Alejandro Sánchez: pese a prisión preventiva inminente, PJ aún no fija fecha para la audiencia
El dueño de la Casa de Sarratea es el único personaje que pertenece al Gabinete en la Sombra que no pasó por una detención preliminar, pues nunca fue encontrado.
Tras dictarse la medida cautelar en contra de los investigados relacionados con el Gabinete en la Sombra; solo queda Alejandro Sánchez Sánchez con una audiencia pendiente a resolver por la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de la Nación. Esto, luego de que el Poder Judicial admitiera dicho pedido por 30 meses en contra los implicados Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Biberto Castillo.
Como se sabe, Sánchez Sánchez es el único de los tres implicados con pedido de prisión preventiva y con una medida de detención preliminar que no ha podido ser ejecutada, ya que se encuentra como no habido. En este sentido, qué le esperaría al empresario amigo de Pedro Castillo y dueño de la casa en Sarratea, cuya condición actual es la de prófugo de la justicia.
Los abogados penalistas Andy Carrión y Claudio Cajina coincidieron en que la situación de no habido de Sánchez Sánchez desde que se dictó el pedido de detención preliminar en su contra es un claro agravante en una próxima audiencia de prisión preventiva, que tendrá que ser sustentada por la Fiscalía.
No obstante, ambos mostraron su extrañeza respecto a que la solicitud no se haya llevado junto a los otros implicados en el Gabinete en la Sombra.
“El hecho de que él esté ausente y que no se haya sometido a la justicia al menos durante estos 10 días de duración de la preliminar no obsta para que igual se pueda realizar la audiencia de prisión preventiva”, dijo Carrión para este medio.
Cajina incidió incluso en la necesidad de un pronunciamiento por parte del juzgado ante este pedido, cuya audiencia aún no se encuentra programada. “El que esté prófugo no es óbice para que el juzgado se pronuncie. Si existe un pedido de la Fiscalía, el juez tiene que aceptarlo, rechazarlo o modificarlo, como últimamente están haciendo”, aseveró el especialista.
En estos casos, el pedido de prisión preventiva debería continuar. Existen antecedentes en el Gobierno de Pedro Castillo en los que se ha dictaminado la prisión preventiva contra un investigado que se encuentra prófugo, como en el caso de Juan Silva.
“La decisión de prisión preventiva no depende de que el señor sea capturado o no. Hay personas buscadas por la justicia por tener una prisión preventiva que no están a derecho, entre ellos, el exministro Juan Silva. La figura de Sánchez Sánchez apunta a ser similar a la de Juan Silva”, dijo Cajina.
Andy Carrión señala que, en este tipo de situaciones, existen dos opciones: o el imputado nombra a un abogado para que lo represente en dicha audiencia o el mismo juez nombra a un abogado de oficio que se encargue de la defensa de Sánchez Sánchez, pero el carácter de estas audiencias “es inaplazable”, por lo que deben llevarse a cabo sí o sí.
Además, Claudio Cajina asegura que, “si el juez ha omitido pronunciarse sobre el pedido de prisión contra Sánchez, el fiscal se lo tiene que hacer ver”. Aunque existe la probabilidad de que este pedido no haya sido emitido aún por “cuestiones procesales y formales”.
El elemento de peligro de fuga en una posible prisión preventiva
Ambos especialistas se refirieron que, tras la desaparición de Sánchez Sánchez, “se estaría cumpliendo un elemento importante de cara a cómo el juez resolverá el pedido de prisión preventiva” que se ha solicitado contra él.
Mientras que Cajina definió la situación del empresario como “grave”, Carrión expresó que existen antecedentes para que se dictamine una prisión preventiva contra Alejandro Sánchez, uno de estos serían “los 30 meses de prisión preventiva contra los otros imputados”.
Además, Carrión resalta que sobre Sánchez ya existe un pedido de orden de captura, el cual está basado en la detención preliminar por 10 días que decidió no acatar. Sin embargo, con la formalización de la investigación preparatoria, esta detención pasaría a ser reemplazada por una prisión preventiva apenas se disponga de ella en el Poder Judicial. Así, de ser este caso, la orden de captura sería renovada por los 36 meses.
