Las vías para evitar que el presidente Pedro Castillo obstruya a la Fiscalía

El presidente Pedro Castillo afronta una situación complicada por las declaraciones de su exsecretario Bruno Pacheco, quien lo delata como uno de los cerebros que incentivó su fuga y, además, como el artífice de otros presuntos delitos.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investiga de manera preliminar al mandatario. El debate aún está abierto sobre lo que debería hacer en caso de comprobarse que desde el despacho presidencial se estuvo moviendo cielo y tierra para obstaculizar las indagaciones.

La República conversó con cinco abogados penalistas para encontrar posibles caminos. En medio de las posturas dispersas, lo que es coincidencia entre las explicaciones recogidas, es que la fiscal Benavides solo podrá formalizar una indagación preparatoria contra Castillo solo cuando este deje el cargo o sea destituido. La vacancia, por la cantidad de votos que implica -el Congreso necesita 87-, es una utopía, por ahora. No obstante, hay dos vías polemizadas: que el Poder Judicial lo suspenda del cargo como una medida cautelar o que el Congreso lo inhabilite de la función pública, apelando al juicio político.

Su suspensión ante el PJ

“Yo creo que la comisión del delito se constituye a un grupo cerrado (del presidente). Es Castillo apoyado por un sector de la DINI. La exitosa fuga (de Pacheco, su exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez) no es producto de la casualidad. Decir no sería extremadamente ingenuo. Por su finalidad exitosa, tiene que tener una participación del Estado”, sostuvo el exprocurador Antonio Maldonado.

En ese caso, agregó el procurador, la Fiscalía podría solicitar la suspensión del presidente. “Yo creo que sí. Debería. Esto lo han sostenido los abogados César Azabache y Luciano López. Hay un delito en curso y la Fiscalía podría reflexionar sobre qué hacer para detener un delito en curso”, refirió.

El abogado Carlos Caro opinó en línea similar, bajo la premisa de que en esta oportunidad puede haber una excepción. “Son dos vías totalmente paralelas (el pedido de suspensión y la inhabilitación por juicio político). La vía judicial tiene una limitación legal: la ley dice que la suspensión no procede en cargos de elección popular, pero esa prohibición podría ser dejada de lado por un juez tomando en cuenta que la Constitución está por encima. Los jueces pueden llegar a inaplicar una ley cuando esta va contra la Constitución”, enfatizó.

La inhabilitación

Mientras que el abogado Rafael Chanjan considera que la alternativa es la inhabilitación del presidente, a través del juicio político. Una vez que esto se concrete, con Castillo fuera del cargo, recién la Fiscalía podría formalizar la investigación preparatoria, si es que cuenta con los elementos, y solicitar medidas restrictivas. “Las posibilidades de suspensión pasan más por un tema vinculado al Congreso. Veo más esa vía como viable y no tanto por la suspensión de derechos porque hay una prohibición expresa”, argumentó.

Del mismo modo comentó la abogada Liliana Calderón, para quien, una vez inhabilitado el mandatario, “ahí sí se podría formalizar la investigación preparatoria”. “Como estos casos están enmarcados en la ley de crimen organizado, el Ministerio Público tiene 36 meses para realizar la investigación preliminar”, puntualizó.

Por su parte, el abogado Jorge Andrés Zúñiga comparte la tesis de que el camino para que el Ministerio Público no tenga obstáculos jurídicos en solicitar medidas que impidan la obstaculización de la justicia desde la presidencia es con el juicio político a Castillo en el Congreso, que tiene como sanción máxima la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años.

El escenario del juicio congresal se agudiza, sobre todo, si la Fiscalía comprueba que el mandatario ayudó a su exsecretario, su exministro y su sobrino a evadir a la justicia. “Sí, por supuesto, puede ser una infracción constitucional, pero por un lado tienes la presunción de inocencia y por el otro tienes que en apariencia él ayudó a escapar. Finalmente, más allá del plano legal, no hay que perder de vista que el Congreso es un fuero político”, recalcó el docente de la Academia de la Magistratura.

El presidente no puede querellar

El domingo, el presidente Pedro Castillo amenazó a ‘Panorama’ con presentar una demanda por difamación. El dominical había difundido un testimonio de Bruno Pacheco, que sindicaba que el exministro Juan Silva entregó dinero al mandatario a cambio de que designe a Hugo Chávez Arévalo como titular de Petroperú. Según el penalista Carlos Caro, la eventual denuncia sería desestimada porque Pacheco es colaborador eficaz y se debe esperar a que culmine este proceso.

Reacciones

Antonio Maldonado, exprocurador

“Me parece que tiene una enorme validez (el testimonio de Bruno Pacheco) y corrobora las sospechas iniciales y va en camino a ser parte de los elementos indiciarios de un conjunto de elementos del Ministerio Público”.

Jorge Andrés Zúñiga, abogado penalista

“El Código Procesal Penal regula la suspensión preventiva para los delitos que tienen pena de inhabilitación, pero en el caso del presidente lo veo poco probable porque las medidas dependen del estado procesal”.

Liliana Calderón, abogada penalista

“Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar ser colaborador eficaz, en el entendido de que puede aportar información que será corroborada por el Ministerio Público para ser presentada ante un juez”.

Rafael Chanjan, abogado penalista

“La Fiscalía tiene la facultad de asegurar sus investigaciones a partir de una serie de acciones. Por ejemplo, en el marco de sus posibilidades, solicitar el impedimento de salida del país de los sujetos investigados”.

Carlos Caro, abogado penalista

“Puede plantear la denuncia (de difamación), pero puede ser rechazada de plano porque Pacheco es colaborador eficaz y un juez no puede sentenciar por difamación mientras no ha terminado la colaboración eficaz”.