Política

El Congreso está a punto de controlar el sistema judicial

Comisión Especial. Los titulares de las instituciones que elegirán a la nueva Junta Nacional de Justicia son afines o tienen vínculos con los partidos políticos que controlan el Parlamento.

Independencia. La Junta Nacional de Justicia ejerce el control de los magistrados desde su nombramiento, ratificación y los procesos disciplinarios. Foto: difusión
Independencia. La Junta Nacional de Justicia ejerce el control de los magistrados desde su nombramiento, ratificación y los procesos disciplinarios. Foto: difusión

Las acciones que viene desarrollando la coalición de los grupos políticos de derecha que controla el Congreso de la República parecen dirigidas a controlar el sistema judicial, vía la Defensoría del Pueblo.

El defensor del Pueblo preside la Comisión Especial que el próximo año será la encargada de realizar un concurso público para designar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que tiene la misión de nombrar, investigar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todo el país.

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Los otros integrantes de dicha Comisión Especial son el presidente del Tribunal Constitucional (TC), institución que viene demostrando ser afín a la posición política predominante en el Congreso. El TC ha resuelto una demanda que, por un lado, permite al Parlamento actuar sin el control judicial, y por el otro, le posibilita el control del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fiscal de la Nación

Luego, está la Fiscalía de la Nación, actualmente a cargo de la fiscal Patricia Benavides Vargas. Benavides fue elegida fiscal de la Nación por un periodo de tres años, desde julio 2022 a julio de 2025, pero con la posibilidad de reelección por otros dos años, hasta el julio 2027.

Patricia Benavides controla la Junta de Fiscales Supremos y actualmente no tiene oposición ni nadie que le dispute el cargo, por lo que se prevé que existe una alta probabilidad que amplíe su mandato hasta el 2027.

Además, Benavides Vargas tiene una investigación pendiente en la Junta Nacional de Justicia por los intempestivos cambios de fiscales al asumir el cargo, lo que incluye la remoción de la fiscal suprema que investigaba a su hermana, la jueza superior Emma Benavides, por recibir supuestos pagos de procesados por narcotráfico.

El nuevo fiscal supremo nombrado por Benavides ha solicitado que se archive la investigación a la hermana de la fiscal de la Nación.

 Necesidad. Patricia Benavides tiene procesos en la JNJ. Foto: difusión

Necesidad. Patricia Benavides tiene procesos en la JNJ. Foto: difusión

Al paso al que avanzan los procesos disciplinarios en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es poco probable que exista un resultado antes del 2024, cuando la Comisión Especial deba nombrar a los nuevos integrantes de la Junta.

Así, Benavides Vargas tendrá motivos personales para buscar una nueva Junta Nacional de Justicia que le garantice un resultado favorable en las investigaciones en su contra y de su hermana. 

La madre de la fiscal de la Nación, Emma Vargas Galvez, fue militante del Partido Popular Cristiano y fue electa congresista 2001-2006, por Unidad Nacional. La semana pasada, la fiscal de la Nación recibió con mucho entusiasmo una medalla del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Universidades

Otros dos integrantes de la Comisión Especial que elige a los miembros de la JNJ son elegidos a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), uno de las universidades particulares y uno de las universidades nacionales.

La Sunedu ha entrado en proceso de contrarreforma con nuevos directivos afines al bloque político de derecha en el Congreso, por lo que tiene como nuevo jefe a Manuel Castillo Venegas y asesor jurídico a Carlos Mesía, exasesor de Renovación Popular y excongresista de Fuerza Popular.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que tiene como jefe de asesores al ex primer ministro del actual Gobierno Pedro Angulo, y varios jueces de la Corte Suprema de Justicia, también tiene procesos disciplinarios en trámite en la Junta, y más de uno de ellos tiene vínculos con la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que quisieran que quedaran en el olvido, encarpetados para siempre.

Una Junta que no termina de arrancar vuelo

La actual composición de la Junta Nacional de Justicia, que empezó a operar en enero del 2020, se ha enredado en la revisión de los procesos realizados por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, y no ha logrado marcar una diferencia sustancial al nombrar nuevos jueces y fiscales del Poder Judicial y el Ministerio Público; además de sus propios enconos personales que lo han llevado a investigar y/o sancionar por asuntos de menor interés a los expresidentes del Poder Judicial, César San Martin y Elvia Barrios, y a los exfiscales de la Nación, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. En contraste con la desidia con la que investigan a la actual fiscal de la Nación.

Contraloría

Comisión Especial. El actual contralor general de la República, Nelson Shack, ya integró la Comisión Especial que elige a la JNJ. Nelson Shack trabajó al lado de la Comisión Ejecutiva que controló el Poder Judicial en los años 90 y es conocida su preferencia personal por el fujimorismo.

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