Congreso: imponen elección del defensor del Pueblo sin concurso público
Desacato. El Congreso no acata el fallo del PJ que le exige un reglamento y transparencia. Las dos opciones que quedan para elegir son Josué Gutiérrez y Jorge Rioja, quien se opone a la CIDH.
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La elección del nuevo defensor del Pueblo continuará sin concurso público y será definida por la fuerza de los votos pese a que el Poder Judicial (PJ) desnudó la falta de transparencia en este proceso en el Congreso.
Ayer, en conversación con La República, el presidente de la Comisión Especial a cargo de la elección de candidatos aptos para la Defensoría, Idelso García, respondió que no acatará el fallo del Tercer Juzgado Constitucional contra el proceso que dirige.
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El PJ observó serias deficiencias y, por eso, recomienda que la Comisión Especial elabore un reglamento para que la elección sea con base en la meritocracia. En la actualidad, el proceso es mediante la modalidad de invitación.
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Idelso García, quien también es congresista de Alianza para el Progreso (APP), considera que la resolución del Juzgado solo es “exhortativa”. Y anunció que el Parlamento alista la contraofensiva. “El procurador del Congreso está tomando las acciones legales para hacer una queja contra el juez”, manifestó el parlamentario.
García se amparó en que existen dos modalidades de elección: por invitación y por concurso público. El Congreso optó por la primera, la menos transparente y en la que pesa más la inclinación política de las bancadas que la meritocracia y los pergaminos del candidato.
Con esto, el presidente de la Comisión Especial deja claro que no habrá reglamento.
Los dos que quedan
Horas después del veredicto del Tercer Juzgado Constitucional, Pedro Cartolín; el candidato promovido por Podemos Perú, partido del investigado por lavado de activos José Luna Gálvez, y por Somos Perú; presentó su renuncia a postular por razones personales.
Cartolín es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Durante la entrevista que le hizo la Comisión Especial, el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, le preguntó qué opina sobre el control judicial al Congreso.
Comisión Especial. Está presidida por Idelso García. Foto: difusión
El jurista respondió: “Los magistrados siempre estarán en la lucha por la autonomía del PJ. También debo señalar que los jueces se deben a la Constitución”, sostuvo. Esta respuesta no fue del agrado de los miembros de la comisión.
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Este diario le preguntó a Cartolín si su dimisión guarda relación con el fallo del Poder Judicial que cuestiona la manera en cómo el Congreso pretende elegir al nuevo defensor. Al cierre de esta nota, no respondió.
Con Cartolín fuera del camino, solo quedan dos alternativas: Josué Gutiérrez y Jorge Rioja. Los dos trabajan en el Congreso. Gutiérrez es asesor en la Comisión de Justicia que preside Américo Gonza, de Perú Libre, y Rioja está en la Oficina de Participación Ciudadana.
Gutiérrez fue abogado de Vladimir Cerrón y su postulación fue promovida por Perú Libre. Rioja, aspirante propuesto por Acción Popular y el Bloque Magisterial, tiene una posición contraria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Estas son las dos opciones que pasarán a ser votadas en el Pleno. Se necesita de 87 votos a favor para elegir al defensor.
De perder ambos, dice García, la Comisión Especial elegirá una nueva lista de dos candidatos. En ese escenario la competencia será entre los aspirantes Delia Muñoz, del fujimorismo; Miguel Soria, de Renovación Popular o Gastón Soto, de Alianza para el Progreso (APP).
Así, el concurso público pasó a segundo plano en el Congreso. Buscan a toda costa un defensor del Pueblo a su medida.
Delia Muñoz. Miguel Soria. Foto: composición LR
Observaciones a otros candidatos
Miguel Soria, candidato de Renovación Popular, reconoció en el periodo de tachas que tiene deudas por infracciones al conducir.
Gastón Soto, postulante de APP, está a favor de que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones sean pasibles de denuncias constitucionales.
Delia Muñoz, candidata de Fuerza Popular, fue ministra de Justicia en el régimen de Manuel Merino. Ha evitado pronunciarse sobre el papel de ese gobierno en las muertes de Inti y Bryan.
