Empresa que hizo EIA de Tía María fue sancionada por el OSCE por falsificar documentos y firmas
De acuerdo a reportaje del portal Convoca.pe, la consultora Geoservice Ingeniería S.A.C, está inhabilitada hasta el 2020 para hacer contrataciones con el Estado. El 2015 presentó documentos falsos y una firma falsificada para otro proyecto.
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En las últimas horas, se conoció que la consultora Geoservice Ingeniería S.A.C, empresa que realizó el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay en Arequipa, está impedida de contratar con el Estado hasta abril del 2020.
Según investigación del portal Convoca.pe, dicha empresa fue sancionada el 2016 por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) con 44 meses de inhabilitación, por haber presentado el 2015 documentación falsa en el proceso de contratación para la "Evaluación del cierre del túnel Pucará y elaboración de expediente técnico de obras correctivas”, adjudicada por la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.
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Para hacerse con la buena pro, el consorcio presentó un certificado de trabajo falso supuestamente emitido por la minera Volcán a favor del ingeniero Manuel Augusto Delgado Santos. Además, de presentar una firma falsa del ingeniero Armando Tenorio Manayay, a quien quiso hacer pasar como parte de la propuesta técnica.
Según detalla Convoca.pe todo fue comprobado por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), que mediante Resolución N° 1744-2016-TCE-S1, del 27 de julio de 2016, sancionó a Geoservice Ingeniería y Neotécnica, otra empresa implicada, con 44 y 46 meses de inhabilitación, respectivamente, para ser seleccionadas o contratar con las entidades del Estado.
Su sanción es efectiva desde el 8 de agosto del 2016 hasta el 8 de abril del 2020.
Empresa sancionada
EIA aprobado
La empresa Southern Perú, a cargo del proyecto minero Tía María, contrató a Geoservice Ingeniería S.A.C. para que realice el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con todas las observaciones subsanadas. El estudio fue presentado el 2013 y aprobado dos años después por el Estado, lo que desató el conflicto social en el Valle de Tambo.
