¿Cuáles son los delitos atribuidos a Pedro Castillo y a sus exministros por la Comisión de Fiscalización?
El grupo parlamentario presidido por Héctor Ventura extiende responsabilidades al presidente Pedro Castillo, así como a sus exministros Juan Silva, Walter Ayala y Juan Carrasco.
Si bien la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República no está facultada para sancionar a quienes resulten como presuntos responsables de sus investigaciones, sí puede emitir una recomendación desfavorable y así lo hizo respecto al presidente Pedro Castillo, sobre quien se sugiere que recaiga una acusación constitucional por la presunta comisión de diversos delitos.
A lo largo del informe de más de 360 páginas de extensión, la Comisión de Fiscalización expone que el jefe de Estado debe ser denunciado constitucionalmente por incurrir presuntamente en negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y organización criminal. También se les atribuyen responsabilidades a sus exministros Juan Silva, Walter Ayala y Juan Carrasco, por lo que revisaremos caso por caso para ver los delitos señalados.
Caso Puente Tarata III
En este caso, la comisión presidida por el fujimorista Héctor Ventura advierte responsabilidades del presidente de la República, Pedro Castillo, por los delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible; además de sindicarlo como directo responsable del direccionamiento de licitaciones irregulares en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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Otro exfuncionario de alto rango que aparece en el informe es el prófugo exministro Juan Silva Villegas, a quien se recomienda acusar por los tres mismos delitos antes mencionados. También se le vincula con los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López, sobre quienes se señala que “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del MTC.
El Caso Puente Tarata III también alcanza a los seis congresistas de Acción Popular conocidos como Los Niños: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores. Darwin Espinoza e Ilich López. Sin embargo, el informe solo sugiere el envío de lo actuado al Ministerio Público con la finalidad de que la información sirva para las investigaciones fiscales que se desarrollan allá.
Tras un plazo ampliado por 30 días hábiles, comisión presidida por Héctor Ventura entregará informe final sobre el caso Sarratea. Fotos: Gerardo Marín / La República
Caso Ascensos en las FF. AA.
El jefe de Estado también se encuentra incluido en este hecho, según el informe final de la Comisión de Fiscalización, la cual exhorta denunciarlo constitucionalmente por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible. El caso inició con la denuncia del excomandante general del Ejército José Vizcarra, quien señaló a Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno, y a Walter Ayala, entonces ministro de Defensa, como presuntos autores de presiones para que se ascendiera de forma irregular a dos coroneles que no cumplían con los requisitos.
A pesar de que, a inicios de junio, Ayala calificó como “puro humo” la denuncia en su contra, el grupo parlamentario lo encuentra responsable de los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible. Asimismo, se vincula a los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López.
Caso Sarratea
Este caso es tal vez de los más emblemáticos y recordados de la era Castillo, debido a que fue uno de los primeros grandes golpes a la credibilidad del presidente de la República. En él se indagaba sobre las reuniones extraoficiales que sostuvo el mandatario durante los primeros meses de su gestión en la vivienda del jirón Sarratea, en Breña, hasta donde llegaron empresario y ministros a despachar —lo que permitió evadir el registro oficial de visitas de Palacio de Gobierno— presuntamente sobre temas vinculados al Estado.
El informe del grupo parlamentario aconseja denunciar constitucionalmente a la máxima autoridad por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión. Los mismos que se le atribuyen —en este caso— al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y con una orden de detención preliminar en su contra, además de un impedimento de salida del país vigente.
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Por otro lado, el extitular de las carteras del Interior y Defensa Juan Carrasco Millones también está comprendido en este tema, a quien también se le sugiere denunciar por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión. Actualmente, él está alejado del Estado y es precandidato de Juntos por el Perú para el Gobierno Regional de Lambayeque.
Héctor Ventura llegó acompañado de Enrique Wong (Podemos Perú), Wilmar Elera (Somos Perú), Arturo Alegría (Fuerza Popular) y Martha Moyano (FP). Foto: Deysi Portuguez / URPI-LR
Caso US$ 20.000 en Palacio
En noviembre del 2021, gran indignación generó entre la población el hallazgo de US$ 20.000 en efectivo en el baño del despacho del ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, quien está prófugo de la justicia y con una orden de prisión preventiva por 24 meses en su contra.
La Comisión de Fiscalización solo recomienda investigar por el presunto delito de lavado de activos a Pacheco Castillo. El exfuncionario, tras dejar su cargo —el 19 de noviembre del 2021— dio varias versiones sobre el origen del dinero, incluso llegó a señalar que eran parte de sus ahorros o que era producto de una herencia familia, pero algunos colaboradores eficaces han dicho que ese monto sería producto de una coima.
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Caso de injerencia en Sunat
Este también involucra a Bruno Pacheco, quien entonces se desempeñaba como brazo derecho del presidente Pedro Castillo. En noviembre del 2021, se dieron a conocer presuntas presiones a la Sunat para favorecer a empresas del entorno del exfuncionario. Se revelaron unos chats en los que escribía intensamente a Luis Enrique Vera, jefe de la Sunat, con el fin de favorecer a privados que tenían una deuda con dicha entidad.
Ante ello, el grupo parlamentario exhorta la remisión del caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República a fin de que se debata la presunta infracción constitucional al Artículo 118, precisamente a los incisos 1, 3, 4 y 8. Dicho grupo de trabajo ya ha recibido otros hechos relacionados con presuntas infracciones a la carta magna por parte del jefe de Estado.
