El 6 de noviembre se leerá la sentencia a los Sánchez Paredes

La Tercera Sala Penal Nacional Liquidadora anunció que el próximo lunes, 6 de noviembre leerá la sentencia a los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, el sobrino Fidel Sánchez Alayo y el administrador Jesús Esteves Ostoloza por presunto delito de lavado de activos con agravante de narcotráfico. 

En la última audiencia pública, de este 30 de octubre, intervinieron Orlando, Manuel, Fortunato Sánchez Paredes y Jesús Esteves. Los hermanos Sánchez Paredes y el administrador se limitaron a señalar que estaban conformes con la defensa realizada por sus abogados, solicitaban una sentencia absolutoria y se haga justicia. 

Los jueces superiores Juan Santillán Tuesta, Máximo Maguiña Castro y Francisco Mendoza Ayma han venido trabajando en la redacción del veredicto final desde el mes de julio. La decisión final recién la tomarán, pero ese mes anunciaron que por lo complejo del caso y la abundante información entregada por la fiscalía y los abogados de la defensa se requería bastante tiempo para sistematizar los abundantes documentos. 

Al tratarse de un caso de lavado de activos la prueba principal son los más de 30 peritajes contables, financieros y económicos entregados por la fiscalía y las partes. El mismo tribunal mandó a realizar su peritaje a los peritajes que les permitiera tener una idea clara, pues cada informe tenía diferencias por los tiempos analizados. 

El peritaje a los peritajes concentró todos los documentos y salió favorable a los Sánchez Paredes. De acuerdo con los peritos, al año 1991, la familia trujillana contaba con los suficientes ingresos económicos legales y de fuente conocida para financiar el inicio de operaciones de Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), la empresa que explota una de las minas más grandes de oro del Perú. 

El año 2007, la Policía y hasta hoy, la fiscalía, sostienen que los Sánchez Paredes no contaban con dinero y que la fuente de sus ingresos la constituía la fortuna que Segundo Simón Sánchez Paredes, asesinado en México en 1987, habría dejado producto del tráfico de Pasta Básica de Cocaína que se descubrió tras su muerte. 

Los peritos concluyeron que desde el año 1950, Orlando Sánchez Paredes había generado una importante fortuna, superior a los tres millones de dólares, producto de actividades pesqueras, durante el “boom” de la anchoveta, y luego en la compra venta de inmuebles y vehículos, otros productos y ganadería, más créditos bancarios. 

Por su parte, los abogados de la defensa enfatizaron que de acuerdo con la jurisprudencia y la legislación nacional en un caso de lavado de activos con la agravante de narcotráfico si se debe probar el delito previo y, eso, la fiscalía no había podido hacer. 

El juicio se centra en conocer la fuente de financiamiento para el nacimiento de Comarsa. Las investigaciones han descartado que las empresas mineras y otras nunca fueron utilizadas para lavar dinero ilícito, ni en el pasado ni en la actualidad. Todos sus ingresos y salidas de dinero están debidamente justificadas.  

La fiscal Maryeny Morales Yataco, la única sobreviviente del personal del Ministerio Público que inicio este juicio, presentó como medios probatorios antiguos informes de inteligencia de la policía y la policía antidrogas de Estados Unidos (DEA), pero sin confirmar. Ex oficiales de la DEA, presentados por la defensa en el juicio, indicaron que esos documentos no probaban nada y que solo eran indicios para averiguar. 

Segundo Simón Sánchez Paredes y sus colaboradores en México nunca fueron investigados ni condenados por narcotráfico. El hermano Percyles Sánchez Paredes fue investigado y juzgado por tráfico de drogas en el Perú, pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió y el veredicto final dejó entrever que habría sido víctima de una extorsión policial. 

En esta última audiencia, la fiscal Morales Yataco pidió a los jueces no dejarse influenciar por los reportes periodísticos y centrarse en lo presentado en la audiencia. Los jueces le respondieron, como debe ser, que ellos se mantienen al margen de cualquier información y juicios paralelos, realizados por los medios de comunicación. 

Así, el juicio llega a su última audiencia pública. La lectura de la sentencia se programó para el 6 de noviembre, a partir de las cuatro de la tarde. Aunque el caso todavía se mantendrá vigente algún tiempo más, pues es de esperar que, cualquiera sea el veredicto final, la fiscalía o la defensa, presentaran recursos de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. 

Este proceso judicial comenzó en diciembre del 2007 a pedido expreso del entonces presidente Alan García Pérez. Luego de una extensa investigación policial, fiscal y judicial, el 11 de enero del 2017 se dio inició al juicio público que concluirá con la lectura de la sentencia prevista para este lunes, 6 de noviembre.