Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para congresista Freddy Díaz por el delito de violación
La Segunda Fiscalía Suprema a cargo de la fiscal Zoraida Ávalos presentó el requerimiento de prisión contra el congresista Freddy Díaz. Audiencia se realizará este jueves 12 de enero.
La Segunda Fiscalía Suprema Penal solicitó nueve meses de prisión preventiva contra el congresista Freddy Díaz Monago, acusado de ultrajar a su trabajadora en el interior de su despacho del Congreso de la República, el último 27 de julio del 2022. La audiencia estará a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria y se realizará este jueves 12 de enero a las 12.30 p. m. de manera virtual y reservada.
Antes de presentar el requerimiento de prisión, la fiscal Zoraida Ávalos dispuso un periodo de 120 días como plazo para culminar la investigación. En la formalización de la investigación, la representante de la Fiscalía precisó que en el proceso se podrá culminar con la transcripción de los registros fílmicos proporcionados por el Legislativo que ayuden a esclarecer los hechos en torno a la denuncia que afronta el congresista Freddy Díaz.
Investigación
De acuerdo a la investigación, el pasado 27 de julio del 2022, el congresista Freddy Díaz se constituyó a su oficina que se ubica en el jirón Azángaro 468, lugar donde ingirió bebidas alcohólicas con su trabajadora de iniciales M.J.P.R.
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Tras perder el conocimiento y despertar después de varias horas, la víctima se percata que su vestido se encontraba subido hasta la cintura, además de presentar lesiones en sus partes íntimas, tal como lo confirmó el certificado del médico legista n° 039486-E-IS.
Blindan a Freddy Díaz
Mientras el caso avanza en la Fiscalía, el Pleno del Congreso evitó inhabilitar a Freddy Díaz Monago por 10 años. Si bien la propuesta de sanción ya había sido aprobada primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y también en la Comisión Permanente, al final el Congreso decidió blindarlo.
La medida solo alcanzó 60 votos de los 66 necesarios que se necesitaba. De esta manera, el investigado ya puede retornar a sus labores parlamentarias tras cumplir los 120 días de suspensión en el proceso que inició la Comisión de Ética.