Bruno Pacheco insiste en revertir orden de captura en la Corte Suprema
Recurso. Pacheco, el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez, y el empresario Luis Pasapera presentaron una queja para insistir en eliminar la prisión preventiva que pesa contra ellos por el caso Provías.
Bruno Pacheco, el exsecretario de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y Fray Vásquez, sobrino del presidente, están próximos a cumplir cuatro meses como prófugos de la justicia desde que se ordenó su detención preliminar en marzo y su posterior prisión preventiva por dos años en el caso Provías (puente Tarata III).
No obstante, han presentado desde la clandestinidad recursos de queja para que sea la Corte Suprema de Justicia la que deje sin efecto dichas órdenes de captura.
Del mismo modo, ha planteado ello el empresario Luis Pasapera Adrianzén, quien está recluido en el penal de Ancón I por la misma investigación. Según supo La República, Pasapera y Vásquez presentaron la queja el pasado 21 de junio y, al día siguiente, lo hizo Pacheco para que sea la Sala Penal Permanente, que dirige el juez supremo César San Martín, la que revise si procede o no una casación presentada por ellos para eliminar sus órdenes de captura.
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Poco después de que la Segunda Sala de Apelaciones de Lima confirmara la prisión preventiva contra los tres implicados, reduciéndola de 36 a 24 meses, también rechazó los recursos (casaciones) de Pacheco, Vásquez y Pasapera. Los abogados sostienen que el tribunal superior no era competente para rechazar sus pedidos.
Consultada por este diario sobre el recurso, la abogada de Pacheco, Giulliana Quiñones, prefirió no responder. Mientras que la defensa de Fray Vásquez, Luis Vivanco, sostuvo que la queja busca que sea admitida casación en la máxima instancia judicial: “No se ha respetado la doctrina jurisprudencial para rechazar nuestro recurso y se revisen los indicios suficientes para imponer prisión preventiva, la forma en la que debe ser entendida el delito de colusión, la autoría en complicidad, etc.”.
“Esperaremos las evidencias que presentará el señor Zamir Villaverde. Él está ahora en una lógica de ganar popularidad como si fuera a salvar el país de un gobierno. Habrá que esperar qué pruebas muestra, y una vez que la fiscal las admita, podremos contradecirlo e incluso contrainterrogarlo”, agregó.
Testigo. Bruno Pacheco promovió la interferencia en los ascensos militares. Foto: difusión
Por su parte, el abogado de Pasapera, Luis Francia, manifestó que “con la queja buscamos que se admita la casación para que la Corte Suprema ordene al tribunal elevar el recurso y se discuta si se puede revocar la prisión preventiva (...) hay varios precedentes de ello. Solo la Suprema es competente para calificar esos recursos, no un tribunal superior”.
“Lo dicho por Villaverde como colaborador esclarece los hechos. Si no hubo intermediación, quiere decir que la buena pro para el Puente Tarata III fue legítima. Lo que sí ha habido es una mafia enquistada en el MTC”, aseguró Francia.
Dado que los recursos de queja fueron ingresados en junio, lo que sigue es un proceso que podría tardar entre 4 a 6 meses para tener un resultado concreto. Primero, la Sala Penal Permanente evaluará si las quejas cumplen con requisitos formales. Si son admitidos, luego de un tiempo se convocará a audiencia para decidir si proceden o no los pedidos para anular las prisiones preventivas.
Caso Provías
Según la investigación, que actualmente se encuentra en manos del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), los sobrinos de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Castillo Gómez, en confabulación con Zamir Villaverde, ofrecían a compañías constructoras proyectos de carreteras y puentes de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente de Provías Nacional y Provías Descentralizado.
Villaverde se ofrecía como “operador del presidente de la República” a los empresarios interesados, luego estos se reunían con los sobrinos de Castillo. Fray Vásquez y Gian Castillo coordinaban luego con el presidente y el exministro Juan Silva la adjudicación concertada ilegalmente de las obras públicas.
La investigación se abrió luego de conocer denuncias acerca de la adjudicación irregular del proyecto Puente Tarata III, en San Martín, de S/232 millones a favor de un consorcio integrado por la constructora Termirex, que preside Luis Pasapera. A los sobrinos de Castillo así como a este empresario se les confirmó la prisión preventiva por persistir en ellos el peligro de fuga y obstaculización.
