Contralor Shack: En 2022 fueron detectados 8.730 funcionarios públicos en corrupción
La corrupción creció en el gobierno de Pedro Castillo, en particular en la designación e funcionarios sin mérito y en contrataciones de millonarios proyectos de infraestructura en los sectores Transportes, Educación y Salud. El perjuicio económico al Estado alcanzaría los 1.134 millones de soles, de acuerdo con el contralor Nelson Shack en entrevista con La República.
-¿Cuántos controles se hicieron para el caso de los funcionarios públicos en 2022?
-El año pasado se postuló la sanción de 8.730 funcionarios públicos. Los cuales se le ha imputado responsabilidades administrativas civiles y penales por presuntas irregularidades que ha cometido. De esos 8.730 funcionarios públicos están asociados a transacciones, cuyo monto observado supera los 5.735 millones de soles. Es decir, la Contraloría ha revisado alrededor de 19.000 millones de soles en transacciones del año pasado y de ese total se ha encontrado irregularidades en casos que involucran 5.735 millones de soles. (El perjuicio económico alcanzó los 1.134 millones de soles en 2022).
-¿Estos índices son mayores o menores respecto a gobiernos recientes, en términos de año por año?
-En términos de año, en términos de montos, deben ser mayores.
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-¿Este año ha sido el mayor de todos?
-Sí, porque en el 2022 los niveles de ejecución del gasto público han sido mayores que los de los años anteriores. Aunque la tasa de proporción de corrupción, o en conducta funcional se mantenga, obviamente pierdes más plata porque estás gastando más plata. Seguramente en febrero produciremos el reporte de cuál fue el nivel de pérdida por corrupción en conducta funcional. Pero en términos de cantidad de plata perdida, seguramente va a ser mayor a los 24.000 millones de soles que perdimos en 2021.
-¿Qué tipo de casos de corrupción han sido los más frecuentes?
-El año pasado ha estado muy marcado los problemas de corrupción vinculados al tema de las designaciones de funcionarios públicos que no cumplen los perfiles. Ha sido prácticamente una constante en todo el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Además de una serie de contrataciones de bienes y servicios particularmente en las áreas de salud, transportes, y sobre todo, como siempre, en los temas de infraestructura.
-Si ahora se atreve hacer un top de casos, ¿las contrataciones de funcionarios serían los primeros?
-Sí, sin duda. Luego las licitaciones, sobre todo en tema de obras. Normalmente, hay más problemas de corrupción en términos de monto en el caso de obras, pero hay más casos en bienes y servicios. ¡Cuántos problemas de corrupción hay en temas de contrataciones en menos de 8 UIT! (S/ 36,800).
Los más corruptos
-¿Qué áreas son las más difíciles para la Contraloría de detectar?
-La parte más compleja es cuando entramos a mirar, no tanto las contrataciones, sino cuando entramos a ver los temas de regulación. Por ejemplo, es presumible que hay un gasto de corrupción cuando malos funcionarios de la Dirección de Agricultura en un gobierno regional concesionan a una empresa, digamos truchas, con miles de hectáreas en un bosque protegido. O sea, está clarísimo que está mal, que es irregular, rompe todas las normas. Pero ahí no se ha movido un sol del presupuesto público, entonces no tienes toda la experiencia para poder mirar este tipo de problemas de corrupción en ese sector.
-¿En qué área del Ejecutivo se ha concentrado la mayor parte de casos de corrupción?
-Sin duda, en Transporte, Educación y Salud. Estos temas se replican en los gobiernos regionales y locales (municipalidades provinciales y distritales). Dónde hay más problemas es en los gobiernos regionales y locales. Cuando hacen las obras de saneamiento, que son del Sector Vivienda, o cuando hacen las obras de vialidad, que son del sector Transportes, o cuando hacen las obras de los colegios, que es del Sector Educación.
-¿En gobiernos regionales y locales, tanto distritales como locales, dónde se han encontrado la mayor parte de casos?
-La mayor parte de casos en número a nivel subnacional está en gobiernos locales, que hay una enorme cantidad de gobiernos locales, pero en términos de monto siempre está en los gobiernos regionales, porque estos tienen menos operaciones, pero muchas más sustanciales.
-¿Qué tipo de delitos han sido los más frecuentes?
-Hay problemas de designación de funcionarios, hay problemas de colusión y negociación incompatible en las contrataciones, también de malversación de fondos. Quizá esos son los tipos más comunes de problemas de corrupción que se presentan en la operación estatal.
Tareas pendientes
-¿Qué debería hacer el Congreso para la lucha contra la corrupción en el ámbito del Estado?
-La Contraloría ha enviado, no solamente en este Congreso sino también en el anterior, una serie de iniciativas para completar algunas normas que dejan espacios para que los corruptos se metan por ahí.
-¿Cómo cuáles?
-Por ejemplo, hay una regulación clara respecto de cuando tú sancionas a una empresa que estafa al Estado. Hay un procedimiento administrativo, las sancionas y las inhabilitas. Pero los empresarios, los malos empresarios, hacen otra empresa y siguen trabajando y no les pasa nada porque tú has sancionado a la firma. Se debe sancionar a las personas, como accionistas mayoritarios, a los representantes legales, etc. Eso no se hace, porque eso no lo dice la ley. Hemos enviado más de una docena de iniciativas que tienen que ver con mejoras específicas de la regulación vigente.
Siempre hay un privado
-¿Los empresarios siguen pagando a los funcionarios públicos para pagar contratos?
-Sí, los principales problemas son de malversación, de negociación incompatible, cohecho, de coima, de soborno. El privado le ofrece al público o el público le exige al privado que pague algo que es indebido para beneficiar al privado. Siempre detrás de todo proceso de corrupción pública, hay un privado.
-Esto me recuerda a la empresaria Sada Goray. ¿La Contraloría intervino?
-Sí, a raíz de las denuncias se han desplegado servicios de control.
-Pero fue a raíz de las denuncias, ¿la Contraloría no lo detectó durante el proceso?
-Justamente, el mejoramiento del proceso del control va por tener más personal. Pero, aun así, nunca va a ser posible nestar detrás de todos y cada uno de los posibles casos de corrupción. Es por eso que la Contraloría reacciona a las denuncias. Es por eso que el ciudadano, el control social, debe trabajar de la mano con el gubernamental y eso es lo que permite que una denuncia no caiga en saco roto, sino que se active. Y sobre todo que se activen los procedimientos de control y de sanción.
-¿Este Gobierno, aunque tiene corto tiempo, ha dado una muestra de hacer una lucha frontal contra la corrupción?
-En los casi mes y medio que está a cargo del Poder Ejecutivo hemos tenido varias reuniones, en las que tanto la presidenta Boluarte como el premier Otárola han manifestado su disposición de trabajar con la Contraloría y fortalecer la lucha contra la corrupción.
-¿Pero han tenido la oportunidad de ver que esto se demuestre? Porque todos los presidentes dicen lo mismo
-Sí, porque hemos tenido reuniones con varios ministros viendo casos específicos, productos de la transferencia de gestión que han recibido, en los cuales nos han alcanzado información y a partir de eso se están desplegando servicios de auditorías. La Contraloría ha identificado 8.730 funcionarios públicos con presuntas responsabilidades administrativas civiles y penales en 2022. Y de esos, 3.000 son del gobierno nacional. Habría que ver cuáles son los del Poder Ejecutivo. Seguramente la gran mayoría. Pero no sabemos si están trabajando o no. Entonces, lo que deberían hacer ellos (el Ejecutivo) es implementar sus procedimientos disciplinarios para poder evaluarlos y destituirlos, según corresponda. Para eso tienen que saber quiénes son esos 8,700 seres humanos que siguen trabajando en el Estado. Para eso la Contraloría ha puesto a disposición en su portal un velocímetro de control, donde se puede ver quiénes son, dónde están, en qué están trabajando, en dónde han trabajado producto de la irregularidad que han cometido. Esa, por ejemplo es una tarea inmediata que todo actor público, tanto los nuevos gobernadores regionales, los nuevos alcaldes, como también los nuevos ministros, están empezando a tomar nota para poder sancionar.
-Se ha visto contrataciones de empresas bajo sospecha como Memphis con la Policía Nacional y la Municipalidad de Santiago de Surco ¿Qué hay que hacer en este tipo de casos?
-Se pueden hacer dos cosas. En primer lugar, establecer mejores requisitos para ls personas que van a integrar los comités (de contrtación). Que esas personas en los comités sean absolutamente evaluadas, no solamente si cumplen o no con los requisitos administrativos, sino que realmente estén a prueba de confianza. Veamos qué pasa con las declaraciones juradas de bienes y rentas y las declaraciones de intereses de esos sujetos, los cuales ni siquiera están obligados a presentar porque la ley no lo establece así. Por otro lado, es una cosa discutible, dada los problemas de corrupción, hay ciertos roles que deberían admitir pruebas de confianza, por ejemplo, la poligrafía.
-El Gobierno ha iniciado adquisiciones millonarias sin licitaciones de compras de equipos antimotines, alegando que hay una situación de emergencia. ¿Qué está haciendo la Contraloría para estar al tanto de eso?
-De hecho, en una situación de emergencia es totalmente legal hacer procesos de contratación directa, como ha pasado en toda la pandemia. Lo que tenemos que hacer es estar atentos. Son sumamente rápidos y entonces es prácticamente imposible hacer control concurrente. Tendríamos que estar ahí con los ministerios haciendo el proceso y eso no nos corresponde. Pero puedes estar seguro de que como ha pasado con la pandemia, en muchos de los casos apenas concluyan los hitos que vienen desarrollando y apenas se concluye el procedimiento, entonces obviamente vamos a intervenir.
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