Fiscal incautó bienes de Universidad Alas Peruanas con orden judicial caduca

El fiscal adjunto supremo titular de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Javier Luna García, decidió investigar al fiscal especializado en lavado de activos Wilson Salazar Reque por haber incautado los bienes de la Universidad Alas Peruanas (UAP), el 11 de abril, cuando el mandato judicial había caducado el 6 del mismo mes.

El mismo día de la intervención de los locales que efectuó el fiscal Salazar, la defensa de la UAP lo denunció por presunta inconducta funcional, lo que ha generado el inicio de una indagación que podría derivar en su separación del caso, según dos exprocuradores anticorrupción consultados.

La defensa de la UAP interpuso ante la ANC una queja contra el fiscal Wilson Salazar por haber encabezado el allanamiento, descerraje e incautación de numerosos inmuebles del centro universitario, el 11 de abril de este año, cuando el 6 del mismo mes había vencido la orden que emitió el juez Víctor Zúñiga Urday.

El 14 de marzo último, el magistrado Zúñiga accedió al requerimiento del fiscal Wilson Salazar para intervenir las propiedades de la UAP como parte de una investigación de lavado de activos. La autorización del juez tuvo una duración de dos semanas, la que expiró el jueves 6 de abril. Pero el fiscal Salazar consumó las incautaciones el martes 11 de abril.

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Cuando el fiscal dirigía la intervención con apoyo de centenares de policías, la representante legal de la UAP, Flor Vargas Peña, dejó constancia en un acta que el fiscal Wilson Salazar procedió a la intervención de los inmuebles, vehículos y avionetas, habiendo expirado el mandato de dos semanas del juez Víctor Zúñiga.

El fiscal adjunto supremo Javier Luna García, de la Comisión de Investigación Preliminar en Procedimientos Disciplinarios de la ANC, encontró fundamentos para iniciar un proceso indagatorio con la finalidad de determinar la responsabilidad del fiscal Wilson Salazar Reque. De comprobarse que la autoridad ejecutó la incautación en fecha extemporánea, podría ser apartado del caso seguido contra la UAP.

Como parte de las diligencias, el fiscal adjunto supremo Javier Luna García requirió al juez Víctor Zúñiga “copias certificadas de la resolución del 14 de marzo del 2023 que decretó la medida de incautación, allanamiento y descerraje, así como los cargos de notificación efectuados respecto a las resoluciones del doctor Wilson Salazar Reque, fiscal adjunto provincial titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos”.

También solicitó al mismo fiscal Wilson Salazar que “remita un informe relacionado con la investigación fiscal en contra de la Universidad Alas Peruanas (…), debiendo informar, especificar y remitir (…) copias certificadas de las principales piezas procesales concernientes a la medida restrictiva de incautación de bienes inmuebles, muebles, acciones, descerraje y allanamiento de bienes inmuebles con fines de incautación cautelar e instrumental en contra de la mencionada universidad”.

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El fiscal adjunto supremo de la ANC, Javier Luna García, encontró que había mérito para abrir el caso: “Resulta necesario iniciar la investigación preliminar correspondiente a fin de que los hechos materia de cuestionamiento sean esclarecidos”, por lo que decidió “abrir investigación preliminar por el plazo de 30 días hábiles contra Wilson Salazar Reque por presunta falta disciplinaria”.

El fiscal Wilson Salazar tiene a su cargo el caso por presunto lavado de activos contra la familia del excongresista fujimorista y actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez Gamarra, que tuvieron bajo su control la Universidad Alas Peruanas entre 1998 y 2020.

La nueva administración de la UAP entregó al fiscal Salazar evidencia documental de actos de corrupción durante el mandato del exrector y exgerente general Fidel Ramírez Prado, quien suscribió millonarios contratos con empresas de su sobrino Joaquín Ramírez para la construcción y alquiler de locales, entre otros.

La defensa de la nueva administración de la UAP cuestionó las incautaciones del 11 de abril que dirigió el fiscal Wilson Salazar Reque, porque la entidad universitaria había sido víctima de la gestión de la familia Ramírez, a la que incluso denunció penalmente.

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De acuerdo con la resolución del juez Víctor Zúñiga, en el caso están implicadas 14 personas, entre ellas las hijas del extinto Fidel Ramírez Prado, sus sobrinos, los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, y la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.

Este diario solicitó la versión del fiscal Salazar sobre el proceso de investigación preliminar que se le ha iniciado, pero fuentes del Ministerio Público indicaron que cuando hay un caso en curso por la condición de reserva, los fiscales no se pronuncian.

Reacciones

Katherine Ampuero, Exprocuradora

“Si el fiscal ingresa a una propiedad privada con una orden judicial vencida, está cometiendo un delito de usurpación y abuso de poder. Tendría que ser apartado del caso. Lo mejor es que asignen a otro fiscal”.

Antonio Maldonado, Exprocurador

“El fiscal no puede incurrir en este tipo de negligencia, por lo que va a tener una sanción disciplinaria. Eso no significa que el Ministerio Público deje de participar en el proceso. Designan a otro fiscal y el proceso continúa”.

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El dato

Operativo. La incautación de 203 inmuebles y 7 avionetas de la UAP se ejecutó cuando 7.000 alumnos estaban matriculados y otros 200 eran adiestrados en la escuela de aviación de la universidad.