Abogado defensor de Omar Candia no sabe si el alcalde de Arequipa se entregará a la justicia
En la clandestinidad. Pablo Talavera, abogado del alcalde provincial de Arequipa, indicó que interpondrán una apelación ante la Corte Suprema bajo la figura de casación.
El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, se encuentra en la clandestinidad. Su defensa, Pablo Talavera, este 19 de noviembre en horas de la mañana se presentó en ATV Sur, espacio en el que indicó que no sabe si su patrocinado se pondrá a derecho ante la justicia.
Sobre las acciones que tomarán a partir de ahora, dijo que llevarán el caso a otra instancia, que apelarán ante la Corte Suprema bajo el recurso de casación y que formarán un equipo de abogados de Arequipa y Lima para ver el tema de acuerdo a ley.
Asimismo, recordó que se trata de una instancia última. Y que, por el momento, verán todo con los familiares y eventualmente tratará también de conversar con su defendido porque es muy importante que sepa cuál es su voluntad, qué es lo que realmente tiene como pretensiones e intereses.
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Además, mencionó que no se ha comunicado con el alcalde provincial Omar Candia porque está varado en Pucallpa. Talavera sostuvo que el 18 de noviembre no pudo conectarse bien a la audiencia debido a dificultades y que debe estar viajando los próximos días para Arequipa. “En estos momentos me imagino que debe estar pasando una situación muy difícil desde el punto de vista personal, más allá del tema de la función, pero oportunamente veré la manera de cómo conversar con él porque ese es mi derecho y también el de mi patrocinado”, manifestó.
Igualmente, señaló que entregarse o no a las autoridades es una situación de carácter personal que se analizará luego de conversar con el equipo legal. Pablo Talavera recalcó que en los próximos 10 días se va a conformar el recurso de casación para que sea elevado a la Corte Suprema.
Sobre el tiempo que esta alternativa tomará para, por lo menos, tener una respuesta, señaló que serían de seis meses a un año o quizás algo más en algunos casos, de acuerdo a cómo está la carga procesal en la Corte Suprema. Reconoció que el proceso no es rápido, pero espera que sea visto en dicha instancia con mejor criterio y pueda ser revocado.
Hay que precisar que una casación consiste en la revisión de un proceso. En este caso son 5 magistrados supremos los que evalúan los expedientes y determinan si estos se tramitaron cumpliendo el debido proceso y respetando los derechos constitucionales. Es decir, que no es una apelación al fondo del asunto sino una revisión a la forma.
Responsabilidad por ser alcalde
Por otro lado, la defensa de Candia, manifestó que le sorprenden algunas cuestiones que no fueron tomadas en cuenta pese a que se debatieron en el juicio de apelación. “Se le ha atribuido responsabilidad al alcalde provincial sin haber intervenido en el proceso, ni siquiera ha habido una imputación, una orden o algún indicio de que se conocía con el contratista, no hay una llamada, ni un chat, ni la Fiscalía pudo sostener que hubo un contacto”, aseguró.
“Los alcaldes no son órganos de control interno, los alcaldes dirigen una municipalidad, se dedican a la representación política y, sin duda, pueden haber fallas, pero esas fallas no se les pueden atribuir personalmente para fines penales y hablar que dolosamente se habría concertado, eso está muy lejano”, agregó.
Talavera enfatizó que concretamente en este caso, Candia delegó al gerente municipal Daniel Gómez Benavente (fallecido) el control, la supervisión y las actividades vinculadas a la contratación. Entonces argumenta que si había delegado la competencia cómo es que termina siendo condenado solamente por el hecho de ser el alcalde. Sostuvo que eso le parece injusto y que ahora les corresponde impugnar esa decisión.
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“Este es el único juicio que tiene Omar Candia, la persecución ha sido por 9 años por lo tanto este es un caso que sin duda lo va a definir la Corte Suprema teniendo en cuenta eso, si un alcalde puede ser condenado pese a no haber realizado ninguna acción a razón de su cargo que se pueda considerar ilegal y solo por el hecho de tener la posición de alcalde. Si eso se estableciera como criterio serían pocas las personas que quisieran ser alcaldes porque finalmente por cualquier defecto en la administración o proceso de contratación van a terminar presos”, sentenció el abogado.
“El imputado tiene dos formas de actuar. En ningún caso es ilegal, puede ponerse a derecho o también puede mantenerse a resguardo porque ese derecho a la libertad en el Perú no se persigue y ni hay más pena porque una persona no se entregue”, indicó.
Sobre la sentencia
La Sala Penal de Apelaciones tomó la decisión de condenar al alcalde provincial con 6 años de prisión por el delito de colusión agravada, por las presuntas irregularidades registradas durante la compra de cámaras de seguridad para la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, mientras fue autoridad edil de dicha jurisdicción en el 2012.
