Peritajes oficiales definirán juicio a los Sánchez Paredes

Al cabo de 15 años de investigación y juicio, la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Penal Nacional comenzó la fase final del larguísimo proceso a la familia Sánchez Paredes, acusados de un presunto delito de lavado de activos que habría cometido en los años ‘90 del siglo XX.

El miércoles 4 de enero, en audiencia virtual, la fiscal superior adjunta Marlleny Morales Yataco inició la presentación de su alegato acusatorio contra los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, su sobrino Fidel Sánchez Alayo, el administrador de Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), Jesús Esteves Ostoloza y siete empresas mineras, ganaderas y de transporte.

Se espera que la Sala Penal Liquidadora, integrada por los jueces, Juan Santillán Tuesta, Máximo Maguiña Castro y Francisco Mendoza Ayma, dicte el veredicto final en marzo o abril próximo, aunque eso dependerá de cómo avancen las audiencias.

Luego de la intervención de la fiscalía, hablará la procuraduría y los abogados defensores de cada uno de los acusados. El tribunal ha programado realizar tres audiencias presenciales por semana, de cuatro horas de duración cada una.

La prueba

Morales Yataco ha empleado las primeras cuatro sesiones para hablar de los cargos contra Orlando Sánchez y, al parecer, seguirá con él un par de audiencias más.

El trabajo de la fiscalía y la procuraduría es bastante complicado, va cuesta arriban. Deben lograr que los jueces crean en la culpabilidad de los acusados, pese a que las pruebas dicen todo lo contrario, esto es que no hay un desbalance patrimonial y tampoco lavado de activos.

Veamos. Por el tiempo transcurrido entre la presunta comisión del delito (1991) y el inicio de la investigación (diciembre 2007), la principal y, casi única, prueba de la acusación y la defensa son los peritajes contables y económicos.

Esto es precisamente lo que ha demorado el proceso. La investigación comenzó en diciembre del 2007 a pedido expreso del hoy fallecido expresidente Alan García. El juicio público comenzó el 11 de enero del 2017, es decir hace seis años. En esa época la Tercera Sala Penal Liquidadora se llamaba colegiado “E”.

La mayor parte de estos seis años de audiencias fueron empleados por la fiscalía y la procuraduría en buscar desvirtuar los 35 peritajes, que ellos mismos o los abogados defensores habían mandado realizar los años previos.

Los peritajes abarcan exámenes económicos y financieros desde los años ‘50 del siglo XX hasta el año 2007 del siglo XXI. Un periodo de grandes cambios económicos, financieros, contables y monetarios en el país, de lo que además se conserva poca documentación.

Por eso, los peritos contadores evaluaron los ingresos y los egresos de los años donde se pueden obtener documentos físicos, mientras que los economistas examinaron los años donde no hay documentación posible, pero si data económica oficial.

La fiscalía acusa a los Sánchez Paredes de haber fundado y desarrollado la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), con ingresos provenientes del narcotráfico en el Perú y México, a partir del hecho que Simón y Perciles Sánchez Paredes, asesinados en 1987 y 1991, respectivamente, habrían estado involucrados en tráfico ilícito de drogas.

Simón Sánchez murió en México y nunca fue investigado por narcotráfico. Percyles murió en el Perú, tiempo después que la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de cargos de narcotráfico. Ninguno de ellos dejó una fortuna verificable físicamente, para mayor complicación de los investigadores.

Balance a favor

Los Sánchez Paredes han señalado que su fortuna nació de actividades pesqueras, de transporte interprovincial, inmobiliarias, venta y distribución de cerveza y otros productos, inmuebles, vehículos y, posteriormente, créditos bancarios.

A partir de esto, los peritajes buscaron responder si era posible que los Sánchez Paredes realizaran las actividades mencionadas, que lo hicieran desde los años ‘50 y si pudieron generar suficientes ingresos para tener una fortuna personal.

Todos los peritajes, incluso los elaborados por la policía, la fiscalía y la procuraduría, respondieron esa pregunta de forma afirmativa: sí tenían trabajo y actividades económicas lícitas y suficientes ingresos. Aunque difieren en los montos, a partir de los periodos examinados o los documentos tomados en cuenta, para el análisis.

El 2010, un informe contable elaborado por oficiales de la Dirección Policial Antidrogas, el comandante Héctor Beltran Acosta y la mayor Inmer Peña Robles, concluyó con una diferencia favorable, en el caso de Orlando Sánchez, de solo 7 mil soles, que sería insuficiente, dijeron, para invertir en minería.

Pero, los policías solo pesquisaron el periodo 1991 a 1995, a partir de un cuadro de ingresos y gastos, aunque se les había pedido realizarlo hasta el año 2007.

Así, un peritaje oficial realizado en octubre de 2011, por los peritos Helldy Vizcarra Pineda e Iván Peña Avendaño concluyó que Orlando Sánchez Paredes presenta un balance favorable, de 1959 a 1990 de US$ 15 466 585.92.

Otro peritaje de parte, concluyó que entre los años 1959 y 1976, Orlando Sánchez tuvo ingresos por 292.095 dólares, que le permitieron desarrollar actividades de comercio, construcción, y transporte, con lo cual el 31 de diciembre de 1990 tenía beneficios por US$ 3.136.999,16 para invertir en Comarsa.

Por su parte, en agosto 2017, el perito contador Luis Castillo de la Cuba concluyó que entre los años 1959 a 1990, Orlando Sánchez “ha tenido una actividad económica que le ha permitido establecer un patrimonio personal y situación económica” que si bien no se puede determinar contablemente por falta de documentación si es posible reconstruir económicamente, de forma científica.

Peritaje de peritajes

En noviembre del 2021, los jueces de la Sala Liquidadora mandaron a realizar sus propios peritajes a los peritajes sobre Orlando Sánchez para determinar si estos habían cumplido las pautas científicas y tenían sustento económico y contable.

En julio de 2022, los peritos económicos Carmen de la Rivera Ramírez y Víctor Cabello Reynoso concluyeron que en el periodo comprendido entre 1959 a 1990, Orlando Sánchez tenía un saldo final de 4 758,491.74 dólares, que al cambio monetario de la época era de 2 569,585.54 soles.

En julio del 2022, los peritos oficiales Carlos Melitón Núñez Espíritu y César Eduardo Bácilo Olazabal ratifica que existe sustento científico para sostener que Orlando Sánchez Paredes tenía un balance favorable de inicio (1991) de 2,5 millones de soles y al año 2007 un superávit de 17,440 952.29 millones de dólares.

Son 37 peritajes

1. La fiscalia ofreció como prueba pericial contable para juicio 12 informes contables elaborados por oficiales de la Dirandro y otros dos informes económicos referidos a Santos Orlando y Manuel Sánchez, elaborados por los economistas Julio Moreno Vargas y Edgar Elorrieta.

2. La procuraduria ofreció como pruebas periciales económicas dos informes económicos referidos a Orlando y Manuel Sánchez Paredes.

3. La defensa ofreció como prueba nueva tres pericias económicas elaboradas por peritos económicos de parte, respecto a las personas naturales Orlando, Fortunato y Manuel Sánchez. Además, 12 pericias contables elaboradas por peritos de parte, respecto a las personas naturales y personas jurídicas.

4. La defensa también ofreció como prueba en Juicio cuatro pericias forenses elaboradas por la empresa Marcum Rachlin en consorcio con Baker & Tilly, relacionadas a Santos Orlando y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, así como en relación a las empresas COMARSA Y POMISPA.

5. El Tribunal dispuso se practique una pericia oficial, a cargo de Víctor Cabello Reinoso y Norka de la Rivera, respecto a la persona natural Santos Orlando Sánchez Paredes. Además, otra pericia a cargo de los contadores públicos Carlos Melitón Núñez Espiritu y César Eduardo Basilio Olazabal, también respecto a Orlando Sánchez.