Saweto: defensores ambientales indígenas podrían tener justicia
En PUCALLPA. La República estuvo presente en la audiencia de alegatos finales, donde la Fiscalía pidió 35 años de prisión para los asesinos de los 4 líderes ashéninkas. Antes se realizó una marcha. Las viudas e hijos narran lo que han vivido diez años después del crimen.
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A las 4:30 de la tarde del viernes último, representantes de los pueblos shawi, wampis, shipibo, ashéninka, bora, kakataibo, awajún y de Aidesep- Ucayali llegaron hasta la Plaza de Armas de Pucallpa para solidarizarse con las viudas de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndes, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, líderes ambientales asesinados el 1 de setiembre de 2014 por taladores ilegales.
Media hora después procedieron a movilizarse, tras escuchar al apu Jamer López Agustín resaltar el carácter histórico que podría tener la decisión judicial para los defensores ambientales indígenas. La expectativa de los pueblos nativos amazónicos es grande, más aún en momentos en que el Congreso ha aprobado una cuestionada modificación de la Ley Forestal.
Bajo el grito ¡Saweto, presente! la marcha partió por calles aledañas hasta llegar a la sede de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Adelante estaban cuatro mujeres que no han dejado de buscar justicia desde hace casi diez años incluso abandonando su comunidad.
Esas personas no son sanas
“Me siento un poco triste por no ver la justicia en este tiempo, yo espero que sea una sentencia verdadera. Estoy acá nuevamente porque quiero saber si nos va a dar la razón”, sostuvo en el trayecto Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo Ramírez. Contó que no lleva su apellido porque la inscribió un miembro de su comunidad.
En estos años ella también ha perdido a su madre y ha decidido tomarle la posta en esta larga lucha. Vive en Pucallpa con sus cinco hijos. Regresará a Saweto solo cuando los asesinos sean castigados.
“No podríamos estar en nuestra comunidad porque hemos sido amenazadas; en cualquier momento nos pueden matar porque esas personas no tienen sentimiento. Cuando mataron a mi papá no pensaron que tenía familia, esas personas están mal, una persona sana no hace ese crimen tan horrendo, mi papá les suplicó que no le mataran, aún así lo mataron”, señaló.
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Me dijo: Si me pasa algo, tú seguirás adelante
A su lado, Julia Pérez, viuda de Edwin Chota Valera, manifestó que desde la muerte de su esposo su vida fue muy difícil.
“Cuando Edwin falleció yo tenía siete meses de embarazo. Me dejó cuando mi hijo mayor tenía dos años, después mi hijito nació, pero a los seis años falleció ahogado en el río Tamaya. No he podido encontrar su cuerpo. Eso me ha pasado en la vida. Mi hijo se llamaba Edwin Tom”, indicó con mucha tristeza Julia Pérez, quien ahora solo tiene a su hijo mayor Andy.
En marcha, pobladores de diversas comunidades piden máxima sanción para los victimarios de líderes indígenas. Foto: Rosario Rojas / La República
Está agotada, quiere que agilicen el juicio y ya se condene a los culpables. “Yo ya estoy envejeciendo en esta lucha, el Estado tampoco nos está dando para nuestro alimento, vivimos en casa alquilada, es chica, ahí estamos amontonaditos como animalitos”, lamentó.
Extraña Saweto. Refirió que allá tenía todo lo que le daba su chacra, mientras que en Pucallpa no come si no tiene dinero.
Mencionó que su esposo nunca les hizo faltar nada, y que siempre le decía que lo habían amenazado, pero ella no le creía porque no veía la realidad.
“Me dijo: el día que me pase algo seguirás tú adelante, no darás pie atrás, algo te ayudarán. Los crímenes pasaron por la búsqueda del título hasta que lo mataron, pensando que después quedarían tranquilos, pero nosotros no vamos a dejar que queden en libertad”, aseveró.
¿El momento de la justicia?
“El derecho a la vida es inherente a la persona humana, el 1 setiembre de 2014 este derecho fue arrebatado a los líderes indígenas de la comunidad de Saweto, llegó el momento de hacerle justicia”. Así empezó la fiscal Vannie Robles Sajami su exposición de alegatos finales el viernes pasado, a las 6 de la tarde, ante el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
La representante del Ministerio Público pidió 35 años de cárcel para los asesinos de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndes, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, pobladores de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, ubicada en el distrito de Masisea, provincia Coronel Portillo, región Ucayali.
Adujo que las pruebas testimoniales, periciales y documentales acreditan la tesis planteada por la fiscalía de que los acusados José Carlos Estrada Huayta (concesionario forestal y representante legal de la empresa Ecofusac) y Hugo Soria Flores ordenaron a Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix asesinar a los líderes indígenas debido a las constantes denuncias que les hacía Edwin Chota y Jorge Ríos.
Refirió que los cuatro indígenas fueron alcanzados y emboscados cuando partieron de Saweto hacia la comunidad nativa de Apiutxa, a fin de que sus hermanos brasileros los apoyen en sus denuncias contra la tala ilegal, ya que las autoridades peruanas no les hacían caso.
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Del análisis de los restos óseos encontrados diez días después del crimen se ha acreditado la alevosía con que asesinaron a los nativos. Mencionó que a Edwin Chota Valera le dispararon 21 veces, 12 en la cabeza. Leoncio Quintisima Meléndez recibió 9 disparos, 3 de ellos también en la cabeza. Se concluyó que las armas de fuego utilizadas fueron escopetas.
Además, se ha acreditado a través de 12 informes periciales de balística forense que este homicidio fue realizado por un grupo de personas y que se utilizaron más de 4 armas de fuego.
La fiscal Vannie Robles agregó la declaración de un testigo protegido: “José Estrada les dijo: si ustedes me traen su cabeza en charola de plata, yo les pago. Pidan cerveza, ahí hay vino, lleven”. Después el testigo presenció cuando estos hombres le decían a Estrada que “se terminó la pesadilla, ya le hemos muerto, tu pedido ha sido cumplido, ahora tú me pagas a mí. Y todos pedían sus pagos”.
La justicia tiene la palabra. Los principales acusados son José Estrada y Hugo Soria. Foto: Rosario Rojas / La República
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Ante estas pruebas, sostuvo que el derecho a la presunción de inocencia de los acusados ha sido destruido, y solicitó sean condenados por delito de homicidio calificado con el agravante de alevosía. “Dejo en sus manos hacerle justicia después de casi 10 años a nuestros hermanos líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto”, expresó ante la directora de debates del Juzgado Penal Colegiado, Ana Karina Bedoya Maque.
“No sé cuántos años tengo”
Atenta escuchaba Ergilia López, viuda de Jorge Ríos Pérez, cuyo crimen también trastocó su vida. Incluso, ha perdido a su hija Diana, quien fue por varios años la voz de los deudos.
“Por tanto seguir la lucha, los enemigos dónde la habrán llevado, no sé, ha desaparecido. Lo dejo en la mano del Señor: si está viva que regrese, ya es un año de su desaparición, nunca más le he escuchado su voz”, relató con voz cansada. Se siente enferma, pero no puede ir donde un médico porque no tiene dinero. Nunca le han hecho análisis de sangre.
Quiere decirle al Estado que asuma su compromiso de dar una pensión a los huérfanos menores de 18 años. Su hija ya cumplió 19 años y no recibió nada, sus otros hijos también están cerca de la mayoría de edad y teme que correrán la misma suerte.
Ergilia López no sabe cuántos años tiene, creció sin haber ido al colegio. Una realidad bastante común en las comunidades.
“Por eso no sé en qué año he nacido, de mi mamá tampoco hay fecha, así hemos crecido en la chacra. Tengo DNI, pero lo he sacado al cálculo nomás. Tampoco sé a qué edad tuve a mi primer hijo, pero era muy joven”, acotó.
Ojalá haya justicia, tenemos temores
Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima Meléndez, es la única que vive en Saweto. Llegó a Pucallpa para hacer fuerza y pedir la ansiada justicia para los cuatro líderes ashéninkas.
“Me acuerdo cómo hemos vivido, hasta ahora no me olvido cómo hemos trabajado, cómo hemos criado a nuestros hijos”, indicó.
Y agregó: “Ahora estoy sola, criando a nuestros muchachos que han quedado sin padre. Hoy día es el último alegato de la fiscal, estamos preocupados, cómo quedará, ojalá haya justicia, tenemos temores, ¿habrá justicia o quedará en nada? Vengo de Saweto a participar y después volveré a mi pueblo”.
Mientras tanto, la marcha llegaba a la sede del Poder Judicial. Las cuatro mujeres en la audiencia escuchan los alegatos de la fiscal.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación - Universidad Jaime Bausate y Mesa. Trabajé en la Unidad de Investigación de La República bajo la jefatura del señor Edmundo Cruz. Hoy estoy en la sección de Política y abordo temas sobre conflictos sociales y comunidades indígenas.
