Congreso aprobó ley del auditor, pese a contener “vicios de inconstitucionalidad”, según Servir

A pesar de que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) advirtió que el Proyecto de Ley 3331 (PL), conocido como 'ley del auditor', no era viable debido a que no se justificaría la creación de una carrera especial para esta función, el Pleno del Congreso de la República lo aprobó con 104 votos a favor, en primera votación, el último jueves 22 de junio. Posteriormente, el dictamen fue exonerado de la segunda votación, contraviniendo incluso con las observaciones presupuestarias hechas por el Ministerio de Economía, el Colegio de Contadores, la Defensoría del Pueblo y el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría. Este último exigió la renuncia del contralor Nelson Shack.

De acuerdo con el texto sustitutorio, la ley busca garantizar la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental. Sin embargo, para Jorge Mario Chunga, director de asistencia y actividades sociales del Colegio de Contadores Públicos de Lima, “ya existe una norma específica para el auditor del control gubernamental, quien es el encargado de ver la auditoría financiera y presupuestal”. “La ley 28951, tácitamente, señala las atribuciones que tiene el contador público después de salir de una universidad. Es decir, la norma ya existe y es la 28951, que es la ley de actualización de la 13253 dada en septiembre de 1959”, precisó en una entrevista con Ética Contable, hace seis meses.

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Chunga aseguró que la norma busca dar poder a la Escuela Nacional de Control, que depende de la Contraloría General de la República. “Veo que quieren certificar cuando la certificación y recertificación está dada en la parte profesional contable por la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de contadores públicos de Perú, que son la única autoridad competente según la ley”, explicó

Servir advierte “vicios de inconstitucionalidad”

El fundamento principal en que se sustenta la 'ley del auditor' es que la labor de los auditores gubernamentales son “una especialidad sui generis en el ámbito de la administración pública”. Por esa razón, se busca la creación de la Carrera Especial del Auditor Gubernamental.

De acuerdo a la opinión que brindó Servir sobre la el PL, a pedido del congresista Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, es válida la posibilidad de crear carreras especiales en la Administración Pública, “siempre que se configure razones objetivas relacionadas con la especial naturaleza de la función o la particularidad de la prestación del servicio; así como constituir propiamente una carrera desde la perspectiva de la progresión”.

Sin embargo, para Servir, “el ejercicio de control gubernamental” que invoca el PL “no constituye justificación razonable” debido a que la actividad de la Contraloría se ha desarrollado con normalidad desde el año 1993, con la derogada Ley del Sistema Nacional de Control (26162).

En esa línea, Servir precisó que “la diferencia de la actividad no puede basarse solamente en la particularidad de la actividad que realizan”. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido anteriormente que los ciudadanos que trabajan en el Estado, según el sector en el que se desenvuelven, “tienen particularidades que obedecen a la entidad en la cual laboran, pero que ello no justifica su exclusión del régimen del servicio civil”.

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En cuanto a la profesionalización que propone el PL aprobado, Servir acotó que la Ley 30057 “ya contiene disposiciones relativas a los derechos, deberes, y forma de progresión de los servidores civiles, garantizando adecuadamente el respeto de los principios de mérito e igualdad de oportunidades”.

En ese sentido, “la propuesta de incorporación automática del personal al régimen de carrera especial tampoco resulta viable, pues no cumple con el principio fundamental de incorporación en la administración pública, que es la incorporación mediante concurso público de méritos”, precisa Servir, que concluye que la norma aprobada por el Congreso “adolece de vicios de inconstitucionalidad”.

Rechazo del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría

Tres días después de que Nelson Shack ingresara su proyecto a la Comisión, en octubre de 2022, la representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General, Jenniffer Bobadilla Apolo, envió un oficio al despacho del contralor, en el que rechazaba su propuesta legislativa debido a que su contenido vulnera la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (N.º 27785); así como los derechos laborales de los trabajadores, como la no regresión laboral.

Al igual que servir, el Sintracgr asevera que lo que pretende la norma es crear un tercer régimen, sin justificación objetiva, que esté bajo la administración de la Contraloría; lo cual no garantiza la independencia de los auditores.

El gremio también observó que, para ascender, la norma los obliga a realizar una maestría dictada por la Escuela Nacional de Control (administrada por la misma Contraloría) que tiene un alto costo.

Por otro lado, el sindicato denunció presuntas acciones desde la máxima autoridad de la Contraloría Nelson Shack para “limitar la labor del auditor con una serie de normas y procesos internos engorrosos”. Por último, el gremio exigió la renuncia voluntaria de Shack.

Observación presupuestaria del Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que el PL vulnera la estabilidad presupuestaria regulada en la Ley 31366. A su vez, “contravendría el principio de equilibrio presupuestario recogido en el artículo 78 de la Constitución Política”.