familias ha logrado que el Mimp conforme una mesa de trabajo para analizar sus demandas, de la cual esperan respuestas positivas. También esperan que más familiares de víctimas se unan para sumar esfuerzos.

Analizan sentencias

"Que los deudos no reciban asistencia psicológica como corresponde es un gran problema. A nivel del Poder Judicial estamos evaluando las sentencias que se han emitido contra feminicidas porque actualmente las resoluciones solo consideran como agraviados a los herederos legales de las víctimas, que por lo general son los hijos, entonces este aspecto debe ser evaluado y se tiene que tomar una decisión al respecto", explica Elvia Barrios, jueza suprema y presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.

Barrios sostiene que el Estado está obligado a contribuir con las terapias y canales de educación contra la violencia para las familias involucradas en cada caso.

“Las sentencias no ordenan de forma expresa que el Estado se haga cargo, por ello desde el Poder Judicial estamos trabajando en un estudio junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para mejorar la respuesta que tenemos que dar desde el sector justicia”, adelanta la magistrada.

De enero a setiembre se han registrado 127 feminicidios.